* El conflicto por el control del club vuelve a escalar mientras Fernando Flores enfrenta un proceso penal y accionistas denuncian nuevos obstáculos para ejercer sus derechos……
Por Mary González
El conflicto por el control del Club Deportivo La Asunción está lejos de terminar y nuevamente coloca bajo cuestionamiento la actuación del entorno del presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, luego de que un grupo de accionistas denunciara que se les impidió ingresar a las instalaciones pese a que, aseguran, cuentan con medidas precautorias judiciales que les permiten ejercer sus derechos dentro de la sociedad propietaria del inmueble.
Lo que durante meses fue presentado como una disputa interna o familiar ha adquirido dimensiones mucho mayores, no solamente por el valor económico del club y las acusaciones cruzadas entre accionistas, sino porque el propio alcalde terminó involucrado directamente en un episodio ocurrido el pasado 4 de junio, cuando ingresó a las instalaciones acompañado por escoltas armados, hechos por los cuales posteriormente fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad.
Un conflicto que viene de años
Los accionistas inconformes sostienen que las diferencias no comenzaron recientemente, sino que forman parte de una larga disputa por la administración del Club Deportivo La Asunción, distintas versiones difundidas públicamente ubican desde hace más de una década modificaciones internas y decisiones administrativas que provocaron inconformidad entre propietarios.
De acuerdo con los denunciantes, las disposiciones relacionadas con el cobro de cuotas de mantenimiento terminaron convirtiéndose en un mecanismo para restringir derechos de determinados accionistas, mientras que la administración sostiene que quienes mantienen adeudos deben regularizar su situación antes de ingresar.
La controversia derivó en procedimientos mercantiles mediante los cuales los inconformes buscan revertir disposiciones que consideran perjudiciales para sus derechos corporativos.
El problema volvió a escalar recientemente, cuando varios accionistas acudieron a las instalaciones con la intención, según su versión, de cubrir las cantidades que legalmente correspondieran y obtener información financiera de la sociedad, sin embargo, denunciaron que personal de seguridad les cerró nuevamente las puertas.
Los afectados aseguran que entre quienes intentaban ingresar había principalmente adultos mayores y que durante la confrontación se produjeron discusiones, empujones y momentos de tensión.
Acusan desacato a resoluciones
El punto más delicado de la nueva confrontación es la afirmación de los accionistas de que existen medidas precautorias emitidas dentro del litigio que protegerían sus derechos mientras se resuelve el fondo del procedimiento.
De confirmarse que las determinaciones judiciales ordenan permitirles ejercer plenamente esos derechos, impedirles el acceso dejaría de ser solamente una controversia administrativa y abriría interrogantes sobre el cumplimiento efectivo de las resoluciones jurisdiccionales.
Los accionistas también señalaron a Alejandro Flores, identificado como apoderado legal del Club Deportivo La Asunción y sobrino del alcalde, a quien acusaron de insultar a uno de los inconformes durante el incidente, los denunciantes aseguran contar con grabaciones de lo ocurrido.
Alejandro Flores ha rechazado los señalamientos y sostiene que la negativa de acceso responde al incumplimiento de obligaciones económicas, particularmente cuotas que algunos accionistas presuntamente adeudan desde 2020.
Un inmueble millonario
Detrás del enfrentamiento existe además un componente económico imposible de ignorar, los inconformes estiman que el inmueble donde funciona el club podría alcanzar un valor aproximado de 640 millones de pesos, cifra que explicaría, desde su perspectiva, la intensidad de la batalla por conservar o recuperar posiciones dentro de la sociedad.
Los accionistas han denunciado públicamente que durante años se habría desarrollado un proceso de concentración de acciones y control administrativo, acusaciones que deberán probarse ante las autoridades correspondientes y sobre las cuales las personas señaladas tienen derecho a defenderse.
Sin embargo, el problema rebasa ya cualquier desacuerdo ordinario entre socios, porque el conflicto terminó involucrando directamente a quien gobierna Metepec.
El alcalde, bajo proceso
El episodio del 4 de junio marcó un punto de quiebre, videos difundidos públicamente mostraron a Fernando Flores ingresando al Club Deportivo La Asunción acompañado por escoltas que portaban armas largas, en medio de empujones y confrontaciones.
La gravedad de aquellas imágenes llevó el asunto incluso hasta Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la conducta del alcalde y consideró impropio que un servidor público llegara acompañado por personas armadas en esas circunstancias.
Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó el caso ante tribunales y Fernando Flores fue vinculado a proceso por abuso de autoridad, el juez estableció medidas cautelares y abrió un periodo de investigación complementaria, aunque el edil decidió permanecer al frente del Ayuntamiento de Metepec.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria y Flores conserva la presunción de inocencia, pero políticamente el escenario resulta incómodo, un presidente municipal encargado de hacer cumplir la ley enfrenta un procedimiento penal precisamente por hechos relacionados con el uso presuntamente indebido de su posición y de personal de seguridad en medio de una controversia privada.
La sombra del poder
Reducir todo a un “conflicto familiar” resulta cada vez más difícil, porque cuando escoltas vinculados a la protección de una autoridad municipal aparecen armados dentro de una disputa privada, la frontera entre los asuntos particulares y el ejercicio del poder público necesariamente queda bajo escrutinio.
Ahora los nuevos señalamientos de accionistas vuelven a colocar al Club Deportivo La Asunción en el centro de la polémica y obligan a preguntar hasta dónde llega realmente esta disputa y por qué después de años de litigios no existen condiciones para que las partes hagan valer sus derechos sin confrontaciones.
Será responsabilidad de los tribunales determinar quién tiene jurídicamente la razón sobre la administración, las cuotas y los derechos corporativos, pero también corresponde a las autoridades garantizar que ninguna relación política, familiar o económica se coloque por encima de una resolución judicial.
Porque en La Asunción ya no solamente está en disputa el control de un inmueble millonario, también está en juego la credibilidad de las instituciones frente a ciudadanos que exigen que la ley tenga exactamente el mismo peso para todos.
