Por Karina A. Rocha Priego
Sin lugar a dudas, y luego del citatorio que recibiera la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de parte de la Fiscalía General de la República, tendríamos que preguntarnos cuál es el verdadero trasfondo de un caso que, lejos de limitarse a una investigación administrativa o jurídica, se ha convertido en una batalla política de alto calibre.
Todo gira alrededor del desmantelamiento de un gigantesco laboratorio de drogas sintéticas localizado en El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, no se trató de una cocina improvisada ni de un pequeño centro de producción clandestino. Las autoridades localizaron decenas de toneladas de sustancias químicas, miles de litros de metanfetamina y una infraestructura industrial que evidenciaba la capacidad operativa de una organización criminal con recursos millonarios.
El operativo involucró a fuerzas federales, estatales y personal de inteligencia, sin embargo, la polémica surgió cuando comenzaron a aparecer versiones sobre la presunta participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano y fue entonces cuando el asunto dejó de ser policiaco para convertirse en político.
Soberanía como bandera
La postura oficial del Gobierno Federal ha sido clara: el problema no sería el desmantelamiento del laboratorio, sino la posible intervención de personal extranjero sin autorización de las autoridades federales competentes.
Desde esa óptica, la investigación busca determinar quién permitió la participación de esos elementos y si se violaron disposiciones relacionadas con la seguridad nacional.
El argumento es válido desde una perspectiva institucional, toda vez que ningún país puede permitir que fuerzas extranjeras operen libremente dentro de su territorio sin conocimiento de las autoridades nacionales.
Sin embargo, también resulta inevitable preguntarse por qué la indignación parece concentrarse más en quién participó en el operativo que en el hecho de que existiera una instalación capaz de producir toneladas de drogas sintéticas destinadas al mercado internacional.
La discusión pública terminó desplazándose del crimen organizado hacia la disputa política, y ahí comienzan las sospechas.
Guerra contra los cárteles cambió
Lo ocurrido en Chihuahua no puede analizarse sin entender lo que está sucediendo en Estados Unidos.
La administración estadounidense ha endurecido su postura frente a las organizaciones criminales mexicanas y ha comenzado a catalogar a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
¿Por qué? Porque Washington sostiene que estas organizaciones ya no son simples grupos dedicados al narcotráfico.
Controlan territorios, ejercen violencia sistemática, poseen estructuras financieras internacionales, trafican personas, extorsionan sectores productivos completos y cuentan con capacidad para introducir cantidades masivas de fentanilo que han provocado decenas de miles de muertes por sobredosis en territorio estadounidense.
Desde la óptica norteamericana, el problema dejó de ser exclusivamente criminal y se convirtió en una amenaza para la seguridad nacional.
Esa clasificación permite utilizar herramientas más agresivas: sanciones financieras, persecución internacional de activos, congelamiento de cuentas y una mayor presión sobre redes de apoyo.
Sombra de la intervención
Precisamente por esa nueva estrategia es que comenzaron a surgir versiones sobre una mayor participación de agencias estadounidenses en labores de inteligencia relacionadas con organizaciones criminales mexicanas. La lógica es sencilla.
Si Washington considera a determinados cárteles como organizaciones terroristas, inevitablemente incrementará sus esfuerzos para obtener información, infiltrar estructuras financieras y colaborar con corporaciones mexicanas.
El problema aparece cuando esa cooperación, supuestamente, cruza la línea de la soberanía nacional y es ahí donde el caso Chihuahua adquiere una dimensión mucho mayor.
Porque si efectivamente existieron elementos estadounidenses participando en actividades operativas, el Gobierno Federal tendría razones para exigir explicaciones.
Pero si la investigación termina utilizándose como un instrumento de desgaste político contra una gobernadora de oposición -que se presume, es lo que está sucediendo-, el asunto dejaría de ser un tema de legalidad para convertirse en una vendetta partidista.
¿Justicia o ajuste de cuentas?
La pregunta que muchos ciudadanos comienzan a formularse es incómoda: ¿Por qué una acción que terminó con uno de los mayores laboratorios de drogas sintéticas descubiertos en los últimos años terminó colocando bajo presión a quien respaldó políticamente el operativo?.
La respuesta oficial apunta a la defensa de la soberanía; la respuesta de sus críticos apunta a una posible persecución política.
Y entre ambas versiones aparece una tercera interpretación que circula cada vez con más fuerza: que la destrucción de una instalación capaz de generar ganancias multimillonarias afectó intereses demasiado poderosos.
Esa hipótesis carece de pruebas concluyentes, pero encuentra terreno fértil en un país donde la desconfianza hacia las instituciones crece cada año y donde la infiltración del crimen organizado en varios niveles de gobierno ha sido documentada durante décadas.
Una señal preocupante
Lo verdaderamente preocupante es que el país parece incapaz de sostener una discusión de fondo sobre el crimen organizado sin convertirla en una guerra política.
Mientras unos defienden a Maru Campos como víctima de una ofensiva partidista, otros la presentan como responsable de una posible violación a la legislación nacional, mientras tanto, el problema central permanece intacto.
Los cárteles continúan expandiendo su poder económico y territorial, el tráfico de drogas sintéticas sigue generando ganancias multimillonarias y la violencia permanece como una amenaza cotidiana para millones de mexicanos.
Por eso el caso Chihuahua representa mucho más que una disputa entre una gobernadora panista y el Gobierno Federal.
Es el reflejo de un país atrapado entre la lucha contra el crimen organizado, la presión de Estados Unidos, la defensa de la soberanía nacional y una polarización política que amenaza con contaminar cualquier investigación.
La ciudadanía merece saber quién autorizó qué, quién participó en el operativo y si se violó alguna norma. Pero también merece algo más importante: que la prioridad nacional siga siendo combatir a los grupos criminales que han convertido amplias regiones del país en territorios dominados por el miedo, la extorsión y la violencia.
Porque cuando la política termina eclipsando la seguridad, los únicos que realmente ganan son los criminales.
