“La violencia comienza con los animales y escala. Hoy estamos hablando de una vida humana perdida”, advirtieron activistas.
Por Mireya Álvarez
La muerte de la rescatista y defensora de animales Diana Belén García Alfaro en el municipio de Tultitlán, ha desatado una ola de indignación entre colectivos y activistas del Estado de México, quienes acusan abandono institucional, negligencia y una cadena de omisiones que, aseguran, pudieron evitar el desenlace.
Ruth Corona, integrante de la asociación civil Mascotin, y Karla Tovar, de la Asociación Civil Concientizate, alzaron la voz con firmeza al denunciar que existían múltiples reportes previos por amenazas, agresiones y maltrato animal, tanto en redes sociales como ante la Fiscalía y el Ministerio Público. “Había folios, denuncias formales y evidencias. No se hizo nada”, sentenció.
De acuerdo Ruth Corona, la víctima, quien se dedicaba al rescate de animales, ya había denunciado desde 2024 actos de acoso, violencia física y hostigamiento, e incluso días antes de su desaparición realizó transmisiones en vivo donde evidenciaba agresiones recientes, incluyendo daño a animales bajo su cuidado, pero, pese a ello, no hubo medidas efectivas de protección.
Para colectivos animalistas, el caso refleja una crisis más profunda en donde denunciar no garantiza seguridad. “Las medidas de protección son letra muerta. No se cumplen. Las autoridades ponen pretextos mientras la gente está en riesgo”, acusó Corona, al señalar la falta de vigilancia real por parte de policías municipales y estatales.
La situación, advierten, ha generado miedo entre rescatistas, quienes ahora dudan en denunciar por temor a represalias. “Estamos siendo atacados por hacer el trabajo que le corresponde al Estado”, reclaman. A esto se suma un contexto alarmante, donde el Estado de México figura entre las entidades con mayores índices de abandono y maltrato animal, especialmente en municipios como Chicoloapan, Ixtapaluca, Chalco y Toluca.
Las activistas también denunciaron la falta de recursos y políticas públicas efectivas como ausencia de campañas de esterilización, opacidad en el uso de presupuestos para vacunas y nula atención a denuncias ciudadanas. “Los expedientes existen, pero están congelados. No pasa nada”, señalaron.
Tanto Ruh Corona como Karla Tovar, abundaron que el caso de Diana Belén no solo expone la violencia contra los animales, sino también el riesgo que enfrentan quienes los defienden. “La violencia comienza con los animales y escala. Hoy estamos hablando de una vida humana perdida”, advirtieron.
Este día, colectivos convocaron a una manifestación frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para exigir justicia y el esclarecimiento del caso, aunque la respuesta ciudadana fue limitada, el mensaje fue contundente: ¡basta de impunidad!
En paralelo, autoridades informaron que tres hombres fueron presentados ante el Ministerio Público para rendir declaración, entre ellos Octavio “N”, ex pareja de la víctima, señalado como posible implicado, pero será la autoridad quien determine si existen elementos para judicializar el caso.
Sin embargo, para quienes exigen justicia, el problema va más allá de una detención. “No basta con reaccionar cuando ya es tarde. ¿Cuántas denuncias más tienen que ignorar para actuar?”, cuestionaron ambas colectivas.
Por ello, enfatizaron que, “hoy, el reclamo es claro; protección real para activistas, castigos ejemplares para agresores y un alto definitivo a la indiferencia institucional que, denuncian, ya cobró una vida”.
