Por Martha Romero
Las diferencias entre los registros oficiales de comunidades indígenas del Estado de México colocan nuevamente bajo cuestionamiento la coordinación de las instituciones responsables de garantizar sus derechos, particularmente cuando la falta de criterios homologados puede generar dificultades para su reconocimiento, representación política y acceso a programas públicos, una situación que exige respuestas concretas y no solamente compromisos administrativos.
Durante el Tercer Encuentro con Autoridades Indígenas Municipales, impulsado por la diputada Leticia Mejía García, representantes de pueblos originarios plantearon la necesidad de armonizar los catálogos utilizados por autoridades federales y estatales, con el propósito de evitar discrepancias que compliquen la identificación y atención de las comunidades.
Ausencio Valencia Largo, presidente del Colectivo Intercultural de Pueblos Indígenas del Estado de México, propuso establecer mesas de trabajo entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, a fin de revisar los registros y avanzar hacia mecanismos de coordinación institucional.
El planteamiento obliga a esclarecer cuántas comunidades aparecen reconocidas en cada catálogo, cuáles presentan diferencias de clasificación y qué consecuencias administrativas pueden enfrentar sus habitantes, porque la falta de información compatible entre dependencias representa un problema que debe atenderse mediante procedimientos transparentes.
También se propuso fortalecer las direcciones municipales de asuntos indígenas, instancias cuya capacidad de atención depende de contar con personal suficiente, recursos presupuestales y facultades claramente establecidas, aspectos que requieren una evaluación para determinar si responden efectivamente a las necesidades de la población.
Otro asunto relevante fue la propuesta de crear una Fiscalía Especializada para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, iniciativa que plantea revisar las condiciones de acceso a la justicia, la disponibilidad de intérpretes y la atención institucional con pertinencia cultural.
El desafío para las autoridades será transformar estas propuestas en acciones verificables, establecer responsabilidades concretas y garantizar que las comunidades participen directamente en las decisiones que afectan sus derechos.
La representación indígena no debe limitarse a encuentros, discursos o reconocimientos simbólicos, requiere presupuesto, mecanismos de participación y servicios públicos accesibles.
Sin coordinación institucional, recursos suficientes y seguimiento efectivo, las demandas de los pueblos originarios continuarán enfrentando obstáculos que corresponde resolver a las autoridades.