* Autoridades analizan prisión domiciliaria con brazalete para personas con enfermedades terminales, adultos mayores y casos específicos; cualquier modificación deberá ser autorizada por un juez……
Por Mireya Álvarez
La posibilidad de que determinadas personas privadas de la libertad continúen sus procesos desde sus domicilios mediante vigilancia electrónica comienza a perfilarse como una de las alternativas para disminuir la enorme presión que enfrenta el sistema penitenciario del Estado de México, sin embargo, el planteamiento también revela la dimensión de un problema que no surgió recientemente y que durante años avanzó mientras la infraestructura carcelaria resultaba claramente insuficiente.
El secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, ha descartado que exista intención de realizar liberaciones masivas, la propuesta que se analiza junto con autoridades federales estaría dirigida a casos específicos, principalmente personas con enfermedades terminales, adultos mayores y aquellos expedientes cuyas características permitan modificar las medidas cautelares sin representar un riesgo para víctimas o para la sociedad.
Cualquier modificación tendría que pasar por una revisión individual y finalmente por la autorización de un juez, es decir, portar un brazalete electrónico o permanecer bajo prisión domiciliaria no significaría obtener automáticamente la libertad ni extinguir procesos o sentencias.
Una crisis acumulada durante años
El verdadero problema se encuentra detrás de las cifras, el Estado de México posee uno de los sistemas penitenciarios más saturados del país y los números permiten dimensionar hasta dónde llegó la presión.
En 2018 había 28 mil 14 personas privadas de la libertad frente a una capacidad instalada de apenas 13 mil 547 espacios, para octubre de 2023 la población había aumentado hasta 35 mil 826 internos, mientras solamente existían 14 mil 917 lugares, esto significaba un sobrecupo de 140.2 por ciento.
Para diciembre de 2024 la capacidad reportada era todavía menor, 14 mil 417 espacios frente a aproximadamente 35 mil 350 personas privadas de la libertad, una diferencia superior a 20 mil internos respecto de la infraestructura disponible, algunos centros presentaban situaciones particularmente graves, Chalco registraba un sobrecupo superior al 500 por ciento, Zumpango superaba 400 por ciento y El Oro rebasaba 300 por ciento.
El problema tampoco puede reducirse simplemente a la falta de camas, el hacinamiento presiona servicios médicos, alimentación, agua, instalaciones sanitarias, seguridad, personal de custodia y programas de reinserción, precisamente aquellos elementos que deberían permitir que una prisión funcione como espacio de cumplimiento de sanciones y no solamente como depósito de personas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha identificado entre las deficiencias recurrentes del sistema penitenciario problemas de sobrepoblación, hacinamiento, servicios de salud, infraestructura, clasificación de internos, separación entre procesados y sentenciados e insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
Brazaletes no resolverán el hacinamiento
La prisión domiciliaria puede contribuir a reducir parcialmente la presión, especialmente cuando mantener encarcelada a una persona enferma o de edad avanzada implica mayores necesidades médicas y de atención, pero pensar que los dispositivos electrónicos solucionarán por sí mismos la crisis sería simplificar un problema estructural.
El análisis contempla la intervención de Seguridad estatal, Fiscalía, Poder Judicial, Secretaría de las Mujeres y organismos de derechos humanos, con la intención de revisar antecedentes, denuncias, situación jurídica y posibles riesgos antes de determinar quién podría acceder a una medida diferente.
La cautela resulta indispensable, particularmente porque cualquier estrategia de despresurización deberá garantizar los derechos de las víctimas y evitar que la necesidad administrativa de generar espacios termine imponiéndose sobre las condiciones jurídicas de cada expediente.
Pero también existe otra pregunta incómoda, ¿cómo llegó el sistema penitenciario mexiquense a necesitar más de 20 mil espacios adicionales sin que durante años se construyera capacidad suficiente para acompañar el crecimiento de su población carcelaria?
Más vigilancia dentro de los penales
Paralelamente, el gobierno estatal prepara ampliaciones en distintos centros y un reforzamiento de la seguridad, además se prevé la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional en revisiones y operativos dentro de las cárceles.
La intervención busca fortalecer controles y ofrecer mayor transparencia, en momentos en que también se han realizado más de 60 movimientos de personal dentro del sistema penitenciario.
Un informe emitido en enero de 2026 sobre el penal Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, volvió a advertir problemas relacionados con infraestructura, servicios de salud, sobrepoblación, hacinamiento, gobernabilidad y seguridad, demostrando que la emergencia penitenciaria continúa siendo tangible y no únicamente estadística.
Despresurizar las cárceles puede ser necesario, pero deberá hacerse con criterios jurídicos estrictos, vigilancia efectiva y absoluta transparencia, al mismo tiempo, el gobierno enfrenta una deuda mucho más profunda, recuperar instalaciones, ampliar capacidad, profesionalizar custodios, garantizar atención médica y convertir la reinserción social en algo más que una expresión administrativa.
Los brazaletes electrónicos pueden abrir espacios, pero no pueden ocultar que durante años las cárceles mexiquenses recibieron muchos más internos de los que podían albergar, resolver esa crisis exigirá bastante más que cambiar de lugar a una parte de ellos.
