Por Mireya Álvarez
El Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México continuará operando, al menos durante el inicio de 2026, pese a que ya fue aprobada la reforma constitucional que ordena su extinción como órgano garante, la ausencia de leyes secundarias mantiene al instituto en una zona de incertidumbre jurídica, administrativa y presupuestal, sin una fecha definida para el cierre definitivo de sus funciones.
Aunque el cambio constitucional ya es un hecho, el proceso para desmantelar formalmente al INFOEM, no ha avanzado en el marco legal que debe regular su desaparición y definir el nuevo modelo de transparencia en la entidad, esta falta de claridad, ha generado un escenario transitorio, en el que el organismo sigue activo pero sin certeza sobre su futuro inmediato ,ni sobre los pasos que deberán seguirse para su liquidación ordenada.
Para el ejercicio fiscal 2026, el INFOEM recibirá un presupuesto estimado en 91 millones de pesos, cifra que ha sido interpretada, de manera preliminar, como un recurso destinado, principalmente, a procesos de liquidación y cierre, sin embargo hasta el momento no existe información oficial sobre la distribución de ese presupuesto ni sobre las partidas específicas en las que será ejercido, esta indefinición se suma al vacío normativo que rodea el proceso de extinción.
Desde hace al menos dos años, el instituto ha enfrentado recortes presupuestales constantes, que derivaron en la reducción de personal y en la reconfiguración interna de áreas operativas, estos ajustes se realizaron como una medida preventiva ante el escenario de desaparición que ya se perfilaba, desde discusiones previas, a la reforma constitucional, aun así la falta de reglas claras impide planear, con certeza, el cierre institucional y la situación laboral del personal restante.
Mientras no se aprueben las leyes secundarias, el INFOEM seguirá operando como órgano garante y los sujetos obligados en el Estado de México, deberán continuar cumpliendo con todas sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, esto incluye la publicación de información en portales oficiales, la atención de solicitudes ciudadanas y el cumplimiento de resoluciones emitidas por el propio instituto.
El periodo de transición plantea interrogantes relevantes para la rendición de cuentas en la entidad, ya que no se ha dado a conocer cuál será la instancia que asumirá las funciones del INFOEM ni bajo qué criterios operará el nuevo esquema de transparencia, tampoco existe certeza sobre si el modelo garantizará la misma autonomía técnica y operativa que, hasta ahora, ha tenido el organismo.
La continuidad temporal del INFOEM, no elimina la preocupación sobre un posible debilitamiento institucional en materia de acceso a la información, especialistas y actores públicos han advertido que la indefinición prolongada, puede generar vacíos en la supervisión y en la protección de derechos fundamentales, relacionados con la transparencia.
En tanto no exista un marco legal completo, el INFOEM se mantendrá activo pero bajo una lógica de espera, operando con recursos limitados, personal reducido y sin una ruta clara de salida, el inicio de 2026 se perfila así, como un periodo clave para definir si el proceso de extinción avanza con orden y certidumbre o si la transparencia en el Estado de México entra en una etapa de mayor opacidad e improvisación.
