Por Mireya Álvarez
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, confirmó que su administración mantiene abierta una investigación sobre un presunto exceso y venta irregular de plazas dentro del sistema educativo estatal, un tema que, dijo, “no solo preocupa, sino ocupa” a su gobierno.
Durante una breve entrevista mientras caminaba sobre los portales de la capital mexiquense, la mandataria explicó que el caso ya fue denunciado formalmente por el titular de la Secretaría de Educación estatal, lo que permitió iniciar un proceso de investigación a cargo de la fiscalía correspondiente.
“Se está haciendo una investigación, afortunadamente el secretario de Educación tuvo a bien denunciar, que así debe de ser, y ahorita se está llevando una investigación por parte de fiscalía”, señaló.
Aunque evitó ofrecer detalles específicos para no entorpecer las indagatorias, Gómez Álvarez aseguró que el tema se revisa de manera constante en la Mesa de Paz, un espacio donde autoridades estatales y federales analizan asuntos prioritarios en materia de seguridad y gobernabilidad.
La gobernadora adelantó que en próximas fechas podrían darse a conocer avances o resultados, y subrayó que su administración actuará conforme a la ley para sancionar posibles irregularidades. “La intención es dar lo que se tenga que hacer en las respectivas acciones para limpiar todo lo que se tenga que retirar”, expresó.
Cabe recordar que la presunta venta de plazas docentes es una problemática que ha sido denunciada en diversas entidades del país durante años. Este tipo de prácticas implica la asignación irregular de puestos dentro del sistema educativo, en ocasiones a cambio de dinero, lo que vulnera los principios de transparencia, mérito y equidad en el acceso al empleo público.
En el caso del Estado de México, uno de los sistemas educativos más grandes del país, cualquier anomalía en la asignación de plazas tiene un impacto significativo tanto en la calidad educativa como en la confianza ciudadana hacia las instituciones.
Especialistas en política educativa han señalado que este tipo de irregularidades suelen estar vinculadas a redes administrativas o sindicales, por lo que su investigación requiere procesos complejos y, en muchos casos, coordinación entre distintas autoridades.
La actual administración estatal ha insistido en una política de “cero tolerancia” a la corrupción, por lo que este caso podría convertirse en una prueba clave para medir el alcance de sus esfuerzos en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Por ahora, el gobierno estatal mantiene reserva sobre los detalles, mientras la fiscalía avanza en las indagatorias que podrían derivar en sanciones administrativas o penales contra los responsables.
