Por Mary González
Mientras miles de mexiquenses enfrentan violencia, discriminación y dificultades para acceder a servicios de protección, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez abrió una licitación para contratar una consultoría externa encargada de elaborar el Modelo de Atención Integral para Ciudad Mujeres, decisión que genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos y la capacidad técnica de las instituciones estatales.
La Oficialía Mayor publicó el 20 de octubre la licitación LPNP-095-2026, cuya apertura de propuestas está programada para este lunes 26 de octubre.
Sin embargo, la convocatoria no permite conocer el costo definitivo del contrato ni todos sus alcances técnicos, situación que exige mayor transparencia.
¿Consultores externos para qué?
El Estado de México dispone de dependencias y personal especializado en igualdad de género, derechos humanos y atención a víctimas. Por ello, resulta indispensable explicar por qué necesita contratar especialistas externos y qué capacidades adicionales aportarán.
Una consultoría puede ofrecer herramientas técnicas, pero también representa el riesgo de financiar documentos que terminen archivados sin mejorar los servicios.
La administración estatal debe precisar si existen diagnósticos anteriores, cuánto costaron y qué resultados produjeron.
Recursos públicos sin costo definitivo
Aunque las bases de licitación cuestan dos mil 53 pesos, esa cantidad no corresponde al valor del contrato.
La ciudadanía necesita conocer el presupuesto autorizado, las empresas participantes, los criterios de selección y los productos que deberá entregar el proveedor ganador.
Hasta ahora no se ha acreditado ninguna irregularidad, pero la información económica incompleta obliga a exigir claridad.
Mujeres necesitan resultados
El proyecto deberá traducirse en atención jurídica, psicológica y mecanismos efectivos de protección, acompañados de infraestructura, presupuesto y personal capacitado.
La Secretaría de la Contraloría deberá vigilar el procedimiento, mientras Delfina Gómez Álvarez tendrá que explicar los beneficios esperados y los plazos para concretarlos.
Porque Ciudad Mujeres no puede convertirse únicamente en otro expediente administrativo: su verdadero resultado deberá medirse en servicios efectivos, protección y derechos garantizados para las mexiquenses.
