* Morena desmanteló sistema de compras, hoy el Gobierno debe miles de millones a farmacéuticas……
* La transformación del sistema de salud dejó deudas millonarias, licitaciones fallidas y desabasto de medicamentos, mientras proveedores y pacientes continúan enfrentando las consecuencias……
Por Karina Libien
Lo que comenzó como una promesa de combatir la corrupción y eliminar intermediarios en la compra de medicamentos, terminó convirtiéndose en una de las crisis más graves del sistema de salud mexicano.
Desde la llegada de Morena al Gobierno federal en 2018, el modelo de adquisición y distribución de fármacos sufrió una transformación radical que, lejos de garantizar el abasto, estuvo acompañada de retrasos, errores administrativos, contratos cuestionados y deudas millonarias con la industria farmacéutica.
Durante los gobiernos anteriores, particularmente bajo la administración priista de Enrique Peña Nieto, las instituciones públicas adquirían medicamentos mediante compras consolidadas en las que participaban laboratorios y grandes distribuidoras privadas. Estas compañías no solamente comercializaban los productos, sino que también asumían funciones de almacenamiento, financiamiento de inventarios, transporte y distribución.
El sistema tenía problemas de concentración de mercado, posibles sobreprecios y cuestionamientos por prácticas indebidas, sin embargo, también contaba con una red logística que abastecía a hospitales y clínicas de todo el país, aunque el desabasto ya existía en determinadas instituciones y regiones.
Con el triunfo de AMLO, Morena decidió modificar ese esquema, bajo el argumento de eliminar intermediarios y terminar con los negocios de unos cuantos proveedores, el Gobierno federal restringió la participación de grandes distribuidoras y trasladó progresivamente las compras a dependencias y organismos públicos.
El gobierno quiso eliminar intermediarios, pero no logró garantizar el abasto
La apuesta fue que el propio Estado pudiera negociar y adquirir medicamentos directamente de los fabricantes, reduciendo costos y evitando la concentración de contratos, el problema fue que comprar medicamentos no es lo mismo que distribuirlos.
Las compañías privadas no solamente intervenían en las operaciones comerciales, también financiaban inventarios y sostenían redes de almacenamiento y transporte que requerían infraestructura, recursos y experiencia.
La reorganización gubernamental no consiguió reemplazar todas esas funciones de manera eficiente pues las compras pasaron por Hacienda, el extinto Insabi, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y posteriormente Birmex, en medio de licitaciones fallidas, cambios administrativos y problemas de entrega
Las consecuencias quedaron reflejadas en las cifras pues, de aproximadamente 1.47 millones de recetas no surtidas en el IMSS durante 2018, los registros pasaron a más de 22 millones en 2021, en un periodo también afectado por la pandemia de COVID-19.
Detrás de esos números hay pacientes que tuvieron que comprar medicamentos por su cuenta, interrumpir tratamientos o recorrer varias unidades médicas intentando conseguir lo que las instituciones públicas debían proporcionarles o en un trágico caso, fallecieron intentando conseguir el medicamento.
La deuda millonaria que pone contra las cuerdas a los laboratorios
Pero la crisis no terminó con los errores de distribución, sumándose otro problema de enorme gravedad: el Gobierno federal mantiene importantes adeudos con empresas farmacéuticas que han suministrado medicamentos e insumos al sector público.
En septiembre de 2026, representantes de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) y de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) denunciaron cuentas pendientes por aproximadamente 14 mil millones de pesos, principalmente relacionadas con IMSS-Bienestar.
Los adeudos denunciados incluyen entregas correspondientes a 2025 y 2026, así como facturas de ejercicios anteriores.
Farmaceúticas bajo presión: denuncian reducción de entregas hasta el 30%
A los adeudos se suma una denuncia especialmente preocupante: información proporcionada a esta redacción señala que determinadas farmacéuticas habrían reducido sus entregas de medicamentos hasta un 30 por ciento de su volumen habitual a partir de 2026, a la espera de que el Gobierno liquide los pagos pendientes.
Mientras tanto, las grandes compañías internacionales cuentan generalmente con mayor capacidad financiera para enfrentar retrasos, los laboratorios pequeños y medianos pueden quedar en una situación crítica ya que la falta de pago puede comprometer nóminas, proveedores, operaciones y empleos.
A esta redacción se plantea una denuncia todavía más grave: que los incumplimientos gubernamentales habrían llevado a pequeñas empresas farmacéuticas a la bancarrota, provocado despidos y dejado trabajadores sin recibir sus liquidaciones.
BIRMEX, bajo la lupa por irregularidades millonarias
A los problemas de pago se suman las observaciones sobre Birmex, empresa pública que asumió responsabilidades centrales en las adquisiciones de medicamentos.
Auditorías difundidas en octubre de 2026 señalaron un posible daño patrimonial de 419.5 millones de pesos, además de irregularidades administrativas, pagos en exceso y deficiencias en procedimientos de contratación.
Asimismo, la compra consolidada de medicamentos 2025-2026 enfrentó una anulación durante abril de 2025 debido a irregularidades detectadas por las autoridades.
Del discurso anticorrupción a deuda que pagaran los pacientes
Durante años, el Gobierno federal justificó los cambios en la compra de medicamentos como una medida necesaria para terminar con los privilegios empresariales y hacer más eficiente el gasto público.
Pero después de sucesivas reorganizaciones, licitaciones cuestionadas y millones de recetas no surtidas, las autoridades siguen sin garantizar un sistema de suministro plenamente confiable.
Y mientras las instituciones acumulan compromisos financieros, los pacientes continúan enfrentando faltantes y los proveedores reclaman recursos por mercancía ya suministrada.
La pregunta ya no es solamente quién vendía los medicamentos durante los gobiernos anteriores, sino quién se hará responsable de que, después de modificar el sistema de compras, el Gobierno no haya conseguido asegurar que todos los medicamentos lleguen a tiempo y que todos sus proveedores cobren lo que legalmente les corresponde.
Porque eliminar intermediarios pudo ser una decisión política; garantizar tratamientos, pagar los contratos y proteger los recursos públicos es una obligación del Estado, obligación que no se cumple con discursos, sino con medicamentos en las farmacias, pagos comprobables y pacientes atendidos.
