Por Karina A. Rocha Priego
Pocas veces un escándalo político logra condensar en un solo episodio tantos de los vicios que durante años la clase gobernante prometió combatir.
Lo ocurrido en Tenancingo, donde la presidenta municipal Nancy Nápoles Pacheco es investigada por su probable participación en la presunta simulación de un secuestro para justificar un faltante millonario en las finanzas públicas, no es únicamente un asunto judicial o administrativo. Se trata de un caso que amenaza con convertirse en uno de los símbolos más devastadores para Morena rumbo a la elección de 2027 en el Estado de México.
Si las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México logran acreditarse, estaríamos frente a un hecho de enorme gravedad, no sólo porque una autoridad municipal habría utilizado la mentira para intentar encubrir un presunto desfalco cercano a los 40 millones de pesos, sino porque se habría manipulado deliberadamente el miedo colectivo, movilizado recursos institucionales y generado alarma social mediante la simulación de uno de los delitos más dolorosos que enfrenta el país.
Durante días, la opinión pública observó con preocupación la supuesta desaparición de una alcaldesa; se activaron protocolos, se movilizaron corporaciones de seguridad y se generó una legítima indignación social.
Hoy, la narrativa parece completamente distinta, pues lo que inicialmente fue presentado como una víctima podría terminar siendo señalado como parte de una estrategia para ocultar irregularidades financieras.
El problema para Morena es que este episodio no ocurre en el vacío, llega después de una larga cadena de contradicciones, escándalos y promesas incumplidas que han ido erosionando el discurso moral con el que el movimiento conquistó el poder.
El desgaste de la superioridad moral
Durante años, los dirigentes morenistas construyeron su legitimidad asegurando que eran distintos a los partidos tradicionales; prometieron erradicar la corrupción, acabar con la impunidad y desterrar las viejas prácticas del sistema político mexicano.
Millones de ciudadanos les creyeron porque estaban cansados de los excesos del PRI, del PAN y de una clase política que parecía incapaz de responder a las demandas sociales.
Sin embargo, una vez alcanzado el poder, la realidad comenzó a contradecir el discurso.
Los casos de corrupción dejaron de tener colores partidistas, los escándalos aparecieron en gobiernos municipales, estatales y federales en-cabezados por personajes que se presentaban como representantes de la llamada transformación.
Lo que antes era motivo de indignación absoluta comenzó a justificarse, minimizarse o simplemente ignorarse cuando involucraba a integrantes del propio movimiento.
Ese doble rasero es precisamente lo que vuelve tan delicado el caso de Tenancingo.
Si un alcalde del PRI o del PAN hubiera sido acusado de fingir un secuestro para justificar la desaparición de decenas de millones de pesos, Morena habría convertido el asunto en una bandera nacional.
Habrían exigido renuncias inmediatas, investigaciones ejemplares y castigos severos; hoy, en cambio, prevalece un silencio incómodo que evidencia cómo la indignación selectiva se ha convertido en una práctica habitual dentro del oficialismo. Consecuencias políticas podrían ser profundas.
2027 y la factura electoral
El Estado de México representa la joya electoral más importante del país después de la Presidencia de la República.
La elección de 2027 será determinante para medir la fortaleza real de Morena después de varios años de gobiernos estatal y Federal; cada escándalo municipal alimenta una narrativa que la oposición buscará explotar durante la próxima campaña, porque el problema ya no es únicamente Nancy Nápoles.
El problema es la percepción de que Morena comenzó a parecerse demasiado a aquello que prometió destruir.
La ciudadanía observa alcaldes cuestionados, funcionarios investigados, conflictos internos, señalamientos de corrupción y una creciente distancia entre el discurso oficial y los resultados concretos.
Cada nuevo caso debilita la credibilidad de una marca política que durante años se sostuvo precisamente sobre la idea de superioridad moral y, a nivel nacional, el impacto también es significativo.
La llamada Cuarta Transformación construyó buena parte de su narrativa sobre la honestidad de sus cuadros políticos, cuando uno de esos cuadros aparece relacionado con hechos tan graves como una presunta simulación de secuestro vinculada a recursos públicos desaparecidos, la credibilidad del proyecto completo resulta afectada.
Los ciudadanos pueden tolerar errores administrativos, pero lo que difícilmente perdonan es sentirse engañados y eso es, precisamente, lo que vuelve tan peligroso este episodio para Morena.
La confianza pública no se pierde de golpe, se erosiona poco a poco, escándalo tras escándalo, contradicción tras contradicción, promesa incumplida tras promesa incumplida, cada caso se acumula en la memoria colectiva hasta formar una percepción general y hoy, Tenancingo podría convertirse en uno de esos momentos que marcan una etapa política, no porque por sí solo determine una elección, sino porque simboliza algo más profundo: el desgaste de un discurso que prometió transformar la vida pública y que hoy enfrenta cuestionamientos cada vez más difíciles de responder.
La investigación apenas comienza y corresponde a las autoridades determinar responsabilidades, pero políticamente el daño ya está hecho.
La pregunta que muchos ciudadanos empiezan a formular no es si Morena es distinto a los partidos que criticó durante décadas, la verdadera pregunta es cuánto tiempo más podrá sostener que lo es.
El silencio de Delfina
El caso Tenancingo coloca a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez frente a una de las pruebas políticas más delicadas de su administración; si Morena llegó al poder prometiendo combatir la corrupción sin importar nombres ni partidos, hoy tiene la obligación de demostrarlo con hechos.
Las investigaciones sobre la presunta simulación del secuestro de la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco y el posible faltante de millones de pesos en las finanzas municipales han generado una enorme preocupación pública, sin embargo, desde las más altas esferas del poder estatal no se observa la contundencia que Morena exigía cuando casos similares involucraban a políticos de otros partidos.
La pregunta resulta inevitable: ¿la justicia aplica igual para todos o depende del color de la camiseta?.
Si las acusaciones se confirman, no se trataría únicamente de una irregularidad administrativa, sino de una conducta que habría utilizado instituciones públicas y la alarma social generada por un supuesto secuestro para encubrir hechos mucho más graves.
Delfina Gómez aún tiene la oportunidad de demostrar que la ley está por encima de los intereses partidistas, de lo contrario, Tenancingo podría convertirse en el ejemplo más claro de cómo Morena terminó reproduciendo las mismas prácticas que durante años prometió erradicar y castigar.
