* El pasivo público continúa comprometiendo recursos de las próximas administraciones, mientras persisten rezagos en salud, infraestructura, movilidad, seguridad y servicios básicos……
Por Karina Libien
Estado de México mantiene sobre sus finanzas una pesada carga que supera los 58 mil millones de pesos de deuda pública, una cifra que, pese a los discursos de disciplina financiera y estabilidad presupuestal, representa una obligación que seguirá absorbiendo recursos públicos durante los próximos años y que inevitablemente obliga a cuestionar cuánto dinero termina destinándose al pago de compromisos financieros en lugar de atender las necesidades de casi 18 millones de mexiquenses.
El saldo más reciente de la deuda pública estatal alcanza aproximadamente 58 mil 68 millones 335 mil pesos, distribuido entre diferentes instituciones financieras, una cantidad suficientemente elevada para dimensionar el costo que durante años han acumulado decisiones tomadas por distintas administraciones y cuyos pagos continúan trasladándose de un gobierno a otro.
Aunque el actual gobierno estatal puede argumentar que no originó buena parte de esos compromisos y que durante su administración no se ha recurrido a nuevos financiamientos, la realidad es que la deuda permanece y debe pagarse con recursos públicos, por lo que cada peso destinado a amortizaciones, intereses y obligaciones financieras es dinero que deja de estar disponible para otras necesidades.
Una herencia que siguen pagando los mexiquenses
El problema no puede reducirse únicamente a determinar si el endeudamiento se encuentra dentro de parámetros técnicamente sostenibles, porque una deuda puede cumplir con los indicadores financieros establecidos y al mismo tiempo representar una carga considerable para las posibilidades de inversión de un gobierno.
Al cierre de 2025, el saldo de la deuda pública estatal se ubicaba en aproximadamente 58 mil 751 millones de pesos, equivalente a alrededor de 16 por ciento de los ingresos ordinarios de la entidad, mientras que al terminar 2024 la deuda consolidada había superado los 61 mil 742 millones de pesos, lo que muestra una disminución que debe reconocerse, pero también confirma que el Estado de México continúa arrastrando compromisos por decenas de miles de millones.
La pregunta que debería importar a los ciudadanos no es solamente si la deuda bajó algunos miles de millones, sino cuánto terminará pagando realmente el Estado de México por esos créditos cuando se sumen intereses y costos financieros, cuánto tiempo permanecerán vigentes las obligaciones y cuántas administraciones tendrán que seguir destinando recursos para liquidarlas.
Detrás de esos números existen créditos contratados con instituciones bancarias que permanecerán durante años dentro de las finanzas mexiquenses, tan sólo uno de los financiamientos más importantes mantiene un saldo cercano a 11 mil 984 millones de pesos, equivalente a más de una quinta parte del débito estatal actual.
La deuda contrasta con los rezagos
El tamaño del pasivo adquiere una dimensión todavía más incómoda cuando se compara con las condiciones que diariamente enfrentan millones de habitantes, hospitales que denuncian falta de medicamentos e insumos, carreteras deterioradas, municipios afectados por inundaciones, sistemas de drenaje insuficientes, comunidades con problemas de abastecimiento de agua, escuelas con necesidades de mantenimiento y una creciente demanda de infraestructura y seguridad.
Por eso resulta insuficiente presumir únicamente que las finanzas estatales son sostenibles, porque la verdadera evaluación debería hacerse sobre la capacidad que tiene el gobierno para transformar sus ingresos en mejores servicios y resolver problemas estructurales mientras continúa pagando compromisos heredados.
La deuda pública no necesariamente es negativa cuando los recursos obtenidos mediante financiamiento se convierten en infraestructura productiva, hospitales, carreteras, sistemas hidráulicos o proyectos capaces de generar beneficios durante décadas, el cuestionamiento aparece cuando la población sigue encontrando deficiencias precisamente en esos sectores mientras permanece obligada a pagar durante años los créditos contratados.
Una factura que atraviesa gobiernos
La administración de Delfina Gómez recibió buena parte de esta deuda de gobiernos anteriores, por lo que sería incorrecto atribuirle exclusivamente la responsabilidad por su origen, sin embargo, ahora corresponde a su gobierno transparentar con absoluta claridad cuánto se paga cada año por capital, cuánto por intereses, cuáles créditos continúan vigentes, cuándo vencen y qué beneficios concretos dejaron las obras financiadas con esos recursos.
También deberá evitar que el argumento de que la deuda es manejable termine convirtiéndose en una forma de minimizar su magnitud, 58 mil millones de pesos siguen siendo 58 mil millones, independientemente de que los indicadores financieros permitan considerarlos sostenibles.
La reducción registrada durante los últimos ejercicios representa una señal favorable, pero todavía queda un camino largo antes de poder hablar de una liberación significativa de las finanzas estatales.
Menos discurso y más transparencia
El Estado de México necesita conocer con precisión qué recibió a cambio de décadas de endeudamiento, cuáles obras permanecen, qué proyectos justificaron los créditos y cuánto terminarán pagando las siguientes generaciones por decisiones tomadas años atrás.
La discusión resulta especialmente pertinente cuando el gobierno estatal se aproxima a una nueva etapa de rendición de cuentas y comienza a destacar inversiones, obras y programas sociales como parte de sus resultados, porque junto a esas cifras también debe aparecer el otro lado del balance, una entidad que todavía carga más de 58 mil millones de pesos en deuda pública.
No basta entonces con asegurar que existe disciplina financiera, tampoco con señalar que el endeudamiento representa un porcentaje controlable de los ingresos, la verdadera responsabilidad consiste en reducir gradualmente esa carga sin sacrificar inversión, explicar con claridad cada peso destinado al servicio de la deuda y garantizar que nunca vuelva a utilizarse el crédito como una salida cómoda frente a problemas presupuestales.
Porque mientras hospitales, carreteras, sistemas hidráulicos, escuelas y municipios continúen reclamando recursos, cada millón destinado a pagar intereses recordará que las decisiones financieras del pasado no desaparecen cuando termina una administración, las deudas permanecen y finalmente son los mexiquenses quienes terminan pagando la factura.
