* Una manta localizada en Santa Ana Jilotzingo advirtió de co-bros de piso a diferentes actividades económicas; hasta ahora no existe confirmación oficial sobre quién colocó el mensaje……
Por Mary González
La amenaza del cobro de piso volvió a encender las alarmas en el Valle de Toluca, habitantes de Santa Ana Jilotzingo, municipio de Otzolotepec, denunciaron la aparición de una manta con exigencias económicas y amenazas contra quienes se nieguen a pagar, mientras vecinos comenzaron a organizarse para vigilar los accesos ante el temor de que las advertencias puedan traducirse en nuevas agresiones.
Los reportes difundidos hasta ahora indican que las cuotas alcanzarían hasta los 3 mil pesos semanales y estarían dirigidas a propietarios o trabajadores de pollerías, carnicerías, negocios de materiales para construcción, comerciantes de temporada y otras actividades económicas de la comunidad, la manta también contiene amenazas contra quienes participan en la vigilancia vecinal.
Guardias vecinales ante el miedo
La situación habría llevado a pobladores a instalar puntos de vigilancia en los accesos a Santa Ana Jilotzingo, donde buscan detectar vehículos o personas desconocidas ante el temor de incursiones de quienes presuntamente pretenden imponer los cobros.
Versiones difundidas por medios locales indican además que algunas actividades escolares habrían sido suspendidas ante el temor existente entre las familias, aunque hasta ahora no se localizó información oficial de autoridades educativas que permita determinar cuántos planteles resultaron afectados o durante cuánto tiempo.
El contenido atribuido a la manta eleva todavía más la preocupación, pues además de exigir dinero incluye amenazas de privar de la libertad a quienes no cumplan con los pagos e incluso referencias a posibles agresiones si los habitantes mantienen sus guardias, sin embargo, estos mensajes deben considerarse amenazas cuya autenticidad y autoría todavía requieren ser determinadas por las autoridades.
Hasta este 26 de septiembre tampoco existe confirmación pública localizada que permita atribuir formalmente la manta a una organización criminal específica, por lo que cualquier señalamiento sobre quién controla o pretende controlar esta actividad debe mantenerse en el terreno de la investigación.
Golpe a comunidad productiva
El caso adquiere otra dimensión por la importancia económica de Santa Ana Jilotzingo, comunidad conocida por la elaboración de banderas y artículos patrios que se comercializan en diferentes regiones de México.
Información difundida apenas semanas antes del episodio señalaba la existencia de alrededor de 29 talleres de elaboración de banderas, con aproximadamente 348 empleos directos, mientras algunos productores reportan pedidos de decenas de miles de piezas durante las temporadas de mayor demanda.
El eventual establecimiento sistemático de cuotas criminales no solamente amenazaría a comerciantes individuales, también puede golpear cadenas familiares de producción que representan uno de los principales motores económicos de esta comunidad.
La violencia no llega de cero
Santa Ana Jilotzingo ya ha registrado episodios graves de violencia, en mayo de 2024 la Secretaría de Seguridad estatal informó sobre un enfrentamiento entre dos grupos de aparentes talamontes que dejó dos personas muertas y varios lesionados, aquel episodio provocó el despliegue de Policía Estatal, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía mexiquense y corporaciones municipales.
Otzolotepec también vivió en abril de este año una protesta después del asesinato de un bicitaxista, compañeros de la víctima bloquearon accesos al municipio para exigir mayor seguridad y denunciaron antecedentes de incidentes delictivos contra integrantes del gremio.
Por ello, reducir la manta localizada esta semana a un episodio aislado sería prematuro, las amenazas necesitan investigarse dentro de un contexto regional donde la extorsión, los conflictos vinculados con actividades económicas y diversos episodios violentos han generado preocupación entre los habitantes.
Ahora la obligación de las autoridades es determinar quién colocó el mensaje, verificar las denuncias de cobro de piso, proteger a comerciantes y familias y evitar que sean los propios habitantes quienes tengan que asumir mediante guardias vecinales una función que corresponde al Estado.
Porque cuando una comunidad comienza a vigilar sus propios accesos para evitar la entrada de presuntos extorsionadores, el problema ya dejó de ser solamente una manta colocada durante la noche, se convierte en una señal de que el miedo está ocupando espacios que deberían estar bajo control de las instituciones de seguridad.
