* El hallazgo de excavaciones clandestinas en Tultitlán y Axapusco-Otumba exhibe la sofisticación alcanzada por el robo de combustible, mientras las tomas ilegales aumentaron cerca de 68 por ciento durante 2026……
Por Mary González
El huachicol parece haber dejado de conformarse con perforar ductos para comenzar a echar raíces bajo territorio mexiquense, el descubrimiento, en cuestión de días, de excavaciones y túneles construidos para alcanzar instalaciones de Pemex en distintos puntos del Estado de México exhibe una operación criminal que difícilmente puede explicarse como improvisada, detrás de cada túnel existen planeación, recursos, logística, conocimiento técnico y, sobre todo, tiempo suficiente para trabajar sin ser detectados.
Los casos detectados en Tultitlán y la zona de Axapusco-Otumba deberían encender las alertas más allá del impacto provocado por las imágenes de las excavaciones, porque construir infraestructura subterránea para llegar hasta un ducto requiere conocer con precisión su ubicación, profundidad y trayectoria, además de disponer de herramientas, trabajadores, vehículos y espacios desde donde operar durante días o incluso semanas sin despertar sospechas.
La pregunta inevitable es cómo una actividad de estas dimensiones puede desarrollarse prácticamente debajo de los ojos de autoridades, corporaciones de seguridad, gobiernos municipales y sistemas encargados de vigilar la infraestructura estratégica del país.
Una industria criminal bajo tierra
Un huachitúnel no aparece de la noche a la mañana, tampoco funciona únicamente con una persona armada con una pala, excavar decenas de metros implica retirar tierra, introducir materiales, utilizar herramientas, habilitar accesos y mantener movimiento constante de personas y vehículos, después viene una operación todavía más compleja, perforar el ducto, extraer combustible, almacenarlo y transportarlo.
Por eso resulta insuficiente presentar cada descubrimiento como un éxito aislado de las autoridades, encontrar el túnel es apenas el principio de una investigación que debería determinar quién lo construyó, quién financió los trabajos, durante cuánto tiempo funcionó, cuántos litros fueron sustraídos, qué vehículos eran utilizados, cuáles eran sus rutas y, principalmente, quién compraba el combustible robado.
Porque el huachicol no termina en la toma clandestina, necesita una red comercial capaz de colocar miles de litros en el mercado, requiere bodegas, pipas, operadores, compradores y puntos de distribución, perseguir solamente a quienes perforan los ductos mientras permanece intacta la estructura económica que transforma el combustible robado en dinero significa combatir apenas el último eslabón visible del negocio.
Las cifras desmienten cualquier tranquilidad
El crecimiento registrado durante 2026 dimensiona la gravedad del problema, durante el primer cuatrimestre del año fueron contabilizadas 329 tomas clandestinas en territorio mexiquense, frente a 196 registradas durante el mismo periodo de 2025, es decir, un incremento cercano al 68 por ciento.
No se trata de una variación menor ni de unos cuantos incidentes adicionales, significa que en apenas un año la infraestructura energética que atraviesa el Estado de México enfrenta una presión criminal considerablemente mayor, mientras las organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos demuestran capacidad para modificar sus métodos y construir instalaciones cada vez más difíciles de detectar.
La existencia de túneles agrega una dimensión particularmente preocupante, porque demuestra que algunos grupos tienen condiciones para establecer operaciones relativamente permanentes, invertir recursos y trabajar bajo tierra con la expectativa de recuperar ampliamente su inversión mediante el combustible sustraído.
Si las tomas clandestinas aumentan y simultáneamente aparecen excavaciones sofisticadas, entonces resulta indispensable preguntarse si la estrategia de vigilancia está avanzando al mismo ritmo que las organizaciones criminales o si las autoridades continúan reaccionando solamente cuando la infraestructura clandestina ya se encuentra terminada.
¿Quién no vio nada?
Cada nuevo hallazgo debería abrir también una investigación sobre posibles omisiones, resulta difícil imaginar excavaciones, movimiento de tierra, entrada y salida de vehículos y posteriormente traslado de combustible sin que absolutamente nadie observe actividades sospechosas.
Y aquí comienza una zona incómoda para las autoridades, porque aceptar que estas estructuras funcionaron durante algún tiempo obliga a reconocer fallas en vigilancia, inteligencia y coordinación, pero la alternativa sería todavía más grave, considerar la posibilidad de protección, complicidad o corrupción alrededor de algunas operaciones.
No basta con asegurar túneles, colocar sellos, decomisar herramientas y anunciar investigaciones, la verdadera medida del éxito será identificar a quienes dirigen las redes, seguir el dinero, localizar los puntos de almacenamiento y comercialización y determinar si existen servidores públicos involucrados por acción u omisión.
Un riesgo para miles de mexiquenses
El robo de combustible tampoco puede reducirse a las pérdidas económicas de Pemex, perforar ductos de manera clandestina representa un peligro permanente para comunidades completas, una fuga, una acumulación de vapores o una explosión pueden convertir en segundos una operación criminal aparentemente oculta en una tragedia para habitantes que quizá desconocen lo que ocurre debajo de sus viviendas, parcelas o caminos.
El Estado de México tiene además una enorme densidad poblacional y una extensa infraestructura carretera e industrial, características que facilitan la distribución del combustible robado, pero también multiplican las consecuencias potenciales de cualquier accidente provocado por una toma clandestina.
Por ello, la existencia de estos túneles no puede tratarse exclusivamente como otro episodio policiaco, estamos frente a un problema de seguridad pública, protección civil, corrupción, economía criminal y protección de infraestructura estratégica.
Lo descubierto puede ser apenas la superficie
Tultitlán y Axapusco-Otumba son hoy los puntos visibles, pero sería ingenuo suponer que necesariamente son los únicos, precisamente la naturaleza clandestina de estas construcciones impide conocer cuántas podrían permanecer activas bajo el territorio mexiquense.
La prioridad debería ser identificar corredores completos y no únicamente reaccionar ante hallazgos individuales, revisar predios cercanos a ductos, analizar movimientos inusuales de pipas, investigar bodegas, seguir redes de comercialización y cruzar información sobre tomas clandestinas permitiría conocer la verdadera dimensión del fenómeno.
Mientras eso no ocurra, cada túnel descubierto provocará una pregunta todavía más inquietante que el propio hallazgo, si grupos criminales tuvieron capacidad para excavar, conectarse a ductos, extraer combustible y construir toda una cadena de distribución sin ser detectados oportunamente, entonces alguien falló en vigilar una infraestructura que debería encontrarse bajo permanente supervisión.
Y mientras las autoridades exhiben los huachitúneles encontrados, queda pendiente explicar los que todavía podrían permanecer ocultos bajo el Estado de México, porque frente a un crecimiento cercano al 68 por ciento en las tomas clandestinas, la pregunta ya no es únicamente cuántos ductos han sido perforados, sino cuántos huachitúneles continúan funcionando sin que nadie los encuentre.
