* Por la presunta venta de las plazas, tan solo de enero de 2025 a febrero de 2026, los involucrados habrán obtenido más de 96 millones de pesos, cada involucrado recibía cuatro millones de pesos quincenales, más aguinaldo, prima vacacional y bonos……
Por Martha Romero
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga la presunta red integrada por exfuncionarios, servidores públicos en activo y particulares que, desde el 2021 habrían utilizado plazas de docentes para desviar recursos públicos a través de irregulares en la nómina estatal, causando un detrimento al erario de la Administración Pública y del patrimonio del Gobierno del Estado de México.
Por esta presunta red de venta de plazas docentes, los involucrados obtuvieron de forma ilícita más de 96 millones de pesos, tan solo entre enero de 2025 a febrero de 2026. Cada involucrado recibía aproximadamente 4 millones de pesos quincenales, más aguinaldo, prima vacacional y bonos, cantidades que podrían actualizarse de forma retroactiva hasta el 2021, en caso de acreditarse que dichas conductas se realizaban desde entonces.
Además de los recursos obtenidos, todos los investigados se beneficiaron al asignarse una o más plazas de docentes con salarios de aproximadamente 50 mil pesos mensuales, las cuales mantenían con licencias irregulares y ocuparlas con efectos jubilatorios o en caso de perder su cargo de confianza.
La investigación comenzó luego de que el Gobierno del Estado de México denunció posibles anomalías en la contratación de personal, por lo que 26 personas han sido vinculadas a proceso por los delitos de fraude y abuso de autoridad, mientras que está pendiente de resolverse la situación jurídica de un investigado más y otros 5 promovieron juicio de amparo.
Fue en febrero y mayo, cuando el Gobierno del Estado de México, a través del representante legal de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI), denunció hechos posiblemente constitutivos de delito relacionados con 459 movimientos de alta de personal en plazas de docentes, tras percatarse que los supuestos servidores públicos no ejercían función alguna.
Las investigaciones advirtieron la existencia de individuos con función de “reclutadores”, quienes privilegiaban la captación de personas de su confianza que principalmente eran familiares y amigos, además de mantener estrecha comunicación y coordinación con servidores públicos de la Dirección General de Personal de la Oficialía Mayor.
Una vez efectuadas las altas, los reclutadores o terceros retenían las tarjetas de nómina, posteriormente, diversas personas retiraban los recursos depositados en esas cuentas que dispersaban entre los integrantes del esquema delictivo.
A los titulares de las tarjetas les entregaba una cantidad mínima como contraprestación por haber proporcionado sus datos personales y permitir su registro en la nómina gubernamental, registrando casos en los que por percepciones acumuladas de hasta 200 mil pesos, obtenían alrededor de seis mil pesos, mientras que el resto era repartido entre quienes presuntamente operaban el esquema.
A pesar de que los capturistas ocupaban los puestos de menor rango dentro del esquema delictivo, algunos de ellos realizaron más de 70 movimientos de alta irregulares y recibían un pago de cinco mil pesos por cada uno. Además, realizaban las altas durante la madrugada y alternaban mes a mes las cuentas de los capturistas desde las cuales se hacía el registro.
Los falsos docentes eran asignados a planteles con clave de centro de trabajo inactivo, ubicados principalmente en los municipios de Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Ecatepec, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Metepec, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Zinacantepec y Zumpango.
Entre las indicaciones dadas a los falsos docentes es que no se dieran de alta en el ISSEMyM y en febrero de 2026, posterior a la primera denuncia, les informaron que debido a una auditoría cancelaran sus cuentas de nómina y en caso de ser requeridos por alguna autoridad negaran haber trabajado para el gobierno.
El expediente advierte que el entorno socioeconómico de los investigados no corresponde al de servidores públicos que viven de su salario, pues realizaban viajes suntuosos a destinos turísticos como París, Dubái, Las Vegas, Islas del Caribe, China o Egipto, además de que utilizaban vehículos, prendas y accesorios de alta gama y habitaban inmuebles de alta plusvalía.
De los 33 investigados, seis son exservidores públicos: Óscar “N”, Sergio Andrés “N”, Alfredo “N”, Felipe “N”, Fredy “N” y Yesica “N”. mientras que Juan Alberto “N”, Araceli “N”, Yunuen “N”, Fabiola Lidia “N”, Christopher “N”, Diego Emmanuel “N”, David “N”, Daniel “N” y Jair “N”, eran trabajadores en activo de la Oficialía Mayor.
Los 11 servidores públicos detenidos adscritos a la SECTI son Daniel Arturo “N”, Alejandra “N”, Ángel Fernando “N”, Anel “N”, Yuritzi Lucero “N”, Norma del Carmen “N”, Ericka “N”, Orlando “N”, Jorge Emanuel “N”, Óscar “N” “N” y Alan Israel “N”, así como Diana Paola “N”, servidora pública de la Secretaría del Bienestar y Sabina N”, una de las falsas docentes.
Mientras que los cinco investigados que aún no son vinculados a proceso son Jaime Noé “N”, Eduardo “N”, Erick Jonathan “N”, José Ernesto “N” y Areli “N”, quienes presentaron juicio de amparo indirecto contra la orden de aprehensión que existe en su contra.
Es importante señalar que, por la manera en que fueron cometidas las conductas delictivas en que presuntamente incurrieron los investigados,
De acuerdo con la FGJEM, las penas que podrían alcanzar los involucrados podrían ser entre 10 y 26 años, pero éstas podrían acumularse por cada evento delictivo y sería sancionado por cada alta irregular.
