* Desde este 10 de noviembre entra en vigor la reforma que incorpora las agresiones con sustancias corrosivas o inflamables al marco penal mexiquense; también establece atención médica, cirugías reconstructivas y rehabilitación psicológica para las víctimas……
Por Mireya Álvarez
Las agresiones cometidas contra mujeres mediante el uso de sustancias corrosivas o inflamables tendrán consecuencias penales específicas en el Estado de México, toda vez que, a partir de este martes 10 de noviembre de 2026, entró en vigor la reforma que tipifica la violencia ácida o química, con penas que pueden alcanzar hasta 36 años de prisión cuando existan circunstancias agravantes.
La modificación, publicada en la Gaceta del Gobierno, contempla cambios al Código Penal estatal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de reconocer la gravedad de estos ataques, fortalecer su persecución y evitar que queden impunes.
De acuerdo con las nuevas disposiciones, quienes cometan este tipo de agresiones podrán recibir condenas de entre cinco y 15 años de cárcel, aunque las sanciones aumentarán cuando el ataque provoque consecuencias irreversibles en la integridad de las víctimas.
Entre los agravantes se encuentran los casos en los que las sustancias utilizadas ocasionen desfiguración permanente, pérdida de órganos o afectaciones a alguno de los sentidos. También se contemplan circunstancias relacionadas con el vínculo sentimental, civil o laboral entre el agresor y la persona atacada.
Uno de los aspectos centrales de la reforma es que la responsabilidad del Estado no terminará con la investigación y el castigo de los responsables, sino que deberá garantizar condiciones para la recuperación de las sobrevivientes.
En ese sentido, se establece el acceso gratuito a procedimientos quirúrgicos reconstructivos, atención médica especializada durante periodos prolongados y acompañamiento psicológico para atender las secuelas emocionales de las agresiones.
Asimismo, los responsables estarán obligados a cubrir una compensación económica que contribuya a reparar los daños ocasionados y las afectaciones a la calidad de vida y autonomía de las víctimas.
Con esta reforma, el Estado de México se incorpora a la armonización estatal de la denominada Ley Malena, impulsada por sobrevivientes y organizaciones que durante años han exigido el reconocimiento de la violencia química como una manifestación extrema de violencia de género.
