Por Mireya Álvarez
Bajo el disfraz de una supuesta eficiencia administrativa, el actual gobierno ha puesto en marcha lo que la dirigente estatal del PRI, en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval define como un “Plan M”, de mañoso” y tras el revés sufrido por sus intentos previos de reforma, “el oficialismo ha optado por una ruta de revancha política que busca, en esencia, desarticular los mecanismos de vigilancia y centralizar el poder en una sola figura”.
Ruiz Sandoval fue tajante al desmitificar el argumento del ahorro económico y a su juicio, la propuesta es selectiva y conveniente para el Ejecutivo, ya que consideró que el gasto del Gobierno Federal permanece intocado.
Además, indicó que los topes salariales se ensañan con el INE, los organismos locales y tribunales, minando su capacidad operativa sin aplicar criterios similares a otras dependencias estatales.
“El límite del 0.70 por ciento para congresos locales es inútil en estados como el de México con el 0.48 por ciento o Ciudad de México con el 0.60 por ciento, que ya gastan menos. El objetivo no es ahorrar, sino limitar la fiscalización parlamentaria”, advirtió.
La también senadora, agregó que la reforma introduce cambios quirúrgicos que alteran la equidad en las contiendas y que al adelantar la revocación de mandato para que coincida con periodos electorales, se permite que quien gobierna participe activamente en la narrativa de campaña; dijo, se suma la reducción de la veda electoral de 90 a 60 días, otorgando al oficialismo un margen más amplio para influir en el ánimo del votante antes de acudir a las urnas.
“Uno de los puntos más críticos es la imposición de un número rígido de regidores entre 7 y 15 para todos los ayuntamientos, ignorando las abismales diferencias demográficas”, declaró y ate ello, Ruiz Sandoval recordó que esta fórmula ya mostró sus verdaderas intenciones en el Estado de México durante 2021:
“En Ecatepec, la reducción de regidurías permitió que el bloque oficialista pasara de un 63 por ciento a un 75 por ciento de control, silenciando las voces opositoras, y menos regidores no significa menos gasto; significa menos supervisión de obras y menos rendición de cuentas”, sentenció.
Para la líder estatal, el diagnóstico es claro; no se están eliminando privilegios, sino a los actores que resultan incómodos para el régimen, y dijo que el conjunto de estas medidas debilita a las autoridades electorales, presiona a los legisladores locales y erosiona la representación ciudadana.
“El país necesita instituciones fuertes y gobiernos que den resultados, no reglas diseñadas a modo para perpetuar una ventaja política”, concluyó la priista, haciendo un llamado a defender el equilibrio institucional frente a lo que considera un retroceso democrático sin precedentes.
