* Gobierno federal fortalece mecanismos de denuncia e investigación, mientras el Estado de México registra mil 268 víctimas de extorsión durante 2026. La coordinación con la Fiscalía mexiquense y la protección efectiva de los denunciantes serán determinantes para combatir este delito……
Por Karina Rocha
Mientras miles de comerciantes, empresarios, transportistas y familias del Estado de México enfrentan amenazas, exigencias económicas y distintas modalidades de extorsión, el gobierno federal anunció nuevas disposiciones para fortalecer la recepción de denuncias y las investigaciones relacionadas con este delito, una medida que coloca nuevamente bajo escrutinio la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de garantizar la seguridad.
Este martes 27 de octubre fueron publicados dos acuerdos federales relacionados con la organización del Cen tro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión y la gestión de re-querimientos de información en mate ria de telecomunicaciones.
Las disposiciones representan nuevas herramientas institucionales, pero plantean una interrogante fundamental: ¿hasta dónde podrán traducirse en investigaciones efectivas, protección a las víctimas y sanciones contra quienes mantienen actividades de extorsión?.
El desafío adquiere especial relevancia en el Estado de México, donde las cifras oficiales registran mil 268 víctimas de extorsión durante los primeros nueve meses de 2026, situación que exige resultados concretos de las autoridades estatales y federales.
Miles de denuncias, una realidad preocupante
El problema no se limita a las extorsiones telefónicas. También comprende amenazas directas, cobros ilegales a establecimientos comerciales, exigencias de dinero y presiones contra personas que dependen de sus negocios para sostener a sus familias.
Durante 2025, la Secretaría de Seguridad mexiquense registró 39 mil 67 atenciones relacionadas con extorsión y fraude telefónico.
De ese total, 18 mil 60 correspondieron a extorsión telefónica; 570, a extorsión electrónica; 468, a cobro de derecho de piso, y 145, a extorsión directa.
Estas cifras corresponden a reportes de atención y no deben confundirse con carpetas de investigación, pero muestran la magnitud de las solicitudes de orientación y auxilio recibidas por las autoridades.
Entre los municipios con mayores registros de atención destacan To-luca, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli.
Fiscalía mexiquense, ante nuevas exigencias
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes Martínez, tendrá que fortalecer sus mecanismos de coordinación con las autoridades federales para aprovechar las nuevas disposiciones.
La creación de estructuras especializadas para recibir denuncias puede facilitar la identificación de patrones delictivos, pero su utilidad dependerá de cómo se comparta la información y del seguimiento que reciban los casos.
Resulta indispensable precisar qué mecanismos permitirán canalizar las denuncias federales hacia las investigaciones estatales, quién será responsable de darles continuidad y cómo se evitará que las víctimas tengan que repetir sus declaraciones ante diferentes instituciones.
También será necesario conocer cuánto tiempo transcurre entre la presentación de una denuncia, la identificación de posibles responsables y la ejecución de acciones para proteger a quienes enfrentan amenazas.
Sin estos elementos, cualquier estrategia corre el riesgo de quedarse en una reorganización administrativa sin resultados suficientes.
Telecomunicaciones, herramienta contra delincuentes
Uno de los acuerdos federales contempla facultades para gestionar requerimientos de información relacionados con telecomunicaciones, bajo el marco legal aplicable.
Esta herramienta puede contribuir a investigaciones sobre llamadas amenazantes, comunicaciones utilizadas para exigir dinero y posibles redes delictivas.
Sin embargo, disponer de mecanismos legales de acceso a información no garantiza automáticamente identificar responsables ni desarticular organizaciones.
Se requieren personal especializado, capacidades tecnológicas, investigaciones sustentadas y coordinación efectiva entre las instituciones competentes.
Igualmente importante será asegurar que cualquier solicitud de información respete los procedimientos legales, la privacidad y las garantías correspondientes.
Comerciantes necesitan protección, no solamente denuncias
Uno de los problemas más delicados es la situación de quienes reciben amenazas y deben decidir entre de nunciar o continuar entregando dinero por temor a represalias.
Para pequeños comerciantes, transportistas y prestadores de servicios, la extorsión puede representar pérdidas económicas, endeudamiento, cierre de establecimientos y afectaciones familiares.
Por ello, la estrategia no puede limitarse a facilitar llamadas telefónicas o recibir reportes.
Es indispensable desarrollar mecanismos efectivos de protección, acom pañamiento y atención que permitan a las víctimas acudir ante las autoridades sin incrementar sus riesgos.
El Congreso mexiquense también analiza una propuesta para implementar un Sistema de Alerta Antiex-torsión mediante dispositivos, aplicaciones y botones de emergencia.
Aunque todavía se trata de una iniciativa legislativa, plantea la necesidad de fortalecer las respuestas in-mediatas ante situaciones de riesgo.
Resultados, la verdadera prueba
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez y las autoridades de seguridad estatales enfrentan el desafío de incorporar estas herramientas a una estrategia que permita evaluar resultados y responsabilidades.
Las nuevas disposiciones federales deberán acompañarse de indicadores públicos sobre denuncias recibidas, investigaciones iniciadas, víctimas protegidas, detenciones y resoluciones judiciales.
También será necesario distinguir entre reportes telefónicos, carpetas de investigación y casos efectivamente esclarecidos, para evitar interpretaciones equivocadas de las estadísticas.
La extorsión no desaparece con la publicación de acuerdos ni con la creación de nuevas oficinas. Su combate exige investigaciones sólidas, coordinación institucional y protección real para las víctimas.
La verdadera medida de estas disposiciones será su capacidad para reducir las amenazas y permitir que los mexiquenses desarrollen sus actividades sin estar sometidos al miedo ni a exigencias económicas ilegales.
