El Frente Amplio Democrático exigió a todas las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados abrir vías reales de diálogo y asumir compromisos públicos para emitir de inmediato la convocatoria para designar a la presidenta del Instituto Nacional Electoral.
“El proceso electoral de 2027 está en marcha. La provisionalidad no debe convertirse en una solución permanente”, advirtió esta organización.
Agregó que la Junta de Coordinación Política debe convocar a todas las bancadas, acordar un calendario de trabajo y llevar al pleno una propuesta de convocatoria, y recalcó que a la mayoría le corresponde abrir la negociación e incorporar las propuestas que fortalezcan el procedimiento.
En este sentido, consideró que quienes tengan objeciones al texto de la convocatoria deben explicarlas en la mesa de negociación y comprometerse a buscar una solución en los plazos acordados.
“Las condiciones excesivas, los pretextos para aplazar la convocatoria y las negativas estridentes prolongan una crisis que la ciudadanía exige resolver. Los partidos deben demostrar su voluntad de llegar a un acuerdo con propuestas que puedan discutirse y compromisos que puedan verificarse”, insistió.
El manifiesto firmado por la expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís, Demetrio Sodi, Emilio Rabasa, Jesús Ortega, Angélica de la Peña y otros más consideró que se tienen que garantizar reglas de transparencia e imparcialidad en este proceso.
Por ello, pidieron que el Comité Técnico de Evaluación sea verdaderamente independiente y esté conformado por cinco integrantes de reconocido prestigio, con conocimiento acreditado de la función electoral e independencia de criterio.
Además, una evaluación pública que privilegie los méritos, la trayectoria y la imparcialidad, y la convocatoria debe establecer de antemano los criterios de evaluación, por lo que el Comité debe motivar y dar a conocer sus decisiones con tiempo suficiente para que puedan ser escrutadas.
También una designación por consenso y el acuerdo debe comenzar con las reglas de la convocatoria y culminar en la designación de una presidenta independiente, con solvencia técnica y capacidad para conducir un órgano colegiado. La votación constitucional debe expresar un acuerdo que trascienda al bloque mayoritario y dé garantías de imparcialidad a la ciudadanía.
“Al mismo tiempo, exigimos al Congreso de la Unión reformar el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para retirar a la Presidencia del INE la facultad extraordinaria de designar directamente a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas. La presidencia debe proponer esos nombramientos y el consejo general debe decidirlo de manera colegiada”, dijo.


