Militantes y dirigentes de Morena en Nuevo León presentaron una solicitud de juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, al señalar una presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con familiares del mandatario estatal.
La petición fue entregada en la Oficialía de Partes del Congreso local y, de acuerdo con los promoventes, busca activar el procedimiento constitucional correspondiente para que las autoridades competentes investiguen y determinen si existe alguna responsabilidad política o administrativa.
Durante una rueda de prensa en el recinto legislativo, la presidenta estatal de Morena, Anabel Alcocer, sostuvo que la denuncia fue presentada por ciudadanos y militantes del partido con el objetivo de que el caso sea revisado conforme a derecho y sin que el procedimiento quede inconcluso por cuestiones de tiempo o de carácter legal.
“Cada peso mal utilizado representa una traición a la confianza que se le dio al Ejecutivo en el 2021. Los recursos no son de ellos. Estamos presentando una solicitud de juicio político”, declaró.
La dirigente señaló que, de acreditarse las irregularidades denunciadas, podría existir una afectación al patrimonio público.
“Estaríamos frente a una afectación no solo al patrimonio de Nuevo León, sino de todos los mexicanos”, afirmó.
Alcocer explicó que la intención es que el Congreso del Estado desarrolle el procedimiento previsto en la legislación y, en su caso, sea el Tribunal Superior de Justicia el encargado de determinar las sanciones que correspondan.
Asimismo, insistió en que la solicitud no implica una condena anticipada ni pretende sustituir el trabajo de las autoridades encargadas de investigar los hechos.
“Esta denuncia no constituye una sentencia anticipada. No estamos haciendo juicios anticipados. No pretende sustituir mucho menos el trabajo de las autoridades competentes”, señaló.
Añadió que la solicitud busca activar los mecanismos institucionales contemplados en la Constitución cuando existen señalamientos que podrían afectar los intereses públicos fundamentales del estado.
“La Constitución y las leyes establecen que cuando un servidor público incurre en conductas que afectan gravemente al Estado, al funcionamiento de sus instituciones o al adecuado manejo de los recursos públicos, el Congreso tiene la obligación de analizar los hechos y determinar si procede la responsabilidad política correspondiente”, manifestó.
La líder morenista expresó además su confianza en que las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso respalden el análisis del caso. Recordó que en ocasiones anteriores legisladores del PRI y del PAN habían señalado la necesidad de contar con el apoyo de Morena para impulsar procedimientos de esta naturaleza.
Tras la entrega del documento, Morena adelantó que en las próximas semanas podría presentar una denuncia adicional ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por los mismos hechos, con el propósito de que también sean investigados en la vía penal correspondiente.
