* Tras años de omisiones en las investigaciones, la Fiscalía mexiquense ofreció una disculpa pública a familiares de víctimas de Óscar García Guzmán; persisten cuestionamientos sobre compensaciones y responsabilidades de funcionarios……
Por Martha Romero
Toluca, México.- Después de casi seis años de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México documentara graves deficiencias en investigaciones relacionadas con feminicidios, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ofreció este lunes una disculpa pública a familiares de víctimas de Óscar García Guzmán, conocido como el “Monstruo de Toluca”, aunque permanece sin esclarecerse públicamente el cumplimiento integral de las medidas de reparación.
El acto, realizado en instalaciones de la Fiscalía, respondió a la Recomendación 3/2020, emitida el 26 de noviembre de 2020, que acreditó vulneraciones al derecho a la debida diligencia con perspectiva de género y contempló medidas para 17 personas agraviadas.
La disculpa fue presentada por Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, mientras familiares y representantes de las víctimas insistieron en que el reconocimiento institucional resulta insuficiente sin acciones verificables.
Omisiones que pudieron evitar tragedias
Las investigaciones relacionadas con García Guzmán exhibieron deficiencias institucionales que trascendieron errores administrativos, pues las denuncias y alertas iniciales no recibieron la atención oportuna que exigía la gravedad de los hechos.
Familiares han señalado que desde 2012 existieron antecedentes que debieron investigarse adecuadamente, antes de que se registraran nuevos crímenes contra mujeres en Toluca.
La intervención tardía de las autoridades abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de búsqueda, la atención a denuncias de desaparición y la responsabilidad de servidores públicos que participaron en los expedientes.
Aunque el agresor fue detenido en diciembre de 2019 y posteriormente recibió diversas sentencias condenatorias, las resoluciones judiciales no eliminan las obligaciones institucionales derivadas de las irregularidades documentadas.
Reparación económica y sanciones, bajo cuestionamiento
La recomendación contempló compensaciones económicas, inscripción de las personas agraviadas en el Registro Estatal de Víctimas, becas y otras medidas de reparación.
Sin embargo, no se cuenta con un desglose público actualizado que permita establecer cuáles fueron cubiertas, qué apoyos continúan pendientes y si las víctimas recibieron acompañamiento psicológico suficiente.
Tampoco se ha precisado públicamente qué consecuencias administrativas enfrentaron los funcionarios relacionados con las deficiencias identificadas.
La falta de información impide evaluar si la disculpa representa el cierre de las obligaciones institucionales o solamente el cumplimiento de una parte de ellas.
Familias exigen memorial para víctimas
Otra exigencia consiste en transformar el inmueble ubicado en Villas Santín, vinculado con los crímenes, en un memorial dedicado a las víctimas.
La propuesta busca preservar su memoria y recordar las consecuencias de la violencia feminicida y las omisiones oficiales.
El desafío para la Fiscalía encabezada por José Luis Cervantes Martínez será demostrar, mediante resultados documentados, que el reconocimiento de responsabilidades también se traduce en reparación, atención efectiva y garantías de no repetición.