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DIFEM aumentará cuotas en 2027 pese a necesidades sociales

* El gobierno de Delfina Gómez establece la inflación como límite para incrementar las cuotas de los servicios asistenciales, mientras un nuevo convenio alimentario beneficiará apenas a mil 300 personas de 35 municipios mexiquenses……

Por Martha Romero

El gobierno de Delfina Gómez Álvarez abrió la posibilidad de nuevos incrementos en las cuotas de los servicios que proporciona el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) durante 2027, bajo el argumento de que los ajustes no podrán superar la inflación, una decisión que, lejos de garantizar la gratuidad o reducir las cargas económicas de la población vulnerable, mantiene vigente la posibilidad de que las familias más necesitadas deban pagar más por servicios asistenciales que deberían representar un respaldo frente a sus dificultades económicas.

La determinación fue adoptada durante la 114 Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del organismo, donde se estableció un límite inflacionario para los incrementos, pero no se anunciaron medidas adicionales para evitar que los ajustes afecten a personas con discapacidad, adultos mayores, madres solteras o familias de escasos recursos, tampoco se precisó qué servicios podrían experimentar aumentos ni cuáles serían los mecanismos para garantizar que los usuarios con menores ingresos puedan continuar recibiendo atención sin comprometer su economía.

Aunque establecer un techo para las cuotas puede impedir incrementos superiores a la inflación, la medida deja sin resolver una cuestión fundamental, si los servicios asistenciales están dirigidos prioritariamente a quienes enfrentan mayores carencias, resulta necesario explicar por qué el gobierno estatal considera pertinente mantener abierta la posibilidad de encarecerlos, especialmente cuando el costo de la alimentación, los medicamentos, el transporte y otros productos indispensables ya representa una presión constante sobre los presupuestos familiares.

La situación adquiere mayor relevancia porque el DIFEM constituye uno de los principales instrumentos de asistencia social del gobierno mexiquense, responsable de atender necesidades relacionadas con rehabilitación, alimentación, protección de la infancia y apoyo a grupos vulnerables, por lo que cualquier modificación en sus cuotas debería acompañarse de información pública sobre los costos actuales, el número de usuarios afectados, las exenciones disponibles y el destino específico de los recursos recaudados.

Apoyos insuficientes y transparencia pendiente

En contraste con la posibilidad de nuevos cobros, durante la misma sesión se aprobó por unanimidad un convenio de colaboración con la organización Un Kilo de Ayuda para implementar el programa Atención Alimentaria en los Primeros Mil Días, mediante el cual se contempla beneficiar a mil 300 personas de 35 municipios, una cobertura que obliga a cuestionar el alcance de la estrategia frente a las necesidades alimentarias de una entidad integrada por 125 municipios y caracterizada por profundas desigualdades sociales y territoriales.

La estrategia está dirigida a mujeres embarazadas y menores de dos años, mediante la entrega de raciones alimenticias o canastas nutritivas, además de orientación sobre lactancia materna, educación nutricional y cuidados durante la primera infancia, acciones importantes para prevenir problemas de desarrollo, pero cuya dimensión inicial resulta limitada ante la cantidad de familias que podrían necesitar acompañamiento alimentario permanente.

Otro aspecto que exige explicaciones es la distribución territorial de los beneficios, pues hasta ahora no se ha precisado cuáles serán los 35 municipios seleccionados, qué criterios determinarán la incorporación de las mil 300 personas, cuánto aportará económicamente el gobierno estatal ni qué mecanismos impedirán discrecionalidad en la asignación de apoyos, particularmente en un contexto de creciente actividad política rumbo a las elecciones de 2027.

La administración de Delfina Gómez deberá demostrar que el convenio responde a diagnósticos sociales verificables y no solamente a metas de cobertura anunciadas públicamente, pues atender a mil 300 personas puede representar un avance para las familias incorporadas, pero resulta indispensable conocer si existen recursos para ampliar el programa, garantizar su continuidad y evitar que la atención alimentaria termine dependiendo de intervenciones temporales.

También corresponde a la Secretaría de la Contraloría vigilar que los acuerdos se traduzcan en resultados comprobables, con padrones debidamente protegidos, evaluaciones de impacto y transparencia presupuestal, porque aprobar convenios y establecer límites a las cuotas no sustituye la obligación de garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

El desafío para el gobierno mexiquense no consiste únicamente en impedir aumentos superiores a la inflación, sino en demostrar que su política asistencial reduce las barreras económicas y amplía la cobertura de servicios esenciales, de lo contrario, el DIFEM corre el riesgo de mantener una contradicción difícil de justificar, permitir que aumenten los cobros a sus usuarios mientras anuncia apoyos cuya cobertura todavía resulta restringida frente a las necesidades sociales del Estado de México.

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