* La investigación involucra a 33 presuntos responsables y más de 300 posibles aviadores, con un daño estimado de 100 millones de pesos al erario mexiquense……
Por Mireya Álvarez
El presunto esquema de venta irregular de plazas docentes en el Estado de México enfrentará una etapa judicial decisiva a finales de octubre, luego de que un juez rechazara ampliar el periodo de investigación complementaria solicitado por la Fiscalía General de Justicia estatal, determinación que obliga a las autoridades a sostener sus acusaciones con las pruebas reunidas.
Las investigaciones involucran a 33 servidores y exservidores públicos de la Secretaría de Educación y la Oficialía Mayor, presuntamente relacionados con una estructura que habría operado desde 2021, mediante asignaciones irregulares de plazas y registros de trabajadores que cobraban salarios sin desempeñar funciones, provocando un posible daño patrimonial estimado en 100 millones de pesos.
El expediente contempla más de 300 presuntos aviadores, cifra que plantea interrogantes sobre los procedimientos administrativos utilizados para incorporar personas a las nóminas educativas, considerando que cada nombramiento requiere documentación, autorizaciones presupuestales y mecanismos de verificación.
La dimensión del caso obliga a cuestionar cómo pudieron mantenerse estas presuntas irregularidades durante años sin que los controles internos detectaran pagos injustificados, movimientos sospechosos o inconsistencias entre las plazas autorizadas y el personal realmente contratado.
Las defensas de los primeros diez acusados esperan que la etapa intermedia comience a finales de octubre, mientras permanecen pendientes resoluciones relacionadas con recursos legales presentados ante instancias federales.
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación presentó una acusación coadyuvante para respaldar las investigaciones por presuntos delitos de abuso de autoridad y fraude.
Millones bajo sospecha y controles rebasados
Uno de los aspectos que exige mayor atención corresponde a las investigaciones financieras, particularmente porque las defensas cuestionaron la ausencia de determinados registros bancarios considerados indispensables para sustentar las acusaciones.
Las autoridades deberán demostrar cómo funcionaba la presunta estructura, quiénes autorizaban las operaciones, cuáles fueron los beneficios económicos obtenidos y qué responsabilidades individuales corresponden a los involucrados.
También resulta indispensable esclarecer si las plazas investigadas fueron recuperadas, qué procedimientos administrativos se iniciaron y cuáles son las posibilidades reales de recuperar los recursos públicos presuntamente comprometidos.
La responsabilidad institucional tampoco puede limitarse a los funcionarios investigados, porque deberán identificarse posibles omisiones de supervisión y deficiencias en las auditorías internas.
Mientras miles de profesionistas buscan legítimamente incorporarse al magisterio, cualquier asignación irregular compromete la transparencia del sistema educativo.
El proceso deberá esclarecer los hechos respetando la presunción de inocencia, pero también demostrar que existen controles capaces de impedir nuevas irregularidades en la asignación de plazas docentes.
