Por Karina A. Rocha Priego
Hay cosas que resultan verdaderamente indignantes, pero pocas alcanzan el nivel de lo que actualmente sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde, mientras miles de derechohabientes enfrentan dificultades para conseguir medicamentos, consultas y tratamientos, las autoridades parecen más preocupadas por organizar recorridos de supervisión, tomarse fotografías y hablar de compromisos institucionales, que por resolver las deficiencias que trabajadores y pacientes denuncian diariamente.
Porque estarán de acuerdo en que anunciar una visita de supervisión a un hospital equivale, prácticamente, a avisar con anticipación que llegarán invitados importantes a una casa, entonces hay que barrer, acomodar los muebles, esconder lo que no funciona y llenar el refrigerador, aunque solamente sea para aparentar que todo marcha perfectamente, ¿de verdad creen las autoridades que así conocerán las condiciones reales en las que trabajan médicos y enfermeras?.
Y conste que no estamos afirmando que eso haya sucedido durante las inspecciones re-cientes, pero precisamente por ello deberían realizarse visitas sin previo aviso, escuchar a los pacientes y revisar los registros de medicamentos, porque de otra manera estos ejercicios corren el riesgo de convertirse en una auténtica pantomima institucional.
Mientras tanto, Tonatihu Ortiz Castillo, titular del IMSS Estado de México Poniente, acompañado por su equipo de colaboradores, recorrió los hospitales regionales 220 y 251, así como los hospitales de zona 58 y 194, supuestamente para conocer sus necesidades y revisar las condiciones de operación, una tarea que, dicho sea de paso, debería constituir una obligación permanente y no convertirse en motivo de celebración administrativa.
¿Escucha activa o simulación administrativa?
Resulta particularmente cuestionable que estos recorridos formen parte de una estrategia denominada Escucha Activa, impulsada desde la Dirección General encabezada por Zoé Robledo, porque si verdaderamente se está escuchando al personal, entonces habría que explicar por qué continúan las denuncias sobre insuficiencia de insumos, carencia de especialistas, sobrecarga laboral y dificultades para brindar atención oportuna.
Y aquí viene lo verdaderamente preocupante, esta redacción ha acompañado a pacientes al Hospital General Regional 220, en Toluca, donde, según los testimonios recogidos durante esas visitas, se les ha informado que determinados medicamentos no están disponibles y que existen dificultades para recibir algunos tratamientos, incluso se han mencionado renuncias de médicos, señalamientos que merecen una investigación inmediata, porque no se trata de cualquier servicio, estamos hablando de la salud y, en ocasiones, de la vida de una persona.
Entonces surge la pregunta obligada, ¿quién está ofreciendo una descripción más cercana a la realidad, las autoridades que presentan sus recorridos como avances institucionales o los pacientes y trabajadores que denuncian carencias dentro de las unidades hospitalarias?.
Tampoco podemos ignorar las protestas registradas en Toluca y Metepec, donde trabajadores han manifestado su inconformidad por cuestiones salariales y condiciones laborales, provocando bloqueos en Paseo Tollocan y afectaciones a miles de ciudadanos, sin embargo, detrás del congestionamiento vehicular existe un problema mucho más profundo, un sistema de atención que enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para responder a las necesidades de sus derechohabientes.
Las cuotas llegan puntuales, ¿y los servicios?
Pero hay otro asunto que merece especial atención, porque mientras trabajadores y patrones cumplen con sus aportaciones obligatorias al Seguro Social, los pacientes que denuncian desabasto o dificultades para obtener atención médica tienen derecho a preguntarse por qué el servicio recibido no corresponde con sus necesidades.
Las cuotas obrero-patronales se cobran conforme a la legislación vigente y los incumplimientos pueden generar actualizaciones, recargos y sanciones, entonces, ¿dónde están los resultados de ese financiamiento?, ¿cuánto se destina efectivamente a medicamentos, personal e infraestructura?, ¿qué porcentaje del presupuesto se encuentra comprometido y cuánto permanece pendiente de ejercer?.
Y antes de que alguien pretenda justificar las deficiencias señalando los recursos destinados a programas sociales, conviene aclarar que el financiamiento del IMSS y el de los distintos programas de bienestar obedecen a mecanismos presupuestales diferentes, habría que indagar si se debe atribuir el desabasto hospitalario a las pensiones de adultos mayores o a los apoyos sociales.
Pero, sin duda, hay que exigir cuentas claras a quienes administran los recursos de la seguridad social, porque ninguna explicación política sustituye una receta surtida, una cirugía realizada oportunamente o la presencia del especialista que necesita un paciente.
La salud no se arregla con fotografías
También sería conveniente que Zoé Robledo y Tonatihu Ortiz Castillo informaran públicamente cuántas plazas médicas permanecen vacantes, qué equipos están fuera de servicio, cuáles medicamentos registran problemas de suministro y cuántos procedimientos han sido reprogramados por causas atribuibles a insuficiencias operativas.
De igual manera, deberían presentar los resultados específicos de las visitas realizadas, acompañados de compromisos medibles, responsables identificables y fechas de cumplimiento, porque hablar de necesidades prioritarias sin explicar cuáles son solamente alimenta la incertidumbre.
Los trabajadores también merecen respuestas sobre sus condiciones salariales y laborales, especialmente cuando las negociaciones no han conseguido disipar la inconformidad, aunque las diferencias entre las exigencias sindicales y los ofrecimientos institucionales deben resolverse mediante información transparente y acuerdos verificables.
Aquí tampoco pueden permanecer al margen los representantes sindicales, quienes tienen la responsabilidad de defender los derechos de sus agremiados y participar en soluciones que permitan garantizar la continuidad de los servicios, sin utilizar las necesidades de pacientes y trabajadores como instrumentos de confrontación.
Finalmente, hay pacientes que siguen esperando medicamentos, consultas y tratamientos, por lo que las autoridades deberían comprender que la salud pública no puede administrarse desde una fotografía institucional.
Cuando una institución encargada de proteger la salud necesita anunciar que está escuchando a sus propios trabajadores para enterarse de lo que falta en sus hospitales, la pregunta más incómoda no es qué encontraron durante el recorrido, sino dónde estaban sus autoridades mientras esas carencias se acumulaban.
