* La entidad volvió a colocarse entre las de mayor incidencia nacional, mientras las cifras reflejan que las estrategias institucionales siguen sin contener la violencia contra las mujeres……
El Estado de México volvió a instalarse entre las entidades con mayor número de feminicidios del país, una posición que, lejos de representar una simple estadística, confirma el fracaso de las políticas públicas implementadas durante años para proteger la vida de las mujeres, pese a los recursos destinados, las Alertas de Violencia de Género, las campañas institucionales y los constantes anuncios oficiales, la realidad demuestra que el problema continúa creciendo y que la respuesta gubernamental permanece rebasada por la dimensión de la violencia.
Las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que durante el primer semestre de 2026 se iniciaron 315 carpetas de investigación por feminicidio en México, de las cuales 48 correspondieron únicamente al mes de junio, dentro de ese panorama nacional, el Estado de México acumuló 24 casos, colocándose en el segundo lugar del país, sólo por debajo de Sinaloa y por encima de Chiapas y la Ciudad de México.
Más allá del lugar que ocupa la entidad en el ranking nacional, lo verdaderamente preocupante es que el Estado de México mantiene desde hace años una presencia constante entre los territorios con mayores niveles de violencia feminicida, situación que evidencia que las medidas extraordinarias implementadas hasta ahora no han logrado modificar la tendencia.
Las cifras no reflejan toda la dimensión
Hablar únicamente de feminicidios resulta insuficiente para comprender el tamaño del problema, porque detrás de cada carpeta de investigación existe un universo mucho mayor de violencia que rara vez aparece en los informes oficiales, desapariciones, violencia familiar, agresiones sexuales, amenazas, lesiones y homicidios dolosos forman parte de una cadena de agresiones que muchas veces termina con la muerte de las víctimas.
Incluso las propias estadísticas nacionales muestran esa diferencia, mientras el país registra 315 feminicidios durante el primer semestre, también acumula 772 homicidios dolosos de mujeres, una brecha que mantiene abierto el debate sobre cuántos asesinatos de mujeres realmente están siendo investigados bajo el protocolo correspondiente y cuántos terminan clasificados bajo otros delitos.
En el Estado de México esa preocupación adquiere una relevancia especial debido a la complejidad territorial de la entidad, donde municipios densamente poblados conviven con zonas rurales, corredores industriales y regiones me tropolitanas que presentan dinámicas delictivas distintas, pero comparten un mismo problema, la persistencia de violencia contra las mujeres.
A ello se suma que diversas organizaciones civiles han insistido durante años en la necesidad de fortalecer las investigaciones desde el primer momento, evitar la revictimización de las familias y garantizar que todos los casos sean analizados con perspectiva de género, algo que en la práctica continúa siendo un desafío para las instituciones encargadas de procurar justicia.
Alertas, recursos y resultados insuficientes
El Estado de México fue una de las primeras entidades del país en contar con Alertas de Violencia de Género, posteriormente amplió estos mecanismos hacia nuevos municipios y anunció estrategias específicas para reducir los delitos contra las mujeres, sin embargo, los resultados siguen sin reflejar una disminución sostenida de los feminicidios.
La permanencia del estado entre los primeros lugares nacionales obliga a cuestionar si las acciones emprendidas realmente están atacando las causas estructurales del problema o únicamente generan una respuesta administrativa que resulta insuficiente frente a la magnitud de la violencia.
Mientras las autoridades presentan informes sobre capacitaciones, protocolos, mesas de trabajo y campañas preventivas, cientos de familias continúan enfrentando procesos de investigación largos, complejos y, en muchos casos, marcados por la falta de respuestas oportunas.
La violencia feminicida tampoco puede analizarse de manera aislada de otros fenómenos que afectan al Estado de México, como la expansión de organizaciones criminales, la violencia familiar, la impunidad, la precariedad institucional y la limitada capacidad de investigación en numerosas fiscalías regionales.
Una nueva ley no resolverá por sí sola el problema
Ante este panorama, el Gobierno federal presentó una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el propósito de homologar los criterios de investigación en todo el país, establecer protocolos obligatorios y endurecer las sanciones para los responsables.
La propuesta contempla que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como feminicidio, crea mecanismos nacionales de coordinación, fortalece la reparación integral para las víctimas indirectas y plantea la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio.
Sin embargo, la experiencia demuestra que modificar las leyes no garantiza automáticamente mejores resultados, porque el principal desafío continúa siendo su aplicación efectiva, especialmente en estados como el Estado de México, donde la capacidad operativa de las instituciones sigue enfrentando enormes limitaciones.
La entidad no necesita únicamente nuevas normas, necesita investigaciones más rápidas, ministerios públicos especializados, peritos suficientes, policías con capacitación permanente, protección efectiva para mujeres en riesgo y sentencias que reduzcan los altos niveles de impunidad.
Mientras el Estado de México permanezca entre las entidades con mayor número de feminicidios del país, cualquier discurso oficial sobre avances en materia de protección de las mujeres quedará inevitablemente opacado por una realidad que continúa cobrando vidas y que exige mucho más que reformas legales o anuncios institucionales, exige resultados tangibles que devuelvan confianza a una sociedad que lleva demasiado tiempo esperando justicia.
