* Chimalhuacán, Ecatepec y Toluca encabezan la percepción de inseguridad en el Edoméx, mientras persisten dudas sobre el gasto público y la eficacia de las estrategias de seguridad……
Por Mireya Álvarez
Mientras los gobiernos municipales y estatales anuncian operativos, detenciones, inversiones en equipamiento y estrategias para combatir la delincuencia, miles de habitantes del Estado de México continúan viviendo con miedo.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), difundidos este 23 de octubre, exhiben una realidad que obliga a cuestionar si los recursos destinados a seguridad están produciendo los resultados que necesita la población.
Chimalhuacán encabeza los niveles de percepción de inseguridad entre las ocho ciudades mexiquenses evaluadas, con 79.6 por ciento de habitantes adultos que consideran peligroso vivir en su localidad, seguido de Ecatepec, con 77.4 por ciento, y Toluca, con 75.2 por ciento.
Las cifras representan un desafío para las administraciones municipales y el gobierno estatal encabezado por Delfina Gómez Álvarez, pues reflejan que el temor permanece profundamente arraigado en una parte importante de la población, incluso donde las autoridades destacan acciones para combatir la delincuencia.
Cuautitlán Izcalli registra 71.6 por ciento; Naucalpan, 68 por ciento; Tlalnepantla, 59.3 por ciento; Nezahualcóyotl, 48.8 por ciento, y Atizapán de Zaragoza, 43.7 por ciento.
Los indicadores corresponden a ocho áreas urbanas y no representan a los 125 municipios mexiquenses, pero permiten identificar diferencias importantes entre localidades y plantear interrogantes sobre la efectividad de sus políticas de seguridad.
Millones a seguridad, pero falta medir resultados reales
La situación también exige revisar el funcionamiento de las corporaciones municipales en Chimalhuacán, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, donde la percepción de inseguridad continúa afectando a una elevada proporción de habitantes.
La discusión no debe limitarse a conocer cuántas patrullas se adquirieron, cuántas cámaras fueron instaladas o cuántos elementos participaron en determinados operativos.
Es indispensable establecer cuánto presupuesto se aprobó, qué cantidades efectivamente se ejercieron y qué proporción se destinó a salarios, capacitación, equipamiento, tecnología y mantenimiento.
Igualmente, corresponde transparentar el número de policías activos, los elementos certificados, las va cantes existentes y la cobertura territorial de los patrullajes.
La ausencia de comparaciones públicas sistemáticas entre gasto y resultados dificulta determinar qué inversiones ofrecen beneficios concretos y cuáles requieren modificaciones.
Tampoco debe suponerse que un municipio con mayor percepción de inseguridad necesariamente gasta menos o administra peor sus recursos. Para establecer responsabilidades se necesitan presupuestos comprobables, información delictiva y evaluaciones independientes.
Lo que resulta injustificable es que las autoridades utilicen las cifras favorables como propaganda sin explicar con igual claridad los problemas pendientes.
Hay avances y el miedo NO desaparece
Los resultados también muestran cambios positivos que deben reconocerse.
Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, cinco ciudades mexiquenses registraron reducciones estadísticamente significativas en la percepción de inseguridad:
Tlalnepantla, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec.
Tlalnepantla disminuyó de 80.3 a 59.3 por ciento, mientras Naucalpan pasó de 82.1 a 68 por ciento.
Ecatepec descendió de 84.4 a 77.4 por ciento, aunque continúa entre las localidades con mayores niveles de temor ciudadano.
Estos resultados demuestran que existen variaciones importantes, pero todavía no permiten atribuir las mejoras exclusivamente a una estrategia gubernamental.
Se requiere investigar qué medidas se aplicaron, cuáles fueron sus costos y cómo evolucionaron los delitos efectivamente denunciados.
La percepción de inseguridad no equivale a la incidencia delictiva, pero constituye un indicador fundamental de las condiciones en que las personas desarrollan su vida cotidiana.
El desafío para los gobiernos mexiquenses no consiste en acumular estadísticas favorables ni multiplicar anuncios de operativos, sino en conseguir que los ciudadanos puedan caminar, trabajar, viajar y regresar a sus hogares sin temor.
Mientras amplios sectores de la población sigan sintiéndose amenazados, las autoridades tendrán pendiente demostrar que los recursos públicos destinados a seguridad se traducen en protección efectiva.
