Mientras que los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) invierten por cada estudiante de educación básica 90 mil pesos anuales, México se encuentra en el último sitio al destinar por cada alumno menos de la mitad, de acuerdo con el organismo civil Mexicanos Primero.
Naciones como Luxemburgo, Austria, Noruega, Estados Unidos, Islandia, Bélgica, Corea del Sur y Reino Unido ocupan los primeros puestos de mayor inversión por estudiante, en tanto que en los últimos se encuentran Hungría, Chile, Brasil, Turquía y México.
Un análisis elaborado por Mexicanos Primero, indica que en el país las entidades que mayores recursos invierten por cada alumno de preescolar, primaria y secundaria son Baja California Sur, con 46 mil 95 pesos; Colima, 40 mil 976; Campeche, 35 mil 427; Hidalgo, 34 mil 33, y Guerrero, 33 mil 94 pesos.
En contraste, los estados en los que se invierte menos por cada niño, niña y adolescente que asiste a la escuela son Guanajuato, con 19 mil pesos anuales; Chiapas, 18 mil 872; Puebla, 18 mil 754; Estado de México, 18 mil 197 y Jalisco, 18 mil 132 pesos.
“Siguen insistiendo en una desigualdad de la inversión educativa entre los estados y entonces no tenemos una mayor transparencia, ni tenemos una fórmula que haga que la distribución presupuestal por estudiante en el país sea igual, es una discusión sobre un presupuesto que aleja y se aleja de estos mensajes que hemos estado escuchando durante los últimos años, primero las niñas y los niños y primero las niñas y los niños que tienen mayor necesidad educativa”, señaló en conferencia de prensa la presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, Patricia Vázquez del Mercado.
Aseguró que ello influye directamente en el desempeño educativo y en el futuro de niñas, niños y adolescentes del país.
Por ello, destaca que la ONG que encabeza demandará a los legisladores que atiendan las demandas de sus representados en cada uno de los estados, para que se repiense la fórmula en la que se asigna la distribución presupuestal.
“Seguimos muy atrás y tampoco tenemos evidencia de que toda la distribución de transferencias, becas y demás, apuntalen a una mejor calidad de aprendizaje dentro de las aulas de este país. En consecuencia, es hacer un llamado desde por supuesto las organizaciones de la sociedad civil, a que cada una y cada uno de los diputados que representan a cada uno de los estados de la República, revisen con detenimiento el presupuesto asignado por estudiante a su estado, de revisar con detenimiento las fórmulas de asignación que le dan al gasto por estudiante en este país. Todos los niños y las niñas de este país merecen el mismo piso y no es un tema de cuánto cuesta, es cuánto se invierte en el presente y en el futuro de México”, dijo.
El análisis elaborado por la ONG destaca que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 contempla una distribución inequitativa del presupuesto que reciben las entidades federativas en materia educativa, y señala que el gobierno prevé para 2024 una inversión que no contempla ni el tamaño, ni las variaciones de la matrícula de estudiantes, la plantilla docente o el desempeño educativo de los estados.
Precisa que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no cuenta con un indicador oficial actualizado sobre el gasto por estudiante en la educación básica que mida la distribución presupuestal a nivel estatal, con indicadores claros más allá del gasto por nivel educativo, el gasto educativo nacional y el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a este rubro.
“Mientras exista opacidad en las decisiones en materia presupuestal de este tipo, poco se podrá atender con equidad las necesidades educativas de los estudiantes con mayores desventajas limitando su derecho a estar, aprender y participar en las escuelas”, enfatizó Vázquez del Mercado.
También hizo un llamado urgente a las y los diputados para que no permitan que la inequidad nazca desde sus curules.
“Defendemos el derecho de aprender de todas las niñas, niños y adolescentes en México y los instamos a trabajar en conjunto para garantizar una distribución justa y equitativa de los recursos destinados a la educación”, agregó.
