* Finanzas analiza extinguir 19 fideicomisos públicos que habrían cumplido sus objetivos, pero falta conocer cuánto dinero conservan, quién ad ministra los recursos y cuál será el destino de los remanentes……
Por Karina Libien
La posible desaparición de 19 fideicomisos públicos del Estado de México abre un nuevo capítulo de interrogantes sobre la administración del dinero de los mexiquenses, particularmente porque hasta ahora no se ha informado de manera detallada cuánto dinero permanece depositado en estos instrumentos financieros, cuáles fueron sus resultados y qué ocurrirá con los recursos que eventualmente puedan recuperarse.
Durante su comparecencia ante el Congreso local, el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, informó que la administración estatal realizó un diagnóstico sobre el funcionamiento, costos y cumplimiento de objetivos de distintos fideicomisos, identificando 19 susceptibles de extinción por haber concluido, aparentemente, las funciones para las cuales fueron constituidos.
El anuncio representa una oportunidad para ordenar las finanzas públicas, pero también obliga a revisar si durante años permanecieron recursos sin utilizar, mientras hospitales, escuelas, carreteras y municipios enfrentaban necesidades presupuestales que continúan sin resolverse.
Porque extinguir un fideicomiso no significa automáticamente recuperar dinero disponible, primero deben conocerse sus obligaciones pendientes, compromisos contractuales, patrimonio y condiciones jurídicas para determinar qué cantidades pueden incorporarse legalmente a otras prioridades gubernamentales.
Recursos públicos que exigen cuentas claras
La principal interrogante consiste en conocer la identidad de los 19 fideicomisos, su fecha de creación, las dependencias responsables, las instituciones fiduciarias que los administran y los saldos registrados en sus estados financieros más recientes.
También resulta indispensable determinar cuánto dinero recibieron originalmente, qué rendimientos generaron, cuáles fueron sus gastos administrativos y qué beneficios concretos produjeron para la población.
No se puede descartar que algunos mantengan compromisos legítimos o recursos etiquetados, pero tampoco sería aceptable que existieran fondos improductivos sin una justificación administrativa suficiente.
Desde diciembre de 2024 se incorporaron disposiciones para facilitar la intervención de Finanzas en procesos de extinción de fideicomisos que hubieran cumplido sus objetivos, buscando recuperar recursos inactivos y fortalecer la hacienda estatal, por lo que corresponde explicar qué avances se han registrado desde entonces.
La Secretaría de Finanzas señaló que dispone del sistema Fideiconsulta para supervisar estos instrumentos, pero la transparencia debe traducirse en información accesible, verificable y suficientemente desglosada, no solamente en mecanismos internos de seguimiento.
El Congreso mexiquense y las autoridades fiscalizadoras deberán exigir un inventario completo, revisar las actas de los comités técnicos y vigilar que los eventuales remanentes tengan un destino legal, específico y comprobable.
La administración de Delfina Gómez Álvarez enfrenta así una prueba de rendición de cuentas, porque no bastará con anunciar que desaparecerán estructuras financieras, será necesario demostrar que su liquidación protege el patrimonio público.
La pregunta es inevitable: si estos fideicomisos ya cumplieron sus objetivos, ¿cuánto dinero conservan y por qué no se ha explicado públicamente qué sucederá con él?.
Reducir burocracia puede representar un avance, pero recuperar recursos, transparentar su administración y convertirlos en beneficios verificables para los mexiquenses será la verdadera medida de resultados.
