* Empresarios gasolineros respaldaron la investigación contra dos funcionarios estatales y demandaron garantizar que las denuncias contra servidores públicos tengan seguimiento efectivo y consecuencias cuando existan responsabilidades……
Empresarios del sector gasolinero del Estado de México respaldaron las investigaciones contra dos funcionarios estatales detenidos por su presunta participación en actos de extorsión contra verificentros y estaciones de servicio, al considerar indispensable que cualquier señalamiento relacionado con posibles abusos de autoridad sea investigado y, en caso de comprobarse responsabilidades, sancionado conforme a la ley.
Los detenidos el pasado 10 de agosto fueron identificados como Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, localizado en Acapulco, Guerrero, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia, detenido en la Ciudad de México.
El caso adquiere relevancia porque empresarios del sector habían expuesto previamente señalamientos relacionados con presuntos actos de extorsión, incluso, el pasado 6 de julio, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, fueron planteadas denuncias provenientes de empresarios de gaseras y gasolineras.
Empresarios respaldan investigaciones
Jorge Luis Pedraza, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (ADIGAL), consideró positivo que las autoridades investiguen a servidores públicos cuando existen señalamientos por posibles conductas ilegales, aunque subrayó que corresponderá a las instancias competentes determinar si existe responsabilidad.
Desde la perspectiva empresarial, las detenciones también representan una oportunidad para fortalecer los mecanismos institucionales mediante los cuales comerciantes y propietarios de establecimientos regulados puedan denunciar posibles presiones, extorsiones o abusos cometidos por servidores públicos.
El dirigente destacó que uno de los principales objetivos debe ser recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que una denuncia tenga respuesta, particularmente cuando involucra a funcionarios que, aprovechando las atribuciones de sus cargos, pudieran ejercer presiones indebidas contra particulares.
También consideró necesario que los empresarios no tengan que recurrir sistemáticamente a medios de comunicación, conferencias públicas o instancias externas para conseguir que sus señalamientos sean escuchados.
El sector demanda que prevalezca el Estado de derecho y que ninguna denuncia por presunta extorsión sea ignorada, especialmente cuando existen facultades gubernamentales relacionadas con verificaciones, inspecciones, autorizaciones o sanciones.
Piden denunciar cualquier irregularidad
Ante las investigaciones, ADIGAL llamó a empresarios del Estado de México a utilizar los mecanismos legales disponibles, documentar cualquier posible irregularidad y mantener abiertos los canales de comunicación con las autoridades.
Pedraza consideró indispensable que exista coordinación entre autoridades y sector privado para impedir que posibles abusos queden sin consecuencias y para generar condiciones en las que los afectados puedan denunciar sin temor a represalias.
El llamado también fue dirigido a los servidores públicos, quienes tienen la obligación de desempeñar sus responsabilidades conforme a derecho y evitar cualquier conducta que pueda derivar en señalamientos por extorsión o abuso de autoridad.
Para el sector empresarial resulta particularmente preocupante que quienes tienen facultades para verificar, inspeccionar o autorizar establecimientos pudieran utilizar esas atribuciones como mecanismos de presión, pues ello afectaría tanto a las empresas como a la credibilidad de las instituciones.
Las investigaciones deberán continuar respetando la presunción de inocencia de los detenidos y corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales establecer responsabilidades.
Sin embargo, para los empresarios el caso también representa una prueba para las instituciones mexiquenses: demostrar que las denuncias contra funcionarios tienen seguimiento y que ningún cargo público puede convertirse en una herramienta para obtener beneficios indebidos.
