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Crimen organizado amenaza con expulsar a Coca-Cola de Tejupilco

* Presuntas extorsiones, amenazas y ataques contra unidades de reparto ponen en riesgo cientos de empleos, mientras la inseguridad amenaza con extender sus consecuencias a otras empresas y comercios del sur mexiquense……

Por Mary González

La posible salida de Coca-Cola de Tejupilco, presuntamente provocada por amenazas y extorsiones del crimen organizado, exhibe una situación alarmante en el sur del Estado de México, donde la delincuencia amenaza con condicionar la actividad económica, comprometer cientos de empleos y poner en entredicho los resultados de las estrategias de seguridad implementadas por los gobiernos federal, estatal y municipal, mientras trabajadores y comerciantes enfrentan una incertidumbre que exige respuestas inmediatas y verificables.

El Centro de Distribución Tejupilco, identificado comercialmente con la razón social PROPIMEX y ubicado en avenida 27 de Septiembre, colonia Juárez, registra una plantilla de al menos 251 trabajadores, cuya estabilidad laboral podría verse comprometida ante la suspensión de operaciones reportada desde principios de noviembre, aunque hasta ahora no existe confirmación empresarial de un cierre definitivo ni de despidos.

La situación habría escalado después del presunto incendio de un camión repartidor sobre la carretera Toluca-Tejupilco, a la altura de la comunidad de Tenería, registrado el pasado 6 de noviembre, hecho que requiere esclarecimiento oficial y que habría motivado medidas extraordinarias de protección para los empleados.

La gravedad del problema quedó reflejada en los recorridos realizados bajo acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional, quienes escoltaron unidades de distribución durante visitas a establecimientos comerciales, donde trabajadores presuntamente retiraron mercancía y equipos, una situación que plantea una pregunta incómoda para las autoridades, cómo puede hablarse de condiciones adecuadas de seguridad cuando transportar bebidas requiere protección armada.

Extorsión amenaza con paralizar la economía regional

Los efectos de las interrupciones comerciales comenzaron a sentirse entre pequeños comerciantes de distintas localidades, quienes reportaron desabasto, disminución de ventas e incertidumbre sobre la continuidad del suministro, mientras trabajadores administrativos, choferes, mecánicos, cargadores, vendedores, supervisores y vigilantes enfrentan la posibilidad de perder ingresos indispensables para mantener a sus familias.

El problema amenaza con extenderse a otras empresas establecidas en Tejupilco, pues trabajadores vinculados con Bimbo, Sabritas y Coppel manifestaron preocupación ante posibles represalias criminales, aunque dichas compañías continúan operando y no existen denuncias empresariales confirmadas sobre amenazas directas contra sus instalaciones.

La dimensión económica resulta preocupante porque Bimbo mantiene una operación regional con entre 51 y 100 trabajadores, mientras establecimientos vinculados con PepsiCo y Coppel registran plantillas menores, lo que significa que cualquier interrupción adicional podría comprometer empleos formales, distribución de mercancías y abastecimiento de negocios familiares.

Reconocer la extorsión no basta 0para detenerla

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el pasado 10 de noviembre que el sur mexiquense enfrenta problemas importantes de extorsión y confirmó la existencia de un equipo federal especializado, cuya estrategia se revisa periódicamente, sin embargo, los acontecimientos posteriores plantean interrogantes sobre los resultados concretos de esa intervención y las garantías ofrecidas a comerciantes y trabajadores.

Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, reconoció dificultades particulares en la región y un despliegue aproximado de 300 elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal hacia Tierra Caliente, presencia que deberá traducirse en protección permanente, investigaciones efectivas y recuperación de las condiciones necesarias para desarrollar actividades comerciales sin amenazas.

A ello se suman denuncias sobre presuntas redes criminales que operarían en distintos municipios del sur mexiquense, con prácticas relacionadas con cobros ilegales, amenazas contra transportistas y posibles intentos de controlar la distribución de mercancías, acusaciones cuya gravedad exige investigaciones que permitan identificar responsables y determinar su alcance territorial.

Gobiernos obligados a ofrecer resultados

La administración estatal encabezada por Delfina Gómez Álvarez, las autoridades federales y el gobierno municipal de Tejupilco, presidido por Rigoberto López Rivera, tienen frente a sí un problema que rebasa las declaraciones institucionales, pues resulta indispensable conocer cuántas denuncias se han presentado, qué investigaciones permanecen abiertas, cuántos responsables han sido identificados y cuáles son las medidas específicas para proteger las rutas comerciales.

También corresponde esclarecer la situación laboral del personal de Coca-Cola, establecer si existen negociaciones para restablecer operaciones y determinar si las medidas de seguridad permitirán recuperar la distribución sin exponer nuevamente a trabajadores y comerciantes.

La eventual salida de una empresa con más de una década de presencia en Tejupilco representaría mucho más que una pérdida comercial, evidenciaría las consecuencias económicas de la inseguridad y obligaría a revisar la eficacia de los mecanismos de protección empresarial.

El sur mexiquense necesita resultados comprobables, porque cuando una empresa contempla suspender operaciones por presuntas amenazas criminales, la discusión deja de limitarse a cifras de seguridad y alcanza directamente el derecho de cientos de familias a trabajar, conservar sus ingresos y desarrollar sus actividades sin miedo, una responsabilidad que ninguna autoridad debería reducir a promesas, despliegues temporales o explicaciones sin consecuencias verificables.

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