* Por ello, solicitara al Congreso que su iniciativa “Reformas al Código Administrativo estatal y la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios”, sea aprobada……
Por Edith Romero Nava
Convencido de que deben ser las propias empresas contratistas quienes reparen el daño cuando la calidad de la obra pública sea deficiente en cuanto a materiales y procesos de construcción, el diputado Gerardo Pliego Santana, Presidente de la Comisión de Combate a la Corrupción de la LXI Legislatura Mexiquense, anunció que durante la reunión plenaria de su bancada (Morena), solicitará que la iniciativa que presento en el 2025, se retome en el Periodo Ordinario de Sesiones que arrancará el 31 de enero.
Pliego Santana, no ocultó su preocupación al visibilizar el problema que afecta actualmente a las obras de infraestructura vial, en especial a las carreteras asfaltadas, las cuales suelen deteriorarse poco tiempo después de ser inauguradas, situación que pone de manifiesto las deficiencias en los materiales utilizados y en los métodos de construcción empleados.
Ante esta problemática, Pliego Santana recordó que su iniciativa busca reformar al Código Administrativo estatal y la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, estableciendo que, en caso de descubrir vicios ocultos en la prestación de servicios, no se deberá devolver la garantía, sin importar las acciones legales que puedan surgir.
Precisó que la iniciativa contemplaría mecanismos para obligar a las empresas a subsanar las obras y sanciones para funcionarios que autoricen obras de mala calidad, ya que se trata de que los recursos públicos de los ciudadanos sean aplicados de manera correcta y que las obras sean garantizadas por un periodo mayor al que hoy se tiene, que es de apenas un año.
Como presidente de la Comisión para el Combate a la Corrupción, el diputado enfatizó la necesidad de aumentar las garantías requeridas a las empresas contratistas, pasando del 10% al 20% del valor contractual, y extendiendo su validez a tres años. De esta manera, se incentivaría a las empresas a evaluar el riesgo de utilizar materiales de baja calidad y, a su vez, se garantizaría la realización de obras de mayor calidad y sostenibilidad.
Precisó que la intención principal es proteger los recursos públicos y minimizar costos futuros, dado que actualmente el 30% del presupuesto destinado a infraestructura se emplea en reparar vicios ocultos, por lo que, con más garantías, estos gastos recaerían en las propias empresas, permitiendo que se liberen fondos para nuevos proyectos sociales.
Además, explicó que los vicios ocultos son defectos o fallas en las obras que no se hacen evidentes al momento de la entrega, pero que afectan la funcionalidad y durabilidad del proyecto a largo plazo, y son asumidos por el Estado que destina más recursos públicos en reparaciones.
Aseguró que actualmente toda la red de carreteras está destruida, y aunque se han pavimentado en menos de un año vuelven a estar igual, esto se debe a la mala calidad de los materiales, en este sentido, explico de momento, la Ley contempla que los contratistas tienen que dar dos fianzas de garantía: una por el anticipo y otra por vicios ocultos.
Finalmente, destacó que, de aprobarse esta iniciativa, se generará un beneficio directo para la ciudadanía, ya que se evitaría la constante necesidad de rehabilitar las carreteras, se reduciría el gasto público en reparaciones recurrentes y se elevaría la calidad de las obras, ya que no es aceptable construir infraestructuras con la expectativa de que solo durarán uno o dos años.
