El Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se encuentra envuelto de nuevo en la polémica y las denuncias, que ponen en entredicho la mala gestación que el gobernador tuvo en el estado.
Ahora, fuentes al interior de la dependencia revelan que entre 2020 y 2023, la administración del gobernador de Veracruz usó a beneficiarios de programas sociales del gobierno de López Obrador para crear una red de empresas ‘fantasmas’ a las que se les otorgaron contratos millonarios en obras públicas sin que fueran realizadas; en la mayoría de los casos, los supuestos empresarios son jóvenes o adultos mayores que desconocían que las compañías que ayudaron a constituir recibían millones de pesos.
Hay que resaltar en ese tema que el gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz copió el mismo mecanismo que, hace seis años, empleaba el priista Javier Duarte de Ochoa para desviar recursos públicos y que lo llevó a la cárcel: contactan a personas de escasos recursos y las engañan para que firmen los papeles necesarios que les permitan crear empresas fantasmas; luego les dan contratos millonarios para obras de educación, salud e infraestructura y los recursos desaparecen, porque las obras no se hacen.
Igual que Duarte de Ochoa, la administración de Morena enlistó como empresarios a personas que viven en zonas marginales del estado. Esta vez no eran promotores del voto, como hacía el PRI, sino que eligieron a beneficiarios de los programas sociales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Apoyo al Empleo, Becas y Microcréditos para el Bienestar.
Según expresan esas voces denunciantes, en todos los casos los supuestos dueños de las empresas contratadas eran beneficiarios de estos programas sociales, que fueron engañados para firmar los papeles necesarios.
Nuevamente, las instituciones que debían atender a los más pobres son las que entregaron los contratos que consistían en mejorar la infraestructura sanitaria en las escuelas, construir “aulas didácticas” o pavimentar calles en algunas de las localidades más marginadas del estado, donde ni siquiera tienen servicio de drenaje y todo es terracería, según las denuncias presentadas.
Entre 2020 y 2023, en la administración de Cuitláhuac García, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, el Instituto de Espacios Educativos, el DIF estatal, la Secretaría de Salud y hasta la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz entregaron al menos 439 millones de pesos a cuatro empresas creadas poco antes de recibir los contratos y cuyos propietarios son, en realidad, beneficiarios de programas sociales y también a siete jóvenes que supuestamente contrataron, aun cuando tienen entre 20 y 28 años y también son beneficiarios, y no empresarios.
Las fuentes revelan también que todos los recursos entregados en estos contratos provienen de los recursos federales que entregan a los estados a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Regiones Marítimas.
También del programa Escuelas al Cien, creado por la administración de López Obrador, mediante el cual se entrega dinero supuestamente a los padres de familia para mejorar la infraestructura de las escuelas.
A nivel federal, la misma Secretaría de Educación Pública ha reconocido que no tiene ninguna prueba de cómo se gastaron los 23 mil millones de pesos destinados a ese programa en todo el país, como revelaron algunas denuncias en su momento.