* El gobierno federal prepara una estrategia contra la intervención criminal en las elecciones de 2027, con especial atención a los 125 municipios mexiquenses……
Por Karina Libien
La preparación de una estrategia nacional de seguridad para las elecciones de 2027 coloca nuevamente sobre la mesa uno de los problemas más delicados de la democracia mexicana, la posibilidad de que grupos criminales intenten influir en candidaturas, campañas y decisiones de autoridades municipales, situación que representa un desafío particular para el Estado de México por su extensión territorial, población y antecedentes de violencia.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este 8 de octubre que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, comenzó la identificación de focos rojos para prevenir la intervención del crimen organizado durante los próximos comicios, aunque todavía no existe una relación pública de municipios prioritarios ni se han presentado los protocolos específicos de protección.
El anuncio abre una pregunta inevitable: ¿las autoridades lograrán anticiparse a las amenazas o volverán a reaccionar cuando candidatos y ciudadanos ya hayan sido víctimas de intimidaciones?
Más de mil cargos en disputa.
El próximo 6 de junio de 2027, el Estado de México renovará 75 diputaciones locales y los integrantes de sus 125 ayuntamientos, con un total de mil 291 cargos propietarios en disputa, además de participar en la elección federal de diputaciones.
La dimensión del proceso obliga a considerar riesgos que van mucho más allá de la vigilancia de casillas, porque durante las campañas también deberán protegerse aspirantes, representantes partidistas, funcionarios electorales y ciudadanos.
Particular atención merece la posibilidad de que organizaciones delictivas pretendan condicionar postulaciones, financiar ilegalmente actividades políticas, intimidar candidatos o presionar a comunidades donde mantienen presencia.
Sin embargo, identificar estas amenazas no significa que todos los municipios enfrenten condiciones idénticas, por lo que resulta indispensable elaborar diagnósticos territoriales sustentados en investigaciones y antecedentes verificables.
El antecedente que obliga a prevenir
Durante el proceso electoral de 2024, las autoridades mexiquenses registraron incidentes de seguridad y tuvieron que implementar medidas de protección para actores políticos, antecedentes que deben incorporarse al nuevo diagnóstico federal.
La investigación de posibles vínculos entre autoridades municipales y organizaciones criminales también adquirió relevancia mediante operaciones federales como Enjambre, cuyos procedimientos evidenciaron la necesidad de revisar posibles redes de corrupción y protección institucional.
Estos antecedentes justifican examinar no solamente los riesgos durante las campañas, sino las condiciones en que se ejerce el poder municipal y la capacidad de las corporaciones policiales para actuar sin interferencias políticas o criminales.
La existencia de operativos y detenciones, por sí sola, tampoco permite establecer que las estructuras delictivas hayan desaparecido, especialmente cuando todavía deben conocerse los resultados judiciales definitivos de distintas investigaciones.
Harfuch prepara intervención federal
Tras comparecer ante diputados federales, García Harfuch informó que sostuvo una reunión con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, la Fiscalía General de la República, la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Centro Nacional de Inteligencia.
El objetivo consiste en revisar antecedentes de violencia electoral y establecer medidas preventivas mediante la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, policías estatales y fiscalías locales.
Aunque la coordinación anunciada representa un mecanismo institucional importante, todavía falta conocer cuántos elementos participarán, dónde serán desplegados y qué criterios determinarán la atención prioritaria.
También deberá esclarecerse cómo funcionará la protección individual de candidatos amenazados, quién evaluará las solicitudes y qué mecanismos garantizarán respuestas inmediatas.
Focos rojos en municipios.
En territorio mexiquense resulta necesario examinar las condiciones de seguridad de regiones como el Valle de México, el oriente de la entidad y las zonas sur y norte, sin convertir automáticamente a sus municipios en focos rojos.
Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepan tla, Chalco, Nezahualcóyotl y otros municipios con importante actividad política y elevada población requieren diagnósticos específicos que permitan distinguir incidencia delictiva general de amenazas electorales concretas.
La Fiscalía estatal y las autoridades municipales deberán contribuir con información verificable sobre denuncias, amenazas, extorsiones y posibles interferencias delictivas, siempre bajo mecanismos que protejan la confidencialidad de las investigaciones.
La seguridad no termina en las urnas
Otro desafío será garantizar que las medidas federales no se limiten a custodiar instalaciones electorales durante la jornada del 6 de junio.
La prevención deberá comenzar desde la definición de candidaturas, continuar durante las campañas y mantenerse hasta la conclusión de los cómputos y procedimientos relacionados con los resultados.
Asimismo, será indispensable impedir que los dispositivos de seguridad se utilicen para favorecer o perjudicar a determinadas fuerzas políticas.
El Instituto Electoral del Estado de México tendrá que coordinarse con las autoridades responsables sin comprometer su independencia institucional.
El gobierno federal ha anunciado el diagnóstico, pero todavía falta presentar sus resultados y convertirlos en medidas concretas, verificables y sujetas a rendición de cuentas.
Porque la verdadera prueba de seguridad electoral no será cuántos uniformados aparezcan alrededor de las casillas, sino cuántos ciudadanos puedan votar y cuántos candidatos puedan competir sin amenazas, violencia ni presiones criminales.
