* Trabajadores denuncian adeudos desde 2024, presuntas amenazas, pagos discrecionales a directivos y gastos de viajes al extranjero; exigen investigar el manejo de los recursos públicos……
Por Mireya Álvarez
El Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango enfrenta una nueva controversia laboral y administrativa, luego de que trabajadores denunciaran prestaciones pendientes desde 2024, presuntos actos de intimidación y posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, situación que vuelve a colocar bajo cuestionamiento la administración de una institución fundamental para la atención médica del norte del Estado de México.
Este martes 20 de octubre, personal hospitalario mantiene una protesta pacífica, sin suspender la atención a los pacientes, para exigir respuestas documentadas sobre diversos compromisos laborales que, según sus denuncias, permanecen incumplidos.
Entre sus principales demandas se encuentra la aclaración del pago del Premio al Servidor Público correspondiente a 2024, 2025 y 2026, así como la compensación COVID-19 y otras prestaciones que aseguran fueron retiradas o permanecen pendientes.
También reclaman garantías contra posibles represalias y despidos injustificados, respeto a los periodos vacacionales y certidumbre sobre las condiciones laborales de trabajadores de nuevo ingreso, particularmente respecto de las prestaciones por riesgos de trabajo.
Cuestionan privilegios y gastos de directivos
La inconformidad adquiere mayor gravedad porque los señalamientos no se limitan a cuestiones salariales, sino que incluyen presuntos pagos discrecionales de bonos y cheques a integrantes del cuerpo directivo.
Los manifestantes solicitaron investigar los gastos de viajes realizados a Brasil y Argentina, conocer quiénes participaron, cuánto dinero público se utilizó y cuáles fueron los beneficios institucionales obtenidos.
Asimismo, demandaron revisar posibles casos de nepotismo, conflictos de interés, abuso de autoridad e irregularidades financieras, acusaciones que requieren una investigación formal antes de establecer responsabilidades.
El conflicto tampoco representa un episodio aislado, pues desde principios de 2026 trabajadores habían denunciado presunto hostigamiento laboral, decisiones administrativas cuestionables y problemas relacionados con la asignación de funciones médicas.
Sin respuestas suficientes, crece la inconformidad
Hasta el cierre de esta información no se había acreditado públicamente cuántos trabajadores enfrentan adeudos, el monto total reclamado ni un calendario oficial de pagos.
Tampoco se cuenta con evidencia de suspensión generalizada de los servicios médicos, ya que el propio personal asegura mantener la atención hospitalaria.
Sin embargo, la continuidad del servicio no elimina las obligaciones institucionales.
Las autoridades sanitarias deberán esclarecer los señalamientos, transparentar el ejercicio presupuestal y garantizar que ninguna persona trabajadora enfrente represalias por exigir sus derechos. Resultaría inaceptable que, mientras el personal reclama prestaciones pendientes, permanezcan sin explicación pública los gastos y beneficios económicos atribuidos a funcionarios administrativos.
La salud pública necesita hospitales equipados, trabajadores respetados y administraciones transparentes, no conflictos que se prolonguen hasta comprometer la confianza de pacientes y personal médico.
Verificación: La información corresponde a los reportes del 20 de octubre de 2026. No encontré cifras confirmadas sobre el número de afectados, los montos adeudados ni una resolución oficial del conflicto. Las denuncias sobre directivos permanecen como señalamientos no acreditados.
