* Dieciséis de los 21 centros penitenciarios estatales operan por encima de su capacidad, algunos albergan hasta cinco veces más internos de los que deberían, mientras el hacinamiento multiplica riesgos de violencia, enfermedades, cobros ilegales y pérdida de control institucional……
Por Karina Rocha
El sistema penitenciario del Estado de México enfrenta una crisis que difícilmente puede explicarse como un problema temporal de saturación, al 31 de agosto los centros penitenciarios estatales tenían espacio para 16 mil 310 personas, pero albergaban a 38 mil 681 internos, esto significa que existen 22 mil 371 personas por encima de la capacidad instalada y que la sobrepoblación global alcanza aproximadamente 137 por ciento, detrás de estas cifras se encuentra una infraestructura rebasada, dormitorios saturados, servicios insuficientes, atención médica limitada y una presión cotidiana que convierte a las cárceles mexiquenses en espacios cada vez más difíciles de gobernar.
La dimensión del problema es todavía más grave cuando se revisan los penales por separado, de los 21 centros existentes, 16 presentan sobrepoblación, una proporción que exhibe que el hacinamiento no es una excepción ni se concentra en uno o dos puntos, sino que se ha convertido en una condición estructural del sistema penitenciario estatal, el crecimiento de la población privada de la libertad avanzó mucho más rápido que la infraestructura, los programas de reinserción y la capacidad operativa del personal encargado de mantener el orden.
Zumpango, el rostro extremo del hacinamiento
El caso de Zumpango resume la gravedad de la crisis, el penal fue diseñado para recibir apenas a 120 personas, pero alberga actualmente a 829, lo que representa una sobrepoblación cercana a 590 por ciento, dicho de otra forma, en instalaciones construidas para una persona hoy deben convivir casi seis, una proporción que vuelve prácticamente imposible garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, higiene, privacidad, atención médica, alimentación y seguridad.
Chalco tampoco ofrece un panorama menos preocupante, tiene capacidad para 774 internos y mantiene encerradas a 3 mil 870 personas, alrededor de cinco veces lo permitido, Barrientos dispone de mil 539 lugares y concentra a 5 mil 916 internos, Neza-Bordo tiene espacio para 2 mil 83 personas y registra 6 mil 205, mientras Chiconautla alberga a 6 mil 271 internos pese a contar con capacidad para apenas 2 mil 136.
Las cifras revelan que las cárceles mexiquenses dejaron hace tiempo de funcionar bajo parámetros normales, mantener tres, cuatro o cinco veces más internos de los previstos no solamente deteriora las condiciones físicas, también dificulta separar procesados de sentenciados, clasificar adecuadamente a la población penitenciaria, evitar riñas, controlar objetos prohibidos y garantizar que los espacios destinados a talleres, educación o recreación cumplan realmente con sus objetivos.
Hacinamiento abre la uerta a otros abusos
La sobrepoblación tampoco puede analizarse únicamente contando camas o metros cuadrados, cuando miles de personas son obligadas a convivir en espacios insuficientes aumenta la disputa por agua, dormitorios, alimentos, atención médica y servicios básicos, esas condiciones crean un ambiente favorable para cobros ilegales, privilegios, corrupción, extorsiones internas y estructuras informales de control que pueden terminar disputando autoridad al propio personal penitenciario.
Los diagnósticos realizados durante los últimos años han señalado problemas de insalubridad, insuficiencia de servicios médicos, deficiencias en alimentación, falta de custodios y cobros irregulares, situaciones que adquieren una dimensión mucho más delicada cuando se cruzan con niveles extremos de hacinamiento, cada nuevo interno que ingresa a un penal ya saturado incrementa la presión sobre servicios que de por sí operan por debajo de lo necesario.
La crisis también plantea una pregunta incómoda sobre la política penitenciaria del Estado de México, mientras las autoridades destacan operativos, capturas y sentencias como indicadores de seguridad, existe una etapa posterior de la cadena de justicia que parece haber quedado rezagada, detener más personas sin ampliar paralelamente la capacidad penitenciaria, fortalecer medidas alternativas, acelerar procesos judiciales y revisar casos de prisión preventiva termina trasladando el problema de las calles hacia cárceles que ya no tienen espacio para recibir a nadie más.
La Corte obliga a actuar
La intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación agrega presión institucional al problema, el máximo tribunal ya ordenó medidas inmediatas para atender condiciones de hacinamiento, lo que confirma que la saturación dejó de ser solamente una deficiencia administrativa y entró directamente al terreno de la protección de derechos humanos.
El reto para el gobierno estatal no consiste únicamente en construir más celdas, necesita revisar por qué existe una diferencia de más de 22 mil personas entre la capacidad oficial y la población recluida, determinar cuántos internos permanecen bajo prisión preventiva, acelerar procedimientos pendientes, ampliar esquemas legales alternativos cuando correspondan y recuperar condiciones mínimas de gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios.
Mientras eso no ocurra, el Estado de México seguirá sosteniendo un sistema penitenciario que recibe mucho más de lo que puede soportar, 38 mil 681 personas dentro de instalaciones diseñadas para 16 mil 310 no representan solamente una estadística de sobrepoblación, representan una advertencia sobre un modelo que opera al límite y que, en algunos penales, ya rebasó ampliamente cualquier margen razonable de seguridad, dignidad y control institucional.
