* Exigen diálogo con autoridades y con diputados locales……
* Advierten que el nuevo cobro afectaría la competitividad y piden reglas claras, tarifas diferenciadas y mesas permanentes de trabajo……
Por Mireya Álvarez
Organismos empresariales del Valle de Toluca hicieron un llamado al Ayuntamiento de Toluca y al Organismo Agua y Saneamiento local para suspender la aplicación de un incremento de hasta 61 por ciento en el cobro por recepción y saneamiento de aguas residuales, al considerar que la medida carece de criterios técnicos claros, afectaría severamente a los pequeños y medianos negocios y colocaría en desventaja al comercio formal frente a la informalidad.
Durante una conferencia de prensa, dirigentes CANACO- SERVyTUR, COPARMEX, CONCAEM, Patronato Pro Centro Histórico de Toluca; Unión de Estacionamientos del Valle de Toluca, y de la delegada municipal del Centro Histórico, coincidieron en que respaldan las acciones encaminadas a proteger el medio ambiente y fortalecer la infraestructura hidráulica; sin embargo, exigieron reglas transparentes, tarifas diferenciadas de acuerdo con el tipo de actividad económica y la instalación inmediata de mesas de diálogo para revisar el esquema de cobro.
El presidente del Patronato Pro Centro Histórico de Toluca, James Edward Marín Noriega, advirtió que el incremento podría representar un fuerte golpe para comercios, restaurantes, espacios culturales y prestadores de servicios del primer cuadro de la ciudad.
Marín Noriega, señaló que hasta ahora no existe claridad sobre la metodología utilizada para calcular las tarifas ni sobre los criterios para determinar quién pagará el porcentaje máximo, y consideró injusto que un centro cultural, un restaurante familiar o un pequeño negocio reciban el mismo tratamiento que una industria con descargas altamente contaminantes.
Asimismo, rechazó la intención de aplicar el cobro de manera retroactiva desde 2025 y pidió que las obligaciones también alcancen al comercio informal, el cual, dijo, utiliza la infraestructura pública sin sujetarse a los mismos procesos de regulación y fiscalización que enfrenta el comercio establecido.
Por su parte, Julián Niembro Rivera, presidente de Coparmex Estado de México, sostuvo que el único camino para resolver el conflicto es el diálogo entre autoridades y sector productivo.
Niembro Rivera, indicó que el recurso destinado al saneamiento debe emplearse efectivamente en el tratamiento de aguas residuales; sin embargo, afirmó que resulta inviable imponer de manera inmediata el porcentaje máximo permitido por la ley, en este sentido, propuso instalar una mesa permanente de trabajo para construir un esquema gradual que considere las diferencias entre cada giro comercial y la capacidad económica de las empresas.
En representación de la CANACO-SERVyTUR y de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes del Estado de México, Jorge Luis Pedraza Navarrete recordó que la Ley de Cámaras Empresariales establece la obligación de consultar previamente a los organismos empresariales cuando una disposición afecta directamente a sus afiliados.
Entre sus principales planteamientos destacó la necesidad de abrir un proceso formal de consulta, establecer mesas técnicas con el Organismo de Agua y definir con precisión la clasificación de usuarios. Pedraza Navarrete también cuestionó cómo se aplicará el cobro en plazas comerciales, inmuebles con captación pluvial, negocios abastecidos mediante pipas y establecimientos ubicados en delegaciones del municipio.
Además, el empresario insistió en que la autoridad debe garantizar condiciones de competencia equitativas frente al comercio informal, pues éste también descarga aguas residuales sin estar sujeto a los mismos controles administrativos.
La delegada del Centro Histórico de Toluca, Norma Rodríguez, afirmó que los comerciantes no buscan privilegios, sino justicia y reglas claras, y explicó que los locatarios cumplen con licencias, impuestos y obligaciones legales, por lo que consideró indispensable que cualquier ajuste tarifario sea producto del consenso, ante ello, informó que, desde la delegación, han recibido constantes quejas de empresarios que reportan una disminución en sus ventas y preocupación por nuevos incrementos en sus costos de operación.
Asimismo, hizo un llamado al Organismo de Agua para instalar una mesa de trabajo que permita alcanzar acuerdos antes de aplicar cualquier incremento.
A su vez, la presidenta de la Unión de Estacionamientos del Valle de Toluca, Thelma Sánchez, aseguró que el sector atraviesa una etapa económica complicada y que un incremento de esta magnitud pondría en riesgo la operación de numerosos negocios.
Thelma Sánchez, manifestó que los empresarios no se niegan a cumplir con sus obligaciones fiscales, pero solicitaron sensibilidad por parte de las autoridades para establecer cobros acordes con la realidad económica de cada actividad.
Finalmente, Verónica Valdés, vicepresidenta del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), señaló que desde administraciones anteriores el sector ha impulsado mesas de trabajo para precisar el alcance de los artículos 129 y 137 del Código Financiero, cuya redacción, afirmó, continúa siendo ambigua respecto al cobro por descargas residuales.
Verónica Valdés indicó que el comercio formal ya cubre diversos conceptos relacionados con agua, drenaje, permisos y análisis de descargas, por lo que aplicar además un incremento de hasta 61 por ciento generaría una pérdida de competitividad frente a municipios vecinos como Metepec.
Añadió que el verdadero problema ambiental también proviene de establecimientos irregulares y comercio informal que descargan residuos sin supervisión, por lo que pidió que las autoridades dirijan sus esfuerzos hacia todos los generadores de aguas residuales y garanticen que los recursos recaudados se destinen realmente a plantas de tratamiento e infraestructura hidráulica.
Durante la ronda de preguntas, los representantes empresariales coincidieron en que la actividad comercial en Toluca no registró la derrama económica esperada durante el Mundial de Clubes y señalaron que diversos negocios reportan una disminución en ventas, así como el cierre de establecimientos y el riesgo de que nuevas inversiones opten por instalarse en otros municipios con menores cargas fiscales.
Finalmente, reiteraron que su postura no busca confrontar al gobierno municipal, sino construir acuerdos que permitan proteger el medio ambiente sin comprometer la permanencia del comercio formal, el empleo y la competitividad económica de la capital mexiquense.
