La Sección Instructora de la Legislatura del Estado de México declaró improcedente y, por ende, desechó la denuncia de juicio político presentada por Gerardo Fuentes Ruiz en contra de miembros de la LX Legislatura del Estado de México, el exgobernador Alfredo del Mazo y el secretario de Justicia y Derechos Humanos.
El motivo de la denuncia se centraba en la emisión del Decreto 334 de la LX Legislatura, relacionado con el diferendo limítrofe intermunicipal entre Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli. La solicitud de juicio político fue inicialmente desechada por la presidenta de la Diputación Permanente, invocando el artículo 42 de la Constitución Política del Estado.
La resolución fue objeto de amparo y revisión, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito determinó revocar la resolución original. Este tribunal indicó que la Sección Instructora debía decidir si la denuncia era procedente y, en caso afirmativo, iniciar el procedimiento de juicio político.
En cumplimiento con la sentencia de amparo, la Legislatura del Estado de México informó al tribunal sobre la imposibilidad jurídica de cumplir en términos específicos, argumentando que hacerlo transgrediría la Constitución mexiquense. El tribunal resolvió tramitar un Incidente de Inejecución de Sentencia.
En su dictamen, la Sección Instructora estableció lineamientos para el procedimiento de juicio político. Entre ellos, se destaca la necesidad de verificar requisitos de procedibilidad, como la naturaleza de las conductas denunciadas, el momento de inicio del procedimiento, la presentación de pruebas, la ratificación de la denuncia y la evaluación del perjuicio al interés público.
