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Los olvidados del Bienestar

Por Karina A. Rocha Priego

Después de más de siete años y medio de Morena en el poder federal y en otros tantos estatales y municipales, hay una pregunta que pocas veces aparece en los discursos oficiales: ¿por qué seguimos viendo tantos mexicanos viviendo en las calles?.

Personas durmiendo debajo de puentes, afuera de hospitales, en estaciones, parques y banquetas, adultos mayores pidiendo monedas, familias enteras sobreviviendo de la caridad y personas que prácticamente han desaparecido de cualquier registro institucional.

La contradicción resulta brutal porque durante años escuchamos una frase convertida prácticamente en doctrina gubernamental: “por el bien de todos, primero los pobres”. Entonces preguntémonos: ¿existe alguien más pobre que quien no tiene siquiera dónde dormir?.

Los pobres que no caben en el Bienestar

Los programas sociales fueron presentados como la gran herramienta para atender a quienes históricamente habían sido olvidados, sin embargo, el propio funcionamiento burocrático puede convertirse en una barrera precisamente para quienes viven en condiciones extremas: identificación, CURP, registros, documentos y trámites.

Pero ¿qué presenta quien perdió todo?, ¿qué domicilio proporciona quien duerme debajo de un puente?, ¿cómo se incorpora al sistema quien ni siquiera sabe dónde conseguirá alimento mañana?.

Ahí aparece una de las contradicciones más dolorosas del llamado Bienestar: hay mexicanos tan marginados que ni siquiera logran entrar fácilmente a la maquinaria diseñada para ayudar a los marginados.

La peregrinación de nuestros viejitos

Pero la burocracia tampoco desaparece para quienes sí consiguen incorporarse, basta escuchar testimonios de adultos mayores y sus familias sobre vueltas, documentos, aclaraciones y desplazamientos para comprender la distancia entre el discurso de sensibilidad social y la experiencia cotidiana.

Mujeres y hombres de la tercera edad, algunos apoyándose en bastones, muletas o sillas de ruedas, deben desplazarse para rea lizar procedimientos que deberían estar dise ñados pensando precisamente en sus limitaciones y ¡eso indigna!.

Porque nuestros viejitos -las personas más hermosas del mundo- no deberían sentirse limosneros esperando un depósito gubernamental.

No reciben caridad, ejercen un derecho financiado con recursos públicos.

¿Bienestar de quién?

Entregar dinero ayuda, nadie sensato podría negarlo y para una familia vulnerable unos cuantos pesos pueden significar comida, medicamentos, transporte o servicios, pero una transferencia bancaria no necesariamente transforma las condiciones estructurales de pobreza.

Alguien puede recibir dinero y continuar sin médico, tener tarjeta y seguir sin medicamentos, recibir una pensión y vivir en una colonia sin agua, cobrar un apoyo y transitar por calles destruidas.

Entonces, ¿qué estamos midiendo?, ¿la cantidad de dinero repartido o la cantidad de vidas verdaderamente transformadas?

El dinero público exige vigilancia

Existe además otro asunto que debería investigarse permanentemente: quién recibe realmente los recursos pues, cuando hablamos de programas que movilizan cantidades gigantescas de dinero público, la fiscalización tendría que ser obsesiva; cualquier denuncia sobre beneficiarios que no deberían recibir determinados apoyos, servidores públicos inscritos irregularmente, intermediarios, duplicidades, prestanombres o mecanismos utilizados para desviar recursos merece investigación y pruebas, si bien no se puede acusar sin demostrar, tampoco puede suponerse que repartir miles de millones automáticamente garantiza honestidad.

Si llegara a comprobarse que funcionarios, operadores políticos o personas económicamente solventes reciben irregularmente dinero destinado a los más vulnerables, estaríamos frente a una perversión absoluta del sistema.

Transferir no significa transformar

México parece haber convertido la política social en una gigantesca operación de transferencias económicas, cuando combatir verdaderamente la pobreza requiere muchísimo más: educación, salud, empleo, agua potable, vivienda, seguridad, transporte, infra-estructura, productividad y oportunidades.

El éxito debería medirse también por cuántas personas consiguieron superar permanentemente las condiciones que las obligaron a solicitar ayuda, porque el objetivo final no tendría que ser presumir cada año más beneficiarios, sino lograr que cada vez más mexicanos puedan vivir dignamente sin depender de una transferencia gubernamental.

El dinero no pertenece al gobierno

Hay una verdad que suele perderse entre ceremonias, discursos, tarjetas y propaganda: el dinero de los programas sociales no pertenece al gobierno, no pertenece a Morena, no pertenece a la Presidencia, gobernadores ni presidentes municipales, pertenece al país.

El gobernante no mete la mano en su bolsillo para pagar una pensión, administra dinero público y quien administra dinero ajeno tiene obligación de explicar hasta el último peso.

Primero los pobres… pero de verdad

Si realmente queremos colocar primero a los pobres, habrá que comenzar por quienes ni siquiera tienen tarjeta bancaria: los que duermen en las calles, ancianos abandonados, familias sin agua, enfermos sin medicamentos, niños sin escuelas dignas y trabajadores sin oportunidades, ellos, queridos lectores, también son México.

¿Y si un día nadie pagara?

Mientras el gobierno presume cuánto dinero entrega, pocas veces recuerda con la misma insistencia de dónde sale ese dinero entonces, preguntémonos algo: ¿qué pasaría si todos los contribuyentes fiscales de México decidieran, solamente por un día, no pagar impuestos? Un día, nada más.

¿Qué ocurriría si empresarios, comerciantes, profesionistas, trabajadores independientes, médicos, abogados, pequeños negocios y todos aquellos que diariamente sostienen las finanzas públicas detuvieran durante 24 horas sus contribuciones?

El gobierno no regala su dinero, administra el dinero de los mexicanos, por eso los ciudadanos tienen derecho a preguntar dónde está, quién lo recibe, cómo se utiliza y qué resultados está produciendo.

Quizá entonces recordaríamos algo elemental: sin contribuyentes no hay presupuesto, sin presupuesto no existen programas sociales y sin quienes trabajan, producen y pagan, no habría miles de millones que repartir, descubriendo finalmente, quién depende realmente de quién.

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