* Congreso del Edomex analiza cámaras y monitoreo en tiempo real tras feminicidio que evidenció riesgos……
Por Martha Romero
El Congreso del Estado de México analiza una propuesta para reforzar la seguridad en taxis por aplicación mediante la instalación de cámaras y sistemas de enlace en tiempo real con instituciones de seguridad pública, una medida que surge tras el caso de Ana Karen, cuyo asesinato expuso las fallas en la protección de usuarias y conductores en este tipo de servicios.
La propuesta legislativa plantea que todas las unidades que operen a través de plataformas digitales deberán integrar un módulo tecnológico capaz de transmitir información en tiempo real, incluyendo ubicación, velocidad y video tanto del exterior como del interior del vehículo, con el objetivo de generar evidencia útil en la investigación de delitos y prevenir situaciones de riesgo.
El planteamiento también busca establecer la obligatoriedad para las empresas operadoras de garantizar que sus unidades cumplan con estos estándares, lo que implicaría un cambio significativo en la regulación del servicio en la entidad.
La iniciativa fue impulsada tras el caso de Ana Karen, joven que desapareció el 28 de febrero luego de solicitar un mototaxi por aplicación en el municipio de San Antonio la Isla, después de salir de una reunión en el fraccionamiento Villas del Sauce, sin embargo, nunca llegó a su destino.
Cuatro días después, su cuerpo fue localizado sin vida a un costado de la carretera Toluca-Tenango, en el municipio de Metepec, hecho que generó indignación y reavivó el debate sobre la seguridad en el transporte solicitado mediante aplicaciones digitales.
Desde tribuna, la diputada Ruth Salinas subrayó que, aunque existe un detenido como presunto responsable, ello no resuelve el problema de fondo ni evita que hechos similares se repitan, por lo que consideró urgente que el Poder Legislativo asuma su responsabilidad para prevenir nuevas tragedias.
La iniciativa es respaldada por la bancada de Movimiento Ciudadano, coordinada por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, quienes sostienen que la regulación actual resulta insuficiente frente a los riesgos que enfrentan las personas usuarias.
El proyecto contempla reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y Municipios, así como al Código Administrativo estatal, estableciendo que los vehículos deberán contar con sistemas de videograbación obligatorios, además de garantizar que las unidades registradas en las aplicaciones coincidan plenamente con las que prestan el servicio, evitando irregularidades.
Asimismo, se propone que las personas conductoras acrediten cursos de prevención de la violencia de género, los cuales deberán ser proporcionados por las propias plataformas tecnológicas, como parte de una estrategia integral para reducir riesgos y mejorar la atención a las usuarias.
La propuesta busca avanzar hacia un modelo de movilidad más seguro, incluyente y con perspectiva de género, en un contexto donde los delitos contra mujeres continúan evidenciando vacíos en los mecanismos de protección, legisladores advierten que la tecnología puede convertirse en una herramienta clave para inhibir conductas delictivas y facilitar la actuación de las autoridades.
Mientras la iniciativa es analizada, el caso de Ana Karen permanece como un recordatorio de los riesgos que persisten en el transporte por aplicación, y de la urgencia de establecer medidas que garanticen la seguridad de quienes dependen de estos servicios en su vida cotidiana.
