Por Mary González
En un país marcado por la violencia extrema, donde las atrocidades del crimen organizado han dejado una huella profunda en mujeres, niños y comunidades enteras, resulta no solo cuestionable sino profundamente indignante que la presidenta Claudia Sheinbaum insista en que estos grupos “no son terroristas”, una afirmación que choca de frente con la realidad que viven millones de mexicanos cada día.
Porque hablar de terrorismo no es un capricho semántico, es reconocer prácticas sistemáticas de terror, cuerpos abandonados como mensaje, comunidades desplazadas por el miedo, mujeres violentadas como mecanismo de control, niños reclutados para matar o morir, y ciudades enteras sometidas a la lógica del silencio, eso no es solo delincuencia organizada, es violencia diseñada para intimidar, dominar y paralizar.
Desde 2018, los patrones se han repetido con crudeza, feminicidios con niveles de saña que buscan enviar mensajes entre grupos criminales, redes de trata que convierten a niñas en mercancía, reclutamiento forzado de menores que pasan de la infancia al campo de batalla criminal, desapariciones que se acumulan sin respuesta, y una constante que lo atraviesa todo, la impunidad.
Negar el carácter terrorista de estos actos no los reduce, no los matiza, no los vuelve menos graves, al contrario, los invisibiliza bajo una narrativa que parece más preocupada por cuidar el discurso que por nombrar la realidad, porque aceptar que existe terrorismo implicaría también reconocer la magnitud del fracaso institucional en contenerlo.
El argumento oficial insiste en una diferencia técnica, en que se trata de delincuencia organizada y no de terrorismo, pero en el terreno, donde las familias buscan a sus desaparecidos, donde las madres lloran a sus hijas, donde los niños crecen entre balas, esa distinción se vuelve irrelevante, lo que importa es el miedo cotidiano, la violencia normalizada y la ausencia del Estado.
Más grave aún es que esta postura no ocurre en el vacío, se sostiene mientras se documentan casos de violencia extrema, ejecuciones públicas, fosas clandestinas, zonas donde la ley la imponen los grupos criminales, y comunidades donde denunciar equivale a una sentencia de muerte, en ese contexto, minimizar el fenómeno no es solo un error político, es una forma de desconexión con la realidad.
Llamar a las cosas por su nombre no resuelve el problema, pero negarlo lo agrava, porque impide diseñar estrategias acordes a la magnitud del desafío, porque si no se reconoce el terror, no se combate como tal, y si no se combate con toda la fuerza del Estado, se perpetúa.
México no necesita discursos que suavicen la violencia, necesita claridad, responsabilidad y acciones contundentes, porque mientras el gobierno debate etiquetas, las víctimas siguen acumulándose, y cada nueva atrocidad confirma lo que el discurso se niega a aceptar, que el país enfrenta una crisis de violencia que rebasa cualquier intento de minimización, y que seguir negándola solo profundiza la herida colectiva.
