Por Karina A. Rocha Priego
* Marchas, plantones y bloqueos exhiben el hartazgo social frente a gobiernos incapaces de resolver conflictos laborales, desapariciones, reclamos educativos y demandas campesinas, mientras miles de ciudadanos terminan pagando las consecuencias de la indiferencia oficial……
¿Qué no pasa nada?. ¡Claro que pasa!. México ¡se está convulsionando! Viéndose los ciudadanos en la necesidad de tomar las calles y no precisamente para celebrar los resultados de sus gobiernos, sino para exigir aquello que las autoridades tienen la obligación de garantizar: justicia, seguridad, atención médica, educación, empleo y soluciones a conflictos que, lejos de resolverse mediante el diálogo, terminan convertidos en marchas, plantones y bloqueos carreteros, con una ciudadanía atrapada entre la desesperación de quienes protestan y la incapacidad de quienes gobiernan.
Este miércoles 21 de octubre, varias movilizaciones volvieron a colocar bajo presión a las autoridades, desde trabajadores del sector salud y jubilados en la Ciudad de México, hasta colectivos de búsqueda en el Estado de México, campesinos de Guerrero y sectores educativos de Oaxaca, un panorama que evidencia cómo los problemas acumulados terminan estallando en la vía pública.
Lo preocupante no es solamente el número de manifestaciones, sino la normalización de un fenómeno que debería encender todas las alarmas políticas, porque cuando ciudadanos consideran indispensable cerrar una carretera, instalar un plantón o paralizar una avenida para conseguir una audiencia, significa que los mecanismos institucionales de atención están fallando.
Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que su gobierno privilegia el diálogo, rechaza la represión y respeta el derecho a manifestarse, también ha cuestionado bloqueos que considera innecesarios cuando existen negociaciones abiertas -dice-, una postura que merece confrontarse con los resultados, porque abrir mesas de trabajo no necesariamente significa solucionar los problemas.
Gobernar desde el escritorio, protestar desde la desesperación.
Mientras los gobiernos multiplican discursos sobre bienestar, transformación y justicia social, trabajadores denuncian condiciones laborales deficientes, jubilados reclaman derechos, familias buscan a sus desaparecidos y comunidades enteras exigen respuestas que difícilmente encuentran detrás de las puertas oficiales.
La situación resulta especialmente delicada en el sector salud, donde las inconformidades laborales adquieren una dimensión mayor, porque detrás de las protestas aparecen problemas que afectan a millones de derechohabientes, quienes también enfrentan insuficiencia de personal, medicamentos y servicios.
En el conflicto del IMSS, Sheinbaum reconoció el rechazo de trabajadores a una propuesta salarial, aunque puntualizó que quienes se movilizaban no representaban a la mayoría, una afirmación que no elimina la obligación gubernamental de atender las inconformidades denunciadas.
O sea, para Claudia Sheinbaum, “si no son millones, no vale la protesta” cuando, en cuestiones de salud, aun cuando se manifestara un solo médico, una sola enfermera, un solo enfermo, debería ser tomado en cuenta, respetando ese derecho a manifestarse, que dice la presidenta que respetan, pero a su vez, resolviendo el conflicto que esta protesta genera.
Lo más fácil es decir “son poquitos” cuando, en un país bien gobernado, no debería haber “ninguno”.
Pero algunas autoridades parecen haber perfeccionado una estrategia tan cómoda como irresponsable, permitir que el conflicto crezca, esperar que los manifestantes se desgasten y aparecer cuando las afectaciones viales alcanzan dimensiones políticamente incómodas.
En el Estado de México, el bloqueo de familiares de personas desaparecidas en la carretera México-Toluca representa una dolorosa muestra de esta realidad, ciudadanos que deberían recibir atención permanente recurren a medidas extremas para exigir respuestas sobre investigaciones que afectan profundamente a sus familias.
¿Dónde estaban las autoridades antes del bloqueo?, ¿cuántas reuniones se realizaron?, ¿qué compromisos quedaron incumplidos?, ¿por qué tiene que paralizarse una vía estratégica para conseguir atención?
La factura de la incompetencia la paga la ciudadanía
El problema adquiere una segunda dimensión cuando las protestas terminan afectando a personas ajenas a los conflictos, trabajadores que pierden horas de salario, estudiantes que no llegan a clases, pacientes que enfrentan dificultades para acudir a consultas y comerciantes que ven desplomarse sus ventas.
Aquí aparece una contradicción gubernamental, las autoridades no siempre resuelven oportunamente las demandas sociales, pero las consecuencias recaen sobre ciudadanos que tampoco tienen responsabilidad en las decisiones oficiales.
En Guerrero, las movilizaciones campesinas relacionadas con las afectaciones provocadas por la sequía muestran otra cara del problema, comunidades cuya supervivencia depende de la producción agrícola y que consideran insuficientes las respuestas institucionales.
En Oaxaca, las protestas magisteriales mantienen abierta una confrontación que evidencia desacuerdos estructurales, mientras las negociaciones no consiguen garantizar soluciones duraderas.
Manifestarse constituye un derecho legítimo, pero bloquear carreteras también puede vulnerar derechos de terceros, una circunstancia que exige negociación efectiva, respeto a la legalidad y respuestas oportunas, no indiferencia ni improvisación.
Mucha propaganda, pocas soluciones
Lo cuestionable es que este escenario se desarrolla mientras los gobiernos destinan recursos y esfuerzos a construir narrativas de éxito, presentar estadísticas favorables y organizar actos públicos donde aparentemente todo funciona extraordinariamente bien.
Sin embargo, las calles ofrecen una versión menos complaciente, la de ciudadanos sin respuestas, funcionarios rebasados por conflictos previsibles y administraciones cuya eficacia debería medirse por soluciones concretas, no por campañas publicitarias.
La responsabilidad alcanza a los tres órdenes de gobierno, porque la protesta social no reconoce colores partidistas cuando las instituciones incumplen sus obligaciones.
El país no necesita autoridades especializadas en administrar bloqueos, sino gobiernos capaces de evitar que las demandas legítimas terminen convirtiéndose en crisis públicas.
Mientras la clase política siga confundiendo gobernar con pronunciar discursos, inaugurar obras y presumir cifras, las calles continuarán recordándole una verdad incómoda, “la paz social no se construye con propaganda, se conquista con resultados”.
