* La promesa de acabar con la corrupción enfrenta hoy su prueba más difícil: demostrar que la honestidad no era sólo un discurso de campaña, sino una manera distinta de gobernar……
Por Karina A. Rocha Priego
La promesa de una nueva moral pública
Cuando Andrés Manuel López Obrador inició su campaña presidencial, construyó un relato sencillo y poderoso: el principal problema de México era la corrupción y bastaba con sacar del gobierno a “los corruptos de siempre” para transformar al país.
El mensaje encontró eco entre millones de ciudadanos cansados de décadas de escándalos protagonizados por gobiernos del PRI y PAN, donde los casos de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, conflictos de interés e impunidad parecían repetirse sexenio tras sexenio.
Morena convirtió el combate a la corrupción en mucho más que una política pública, lo elevó a una doctrina política, a una bandera de identidad y a una supuesta superioridad moral frente a sus adversarios.
La narrativa fue clara: el movimiento no sólo representaba un cambio de gobierno, sino una transformación ética del ejercicio del poder. Quien criticaba al nuevo régimen era acusado de defender privilegios; quien cuestionaba decisiones oficiales era señalado como parte de la vieja corrupción.
La discusión pública dejó de centrarse únicamente en los hechos para trasladarse al terreno de la moralidad política.
Sin embargo, gobernar es mucho más complejo que hacer campaña: administrar miles de millones de pesos, coordinar cientos de dependencias y supervisar a decenas de miles de funcionarios implica riesgos permanentes de corrupción, negligencia y abuso de poder. Ningún gobierno está exento de enfrentar esos desafíos. La diferencia radica en la forma en que responde cuando los casos aparecen.
Los expedientes comenzaron a acumularse
Con el paso de los años comenzó a surgir una realidad imposible de ocultar: funcionarios identificados con Morena empezaron a aparecer en investigaciones administrativas, auditorías, denuncias penales, observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, expedientes de fiscalías estatales, procesos judiciales e incluso investigaciones internacionales.
A ello se sumaron señalamientos contra gobiernos estatales y municipales encabezados por militantes del partido oficial, alimentando una percepción cada vez más difícil de contener.
Lo preocupante no es únicamente el número de casos, lo verdaderamente delicado es que muchos de ellos involucran precisamente a quienes llegaron prometiendo representar una nueva forma de ejercer el poder.
La expectativa ciudadana era distinta porque la promesa también lo fue, Morena no ofreció simplemente administrar mejor los recursos públicos; aseguró que la corrupción dejaría de ser una práctica estructural del gobierno.
Segalmex terminó convirtiéndose en el mayor escándalo financiero de un organismo público en varias décadas; lo que nació como un programa destinado a garantizar alimentos accesibles para la población terminó exhibiendo miles de millones de pesos observados por irregularidades relacionadas con contratos simulados, empresas ‘fantasma’, compras sin respaldo documental, pagos indebidos y operaciones financieras que continúan bajo investigación.
Durante años el discurso oficial intentó minimizar el problema asegurando que se trataba de “unos cuantos funcionarios corruptos”, pero conforme avanzaron las investigaciones aparecieron más órdenes de aprehensión, más funcionarios detenidos, más operadores financieros involucrados y más procesos penales abiertos.
Cada nueva revelación debilitaba la narrativa que el combate a la corrupción era una característica exclusiva del nuevo gobierno.
La prueba más difícil para Morena
El daño político ya estaba hecho, pues difícilmente puede sostenerse un discurso de honestidad absoluta cuando el caso de corrupción más cuantioso del sexenio ocurrió precisamente dentro de la administración que prometía erradicar esas prácticas.
Pero Segalmex no fue un hecho aislado, pues en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte las auditorías revelaron observaciones millonarias y diversos procedimientos administrativos.
En distintas entidades surgieron investigaciones contra gobernadores, exgobernadores, alcaldes, secretarios estatales y funcionarios municipales. También aparecieron denuncias relacionadas con contratos públicos, adquisiciones, uso de recursos federales, presuntas redes de corrupción y posibles vínculos con actividades ilícitas que hoy continúan siendo materia de procesos judiciales o investigaciones ministeriales.
Es indispensable reconocer que jurídicamente toda persona mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme y las investigaciones, por sí mismas, no equivalen a culpabilidad, sin embargo, en el terreno político la exigencia suele ser distinta: cuando un movimiento construye buena parte de su legitimidad sobre la promesa de ser moralmente diferente, los estándares de evaluación también se elevan.
Ahí es donde Morena enfrenta hoy su mayor desafío y no porque pueda afirmarse que todos sus gobiernos sean corruptos, sino porque los mecanismos de control político, las respuestas institucionales y, en algunos casos, la defensa automática de funcionarios señalados comienzan a parecerse demasiado a las prácticas que durante años criticó con dureza.
El discurso frente a la realidad
Mientras los adversarios eran exhibidos diariamente desde las conferencias oficiales, muchos de los casos internos fueron tratados con evidente cautela; algunos fueron minimizados, otros desaparecieron rápidamente de la discusión pública y varios terminaron diluidos dentro de una narrativa donde la corrupción siempre parecía pertenecer al pasado, nunca al presente, y esa estrategia, estarán de acuerdo, puede ofrecer resultados temporales en el terreno político, pero difícilmente modifica la realidad.
Los expedientes existen; las auditorías continúan documentando irregularidades; las fiscalías integran carpetas de investigación; los jueces emiten resoluciones y las instituciones fiscalizadoras mantienen abiertas observaciones que deberán aclararse conforme avancen los procedimientos legales.
Al final, la bandera que alguna vez unificó a millones de mexicanos comienza a mostrar desgastes evidentes y no porque la corrupción haya desaparecido de otros partidos, sino porque la promesa de erradicarla desde el poder enfrenta hoy la prueba más difícil de todas, pues esa corrupción ahora es del partido en turno: Morena.
