* Conflictos territoriales entre municipios escalan a revisiones técnicas y disputas políticas……
Por Efrain Morales
El Estado de México enfrenta una silenciosa pero peligrosa disputa territorial que exhibe el desorden histórico con el que crecieron decenas de municipios durante décadas. Actualmente, 43 municipios mexiquenses se encuentran bajo revisión por conflictos limítrofes, diferencias de colindancia y disputas por territorio que ya obligaron a la intervención del Congreso local y del Instituto Nacional Electoral.
Lo que durante años permaneció enterrado entre mapas ambiguos, decretos antiguos y omisiones gubernamentales, hoy amenaza con convertirse en un problema político, administrativo y social de gran escala, donde están en juego recursos públicos, cobro de impuestos, prestación de servicios y control territorial.
Las diferencias han llegado a tal nivel que autoridades municipales rechazaron acuerdos amistosos y optaron por prolongar los procedimientos legales, mientras cada gobierno intenta defender hectáreas, comunidades y zonas urbanas que considera propias.
Municipios pelean territorio y recursos
Uno de los conflictos más tensos involucra a Santa Cruz Atizapán, Almoloya del Río y Tianguistenco, municipios que mantienen diferencias históricas sobre zonas vinculadas a antiguos terrenos de la Laguna de Chignahuapan.
Las autoridades locales acusan invasiones administrativas, cobro irregular de servicios y realización de actos de gobierno en territorios disputados.
Detrás del discurso jurídico se esconde una batalla por recursos económicos, control político y crecimiento urbano, pues cada metro en disputa puede representar ingresos, permisos de construcción, desarrollo inmobiliario y acceso a participaciones presupuestales.
El problema evidencia cómo durante años el crecimiento urbano mexiquense avanzó sin planeación clara, con límites ambiguos y mapas territoriales incapaces de responder al acelerado proceso de expansión metropolitana.
En muchos casos, colonias enteras desconocen a qué municipio pertenecen realmente, mientras autoridades municipales aprovechan vacíos legales para extender servicios, recaudar impuestos o reclamar jurisdicción.
El Congreso entra al conflicto
Ante la incapacidad de los municipios para resolver sus diferencias, el Congreso mexiquense activó inspecciones técnicas, revisiones cartográficas y procedimientos legales que podrían redefinir límites territoriales en distintas regiones del estado.
Las autoridades legislativas aseguran que los análisis se realizan bajo criterios técnicos y legales, aunque el trasfondo político resulta imposible de ignorar en una entidad donde el control territorial también significa control electoral.
El Instituto Nacional Electoral solicitó dictámenes técnicos sobre 43 municipios, particularmente en zonas donde las colindancias generan dudas operativas y administrativas que podrían afectar procesos electorales futuros.
La revisión incluye zonas de conurbación, inspecciones de campo y análisis históricos que buscan determinar a qué municipio pertenecen realmente diversas áreas actualmente disputadas.
Hasta ahora permanecen abiertos nueve diferendos territoriales que involucran al menos a 13 municipios mexiquenses.
La complejidad del problema radica en que muchos límites fueron establecidos hace décadas con referencias naturales, caminos antiguos o decretos poco precisos que hoy resultan insuficientes frente al crecimiento urbano y demográfico.
Nuevos municipios y más fragmentación
El escenario se vuelve todavía más delicado debido a que también existen solicitudes para crear nuevos municipios en comunidades de Jocotitlán y Temascalapa.
Lejos de resolver el problema territorial, estas propuestas podrían abrir nuevos conflictos políticos y administrativos en regiones donde todavía no existen delimitaciones plenamente consolidadas.
La disputa territorial exhibe otro problema estructural del Estado de México, la ausencia histórica de planeación regional y coordinación metropolitana.
Mientras el crecimiento urbano avanzó aceleradamente durante décadas, las autoridades estatales permitieron que municipios crecieran sin límites claros, con desarrollos irregulares, expansión desordenada y conflictos de jurisdicción que ahora comienzan a estallar.
La consecuencia no solo es política. También afecta directamente a miles de habitantes que enfrentan confusión en servicios públicos, seguridad, obras, pago de impuestos y atención gubernamental.
En algunas zonas, los gobiernos municipales se disputan el cobro predial, mientras en otras ninguno asume plenamente responsabilidades sobre infraestructura, drenaje, pavimentación o vigilancia.
El conflicto territorial mexiquense terminó convirtiéndose en el reflejo de un modelo de crecimiento improvisado, donde durante años se privilegió la expansión urbana y el interés político por encima de la certeza jurídica y la planeación de largo plazo.
Ahora, con municipios enfrentados, procesos legales abiertos y revisiones técnicas en marcha, el Estado de México intenta corregir décadas de desorden territorial que hoy amenazan con convertirse en una nueva fuente de tensión política y social en la entidad más poblada del país.
