Ignacio Salgado García presentó su renuncia irrevocable a la dirección general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), con efectos a partir del 1 de mayo. La decisión fue formalizada mediante un oficio fechado el 16 de abril de 2026 y dirigido a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
En el documento, el funcionario argumentó “motivos personales” para dejar el cargo, en apego a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. También solicitó la designación de la persona que recibirá formalmente la entrega de la institución.
La dimisión ocurre en un momento crítico para el ISSEMyM, que enfrenta una acumulación de problemas financieros y operativos.
Entre los principales retos destacan:
* Desabasto de medicamentos en sus unidades médicas
* Adeudos con proveedores que han afectado el suministro de insumos
* Saturación de los servicios de salud y deterioro de la infraestructura hospitalaria.
A este panorama se suma la presión creciente sobre el sistema de pensiones. El incremento sostenido en el número de jubilados, en contraste con una base limitada de trabajadores activos, ha encendido alertas sobre la viabilidad financiera del instituto en el mediano y largo plazo.
De forma paralela, usuarios del sistema han señalado de manera reiterada dificultades para surtir recetas completas, lo que los obliga a recurrir a servicios externos. También persisten inconformidades por los prolongados tiempos de espera para consultas, estudios y cirugías, que en algunos casos se programan con meses de anticipación debido a la alta demanda y la capacidad limitada.
El deterioro de instalaciones y equipo médico continúa siendo otro de los reclamos constantes tanto del personal como de los derechohabientes, con efectos directos en la calidad de la atención.
En este contexto, la atención se centra en quién asumirá la dirección del ISSEMyM y, sobre todo, en la capacidad de la próxima administración para enfrentar los problemas estructurales de un instituto que atiende a cientos de miles de trabajadores y jubilados del sector público estatal y municipal.
