Habitantes de Texcoco exigen resolver una disputa territorial con Atenco que involucra aproximadamente 450 hectáreas y afecta a siete mil personas.
El conflicto por los límites territoriales entre Texcoco y Atenco provocó este lunes 12 de octubre un bloqueo sobre la carretera Texcoco-Lechería, donde habitantes de La Magdalena Panoaya y San Vicente Riva Palacio cerraron ambos sentidos de circulación para exigir una solución judicial a una controversia que permanece sin resolverse desde hace más de una década.
Los manifestantes, integrantes del Comisariado Ejidal y de la Comisión de Límites Territoriales, utilizaron vehículos y tractores para impedir el tránsito a la altura del puente de La Magdalena, ocasionando congestionamientos y afectaciones a trabajadores, estudiantes, transportistas y automovilistas.
La disputa comprende aproximadamente 450 hectáreas y afecta a siete mil habitantes, quienes denuncian dificultades para acceder a servicios públicos, programas sociales, becas y obras de infraestructura debido a la incertidumbre sobre su pertenencia municipal.
Jasmín Ramos Hernández, representante de los inconformes, explicó que el conflicto comenzó en 2014, cuando los ayuntamientos de Texcoco y Atenco suscribieron un convenio para modificar sus límites territoriales sin consultar previamente a las comunidades indígenas involucradas.
Los habitantes obtuvieron una sentencia favorable dentro del juicio de amparo 660/2018, mediante la cual se reconoció la vulneración de su derecho a la consulta previa, sin embargo, el Ayuntamiento de Atenco promovió un recurso de revisión que mantiene pendiente la resolución definitiva.
UNA DISPUTA QUE EXHIBE REZAGOS INSTITUCIONALES
Más allá de las afectaciones viales, el conflicto evidencia las consecuencias de mantener indefinidos los límites municipales, particularmente cuando las comunidades enfrentan dificultades para recibir servicios y ejercer sus derechos.
Los inconformes exigieron que se resuelva la impugnación judicial y se garantice una consulta comunitaria conforme a sus usos y costumbres, para determinar su adscripción municipal.
Mientras tanto, corresponde a las autoridades involucradas transparentar los acuerdos territoriales, atender las necesidades de los habitantes y establecer mecanismos de diálogo que eviten nuevas afectaciones.
El problema exige una solución jurídica que respete los derechos comunitarios, porque prolongar indefinidamente esta controversia solamente profundiza la incertidumbre territorial y las dificultades cotidianas de miles de familias mexiquenses.
