* Las nuevas estrategias de posicionamiento político ponen a prueba la legislación vigente, mientras el IEEM, presidido por Amalia Pulido Gómez, mantiene la vigilancia de posibles irregularidades y advierte sobre la necesidad de actualizar las reglas para garantizar una competencia equitativa……
Por Karina Rocha
La carrera por las presidencias municipales y diputaciones locales del Estado de México comenzó antes de los periodos establecidos para las campañas electorales, con aspirantes que recurren a informes legislativos, reuniones públicas, actividades partidistas y publicidad para incrementar su presencia ante la ciudadanía, una realidad que evidencia la necesidad de actualizar el marco jurídico y establecer criterios precisos para distinguir entre el ejercicio legítimo de los derechos políticos y las conductas que pudieran representar ventajas indebidas rumbo a los comicios de 2027.
La presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, señaló que las nuevas modalidades de promoción política representan desafíos para la aplicación de la legislación vigente, particularmente porque algunas estrategias de posicionamiento no necesariamente constituyen infracciones, debido a que deben acreditarse elementos jurídicos específicos antes de determinar la existencia de actos anticipados de precampaña o campaña.
El planteamiento permite identificar una problemática que trasciende las atribuciones del organismo electoral, pues la evolución de las estrategias de comunicación política exige disposiciones legales acordes con las circunstancias actuales, sin vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la participación ciudadana y la difusión legítima de actividades públicas.
El IEEM ha recibido 155 quejas y denuncias relacionadas con posibles irregularidades electorales, expedientes que reflejan la intensidad de la competencia política en territorio mexiquense, aunque su presentación no implica que las conductas señaladas constituyan infracciones, ya que cada asunto debe analizarse conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Promoción anticipada, desafío para la legislación
Uno de los principales retos consiste en identificar cuándo una actividad pública deja de representar un ejercicio legítimo de comunicación y adquiere características de propaganda electoral anticipada, especialmente cuando los mensajes no contienen llamados expresos al voto, pero pueden contribuir al posicionamiento de determinadas figuras políticas.
Las estrategias utilizadas por algunos aspirantes incluyen espectaculares, bardas, publicaciones digitales, reuniones comunitarias y actos públicos, mecanismos cuya legalidad depende del contenido de los mensajes, el contexto de su difusión y la posible existencia de expresiones equivalentes a solicitudes de respaldo electoral.
Amalia Pulido Gómez ha destacado la importancia de considerar los criterios jurídicos que regulan estas conductas, postura que reafirma la necesidad de aplicar la legislación con objetividad y evitar determinaciones que pudieran afectar injustificadamente los derechos políticos de ciudadanos, servidores públicos o integrantes de organizaciones partidistas.
La responsabilidad de revisar posibles insuficiencias normativas corresponde también al Congreso mexiquense, cuyos integrantes pueden impulsar reformas que aporten mayor claridad sobre propaganda, fiscalización y actos anticipados, fortaleciendo las condiciones de equidad sin limitar las actividades permitidas por la ley.
Partidos deben asumir responsabilidades
Otro aspecto fundamental corresponde a la actuación de los partidos políticos y de quienes aspiran a obtener candidaturas, particularmente cuando desempeñan responsabilidades públicas y cuentan con mecanismos institucionales de comunicación que deben utilizarse conforme a las disposiciones aplicables.
La competencia interna puede propiciar una presencia pública prolongada de determinados perfiles, circunstancia que obliga a las organizaciones partidistas a establecer mecanismos de vigilancia y orientar a sus integrantes sobre los límites legales de sus actividades, evitando controversias que posteriormente deban resolverse mediante procedimientos electorales.
En este escenario, el IEEM desempeña una función esencial al recibir y tramitar las denuncias correspondientes a sus atribuciones, mientras las autoridades jurisdiccionales determinan las responsabilidades que procedan, una distribución de competencias que permite garantizar el debido proceso y proteger los derechos de las personas involucradas.
La existencia de 155 quejas también hace relevante el seguimiento de los procedimientos y la difusión de sus resoluciones, elementos que contribuyen a fortalecer la transparencia institucional y permiten distinguir entre señalamientos políticos, investigaciones administrativas e infracciones efectivamente acreditadas.
Inclusión y participación, prioridades para 2027
La preparación de los comicios también contempla desafíos relacionados con la violencia política contra las mujeres, la correcta aplicación de las acciones afirmativas y la necesidad de ampliar las oportunidades de participación en municipios donde históricamente las mujeres no han ocupado la presidencia municipal.
Estos asuntos requieren la participación coordinada de instituciones, partidos políticos, legisladores y ciudadanía, especialmente porque la renovación de los 125 ayuntamientos y del Congreso local representa una oportunidad para consolidar condiciones incluyentes y fortalecer la representación democrática.
Asimismo, resulta indispensable promover la participación ciudadana y combatir el abstencionismo mediante información accesible, educación cívica y mecanismos que permitan conocer las reglas de competencia y las responsabilidades institucionales.
La conducción encabezada por Amalia Pulido Gómez enfrenta una etapa de importantes desafíos, donde la aplicación de criterios jurídicos claros, la atención de denuncias y la promoción de una cultura democrática resultan fundamentales para brindar certeza.
El reto rumbo a 2027 consiste en lograr que partidos, aspirantes y legisladores asuman su responsabilidad en una competencia transparente y equitativa, mientras el IEEM continúa ejerciendo sus atribuciones dentro del marco legal vigente, garantizando elecciones organizadas bajo principios de legalidad, imparcialidad y certeza.


