* El gobierno estatal elimina 147 líneas de acción del Plan de Desarrollo 2023-2029, una decisión que abre cuestionamientos sobre la planeación original y la verdadera capacidad de cumplimiento de la administración……
A casi tres años del inicio de la administración estatal, el gobierno encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez decidió realizar una modificación de fondo al Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, eliminando 147 líneas de acción originalmente comprometidas, ajustando otras 180 e incorporando apenas 18 nuevas medidas, una decisión que, más allá del discurso oficial, revela que buena parte de las metas planteadas al inicio del sexenio simplemente no podrán concretarse en los términos en que fueron presentadas a los mexiquenses.
Aunque el gobierno estatal insiste en que la esencia del documento permanece intacta y que los cuatro ejes del cambio y los tres ejes transversales continúan vigentes, la magnitud de las modificaciones pone sobre la mesa una pregunta inevitable: si 147 líneas de acción tuvieron que ser eliminadas por problemas técnicos, financieros, materiales, humanos o normativos, ¿qué tan sólida fue la planeación original que sirvió como carta de navegación para la llamada transformación mexiquense?
La actualización del documento reconoce que muchas de las acciones planteadas carecían de viabilidad suficiente o presentaban inconsistencias metodológicas, duplicidades e incluso falta de sustento programático, elementos que evidencian deficiencias en la construcción inicial de un instrumento que debería haber sido elaborado con diagnósticos precisos y objetivos alcanzables.
El costo de planear sobre el papel
Los planes de desarrollo no son simples documentos administrativos. Constituyen compromisos públicos que establecen las prioridades de gobierno y permiten a los ciudadanos evaluar el desempeño de sus autoridades.
Por ello, la eliminación de casi una quinta parte de las líneas de acción originalmente planteadas no puede interpretarse únicamente como un ajuste técnico. También representa el reconocimiento implícito de que numerosas promesas gubernamentales fueron diseñadas sin contar con las condiciones necesarias para llevarlas a la práctica.
El argumento oficial señala que las circunstancias sociales, económicas, demográficas y ambientales han cambiado desde la elaboración del documento. Sin embargo, muchos de los obstáculos identificados ahora, como la falta de recursos, capacidades operativas o soporte normativo, debieron haber sido considerados desde el inicio.
La actualización busca presentar estos cambios como una muestra de flexibilidad institucional. No obstante, para diversos sectores también constituye una señal de improvisación que obliga a replantear objetivos que hace apenas unos años eran presentados como perfectamente alcanzables.
Resultados que contrastan con la realidad
La administración estatal sostiene que existen avances importantes en materia de combate a la pobreza, generación de empleo y reducción de la incidencia delictiva.
Según los datos presentados por el gobierno, entre 2022 y 2024 cerca de un millón 900 mil personas habrían salido de condiciones de pobreza, mientras que el Estado de México se ubicó como líder nacional en creación de empleos formales con más de 225 mil nuevas plazas registradas ante el IMSS.
Asimismo, se reporta una disminución superior a seis puntos en los indicadores de incidencia delictiva.
Sin embargo, estas cifras contrastan con una percepción social que continúa marcada por problemas estructurales que afectan diariamente a millones de habitantes.
La inseguridad sigue ocupando los primeros lugares entre las preocupaciones ciudadanas. La extorsión mantiene presencia en decenas de municipios. Las desapariciones continúan generando alarma. Los problemas de agua, movilidad y servicios públicos persisten en amplias regiones del territorio mexiquense.
En ese contexto, los indicadores positivos presentados por el gobierno enfrentan el desafío de traducirse en beneficios tangibles y visibles para una población que todavía percibe rezagos importantes en su calidad de vida.
Más control, pero también más exigencias
Uno de los aspectos más relevantes de la actualización es la incorporación de un mecanismo integral de seguimiento y evaluación mediante un tablero estratégico de control, además de futuras revisiones por parte del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (Copladem).
Sobre el papel, la medida representa un avance hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, también incrementa la responsabilidad del gobierno para demostrar que los ajustes realizados no son simplemente una manera de reducir metas difíciles de cumplir.
La transformación de los llamados proyectos prioritarios en acciones insignia, así como la incorporación de programas como Mujeres con Bienestar, apoyos al desempleo, restauración forestal, becas educativas y fortalecimiento policial, pretende concentrar esfuerzos en áreas consideradas estratégicas.
No obstante, el verdadero reto no radica en cambiar nombres o reorganizar objetivos, sino en ofrecer resultados verificables.
Menos promesas, más resultados
La actualización del Plan de Desarrollo puede interpretarse de dos maneras. La primera, como un ejercicio responsable de corrección institucional que busca adaptar las metas gubernamentales a la realidad actual. La segunda, como una admisión de que una parte importante de los compromisos originales fue construida sobre expectativas difíciles de cumplir.
Ambas lecturas tienen elementos válidos.
Lo cierto es que la eliminación de 147 líneas de acción demuestra que la planeación gubernamental no fue tan precisa como se prometió al inicio del sexenio. También confirma que los grandes documentos estratégicos suelen enfrentarse a la compleja realidad de un estado con profundas desigualdades, limitaciones presupuestales y desafíos estructurales acumulados durante décadas.
Ahora que el gobierno ha decidido reducir, ajustar y redefinir sus objetivos, la exigencia ciudadana será mucho más simple y directa: menos metas en el papel y más resultados visibles en las calles, en los hogares y en la vida cotidiana de los más de 18 millones de mexiquenses.
