* El Palacio Municipal de Calimaya permaneció cerrado este 27 de octubre, presuntamente por un día de asueto, mientras señalamientos sobre un inmueble valuado en 10 millones de pesos generan cuestionamientos sobre la transparencia y administración del alcalde Omar Sánchez……
Por Mireya Álvarez
El gobierno municipal de Calimaya enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que este martes 27 de octubre el Palacio Municipal permaneciera con las puertas cerradas, en medio de señalamientos sobre un presunto embargo que habría impedido el funcionamiento habitual de las instalaciones.
La situación generó inconformidad entre quienes esperaban encontrar oficinas abiertas para realizar trámites y recibir atención de las autoridades, sin embargo, al consultar a trabajadores del Ayuntamiento, algunos señalaron que la suspensión de actividades obedecía a un oficio que concedió el día de asueto al personal con motivo del “Día del Servidor Público”.
Aunque, de manera extra oficial, se presume que puede tratarse por deudas laborales, motivo por el cual fue requerido los pagos por adeudos laborales, pero al conseguir el emplazamiento, el edil simplemente mandó cerrar el edificio y demás oficinas.
La explicación, no obstante, deja pendiente aclarar si el cierre del inmueble está relacionado con el embargo señalado y, de ser así, cuáles son sus causas, qué autoridad lo ordenó y qué consecuencias tendrá para la operación de la administración municipal.
El episodio ocurre cuando el alcalde Omar Sánchez Velázquez se aproxima a cumplir dos años al frente del Ayuntamiento, periodo en el que sus críticos cuestionan los resultados en materia de obra pública, atención ciudadana y prestación de servicios.
Ante ello, los señalamientos plantean interrogantes sobre el desempeño gubernamental y la capacidad de la administración para responder a las necesidades de las comunidades.
Que las oficinas de un gobierno municipal permanezcan cerradas por un día de asueto es distinto a que exista una medida judicial o administrativa que afecte el patrimonio del Ayuntamiento; por ello, resulta indispensable que las autoridades aclaren las circunstancias del caso y expliquen si existe una resolución de embargo, cuál es su alcance y qué motivó la medida.
La ciudadanía necesita respuestas concretas, no versiones parciales; si el inmueble fue objeto de una acción legal, la administración debe informar sobre el procedimiento y las obligaciones que originaron el conflicto, así como las medidas previstas para garantizar la continuidad de los servicios públicos.
La incertidumbre también alcanza a los habitantes que dependen de las oficinas municipales para efectuar gestiones, presentar solicitudes o resolver asuntos administrativos, toda vez que cualquier afectación a la atención debe ser explicada oportunamente y acompañada de alternativas para evitar que la población termine pagando las consecuencias.
Además, cabe mencionar que, en ninguna red social del Ayuntamiento, se dio a conocer que este martes, las oficinas estarían cerradas, lo que genera más especulaciones al respecto.
A la polémica por el cierre del Palacio Municipal se suman cuestionamientos sobre la adquisición de una propiedad ubicada en la calle López Mateos, cuyo valor se estima en cerca de 10 millones de pesos y que, de acuerdo con los señalamientos difundidos, estaría destinada a funcionar como sede o comité del Partido del Trabajo (PT).
La operación ha generado dudas sobre el costo del inmueble, el origen de los recursos empleados para adquirirlo y la finalidad de la propiedad. Hasta que se conozcan los documentos correspondientes, estos aspectos deben tratarse como señalamientos pendientes de aclaración, no como responsabilidades demostradas.
La cuestión central es determinar quién realizó la compra, con qué recursos se cubrió y quién figura como propietario legal, ya que, también resulta necesario establecer si existe algún vínculo entre la operación y el patrimonio público municipal, o si se trata de una transacción de carácter privado.
La dimensión del monto señalado hace indispensable contar con información verificable sobre la compraventa y su destino. Si no se utilizaron recursos públicos, la documentación correspondiente permitiría despejar dudas; si los hubo, tendría que precisarse su fundamento legal y el procedimiento mediante el cual se autorizaron.
Los cuestionamientos sobre la propiedad y el presunto embargo colocan bajo escrutinio la administración de Omar Sánchez Velázquez; en ambos casos, la exigencia ciudadana es que se conozcan los hechos, se transparenten las decisiones y se deslinden las responsabilidades que, en su caso, determinen las instancias competentes.
La austeridad gubernamental también debe reflejarse en decisiones justificadas, un manejo responsable del patrimonio y resultados que puedan evaluarse, y cuando surgen dudas sobre operaciones millonarias o sobre el funcionamiento de las oficinas públicas, corresponde a las autoridades presentar información suficiente para disiparlas.
Calimaya necesita claridad sobre la situación jurídica del Palacio Municipal, garantías de que los servicios no quedarán interrumpidos y una explicación documentada sobre la adquisición del inmueble señalado. El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de informar con precisión y permitir que los órganos fiscalizadores y las autoridades competentes actúen conforme a sus atribuciones.
