* La realidad que el discurso no quiere nombrar……
Por Karina A. Rocha Priego
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara, insistente, casi obstinada, los cárteles no son terroristas; son delincuencia organizada, y bajo esa definición pretende sostenerse una narrativa que cada día se aleja más de la realidad que viven millones de mexicanos.
El argumento parece técnico, pero en el fondo es político, se repite que cambiar la etiqueta no modifica la estrategia de seguridad, pero sí puede abrir riesgos internacionales, se insiste en que el problema no es semántico sino geopolítico, como si nombrar las cosas fuera el verdadero peligro y no lo que está ocurriendo en las calles.
Y, sin embargo, ahí está la contradicción brutal, evidente, imposible de ocultar, México vive niveles de violencia que ya no caben en la categoría cómoda de delincuencia organizada, pero el gobierno se aferra a esa etiqueta porque reconocer otra cosa implicaría aceptar un fracaso más profundo.
Soberanía como escudo
El eje del discurso oficial es la soberanía, una palabra que se ha convertido en refugio y justificación, se advierte que declarar terroristas a los cárteles abriría la puerta a la intervención extranjera, especialmente de Estados Unidos, y eso, se dice, es inaceptable.
La soberanía no se negocia, repiten, como si esa frase bastara para contener la violencia, como si funcionara como un muro frente a la realidad.
Pero la pregunta incómoda es otra, ¿de qué soberanía se habla? cuando hay regiones donde el Estado no manda, donde las reglas las imponen grupos criminales, donde la vida cotidiana depende de la voluntad de hombres armados y no de la ley.
Porque mientras el discurso defiende la integridad del territorio frente al exterior, en el interior hay zonas donde esa integridad es una ficción, donde la autoridad es simbólica, donde el miedo es la verdadera forma de gobierno.
La evasión del fondo
El gobierno insiste en que los cárteles no son terroristas porque no tienen una ideología política, como si el terror necesitara una bandera para existir, como si el miedo colectivo requiriera una doctrina para ser real.
Pero la definición es clara: el terrorismo no sólo se mide por ideología, también por método, por intención, por el uso sistemático de la violencia para generar miedo, presionar autoridades y controlar poblaciones y, en México, esos elementos sobran.
Explosivos, coches-bomba, ataques indiscriminados, ejecuciones públicas con mensajes, desapariciones masivas, reclutamiento forzado, desplazamientos internos, descauartizados, no son hechos aislados, son patrones, son prácticas recurrentes que buscan algo muy específico, imponer control a través del terror y, negarlo no cambia su naturaleza, sólo revela la incomodidad de reconocerlo.
Cifras que desmontan el discurso
Desde 2018 a la fecha, México acumula entre 220 mil y 230 mil personas asesinadas, una cifra que, por sí sola, debería provocar una redefinición del problema, pero no lo hace, se administra, se diluye, se normaliza.
De ese total, entre 130 mil y 160 mil muertes están vinculadas directamente al crimen organizado, es decir, más de la mitad de la violencia tiene origen en estructuras criminales que operan con lógica territorial, con capacidad de fuego, con control social.
A eso se suman más de 100 mil desaparecidos, una cifra que no solo refleja violencia, sino un mecanismo sistemático de eliminación y ocultamiento y, aun así, el discurso oficial insiste en que no estamos ante terrorismo, como si la magnitud de la tragedia no fuera suficiente para cuestionar esa postura.
El terror que no se nombra
Si se observa con frialdad, los actos están ahí: ataques a civiles para generar miedo, quema de negocios, balaceras en espacios públicos, uso de explosivos, granadas, coches-bomba.
Agresiones a instituciones del Estado, fuerzas de seguridad, instalaciones públicas, así como control territorial mediante desapariciones, reclutamiento y violencia ejemplar.
Cada uno de estos elementos encaja en criterios internacionales de terrorismo, pero en México se les da otro nombre, se les diluye en la categoría de crimen organizado, se les desactiva políticamente.
Las estimaciones hablan de entre 30 y 50 eventos al año con características terroristas, lo que suma entre 300 y 400 actos desde 2018, no son excepciones, son constantes, pero no se reconocen como tal, porque hacerlo implicaría cruzar una línea que el gobierno no está dispuesto a cruzar.
La decisión política
La negativa no es técnica, es estratégica, pero aceptar que el narco utiliza tácticas terroristas, abriría la puerta a presiones internacionales, a un mayor escrutinio, a exigencias que el Estado mexicano no ha demostrado poder cumplir.
También implicaría un cambio de narrativa, dejar de hablar de delincuencia para reconocer una amenaza más compleja, más estructural, más incómoda y, sobre todo, implicaría aceptar que la estrategia actual ha fallado, porque no se puede sostener que se combate eficazmente a un fenómeno que sigue creciendo, diversificándose y radicalizando sus métodos.
La normalización de la violencia
Lo más grave no es sólo la violencia, es la adaptación a ella y México lleva años con más de 30 mil homicidios anuales, una cifra que en cualquier otro país se-
ría escandalosa, aquí se ha vuelto rutina, estadística, informe mensual.
Se celebran reducciones marginales como si fueran victorias estructurales, se comparan cifras para suavizar la percepción, se evita cualquier término que obligue a replantear el problema de fondo.
Y en ese proceso, el lenguaje juega un papel clave, porque nombrar algo como terrorismo cambia la dimensión del problema, lo eleva, lo internacionaliza, lo vuelve más difícil de controlar políticamente y por eso se evita.
La zona gris
México no está en guerra, pero tampoco está en paz, no enfrenta terrorismo oficialmente, pero convive con sus métodos; es una zona gris donde todo se diluye, donde las categorías no alcanzan, donde el discurso intenta contener lo que la realidad desborda y, en esa zona gris, el gobierno encuentra comodidad, porque le permite operar sin asumir completamente la magnitud del problema.
Pero esa comodidad tiene un costo, y lo pagan los ciudadanos.
La verdad incómoda
Negar la palabra terrorismo no re-duce la violencia, no protege la soberanía, no fortalece al Estado, sólo posterga una discusión que tarde o temprano tendrá que darse porque, los hechos, están ahí, acumulándose, repitiéndose, normalizándose y cada día que pasa, la distancia entre el discurso oficial y la realidad se hace más grande.
La pregunta ya no es si México debe llamar terrorismo a lo que ocurre, la pregunta es: ¿cuánto tiempo más puede sostener la ficción de que no lo es?, al final, el lenguaje no cambia la realidad, pero sí exhibe hasta dónde un gobierno está dispuesto a negarla.
