* La Unión de Pensionados y Pensionistas exige dos vocalías en el Consejo Directivo, mejores servicios médicos y el cumplimiento de los plazos legales para resolver trámites de jubilación……
Por Martha Romero
A pesar de que en redes sociales comenzó a circular un oficio en el que se señalaba que la marcha-mitin convocada por la Unión de Pensionados y Pensionistas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) sería cancelada, la movilización se llevó a cabo este miércoles en las calles del primer cuadro de Toluca.
Los inconformes, provenientes de distintos municipios mexiquenses, se concentraron frente a Palacio de Gobierno para exigir que se respete su derecho a tener representación en el Consejo Directivo del Instituto, mediante la asignación de dos vocalías: una para el Valle de Toluca y otra para el Valle de México.
Resaltaron que dicha disposición está contemplada en el artículo 16 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que establece 14 vocalías, dos de ellas destinadas a representantes de la Unión de Pensionados y Pensionistas, disposición que fue incorporada mediante la reforma publicada el 17 de diciembre de 2025, por lo que exigieron avanzar en la integración de dichos espacios.
Durante la protesta portaron cartulinas con mensajes como “Incremento y recuperación de los especialistas en los Centros Médicos de ISSEMyM” y exigencias de aumentos a las pensiones conforme a la inflación anual, así como la recuperación de médicos especialistas.
Como parte de la movilización, distintos grupos se trasladaron a los cruces de Morelos con Villada e Hidalgo con Juárez, donde realizaron bloqueos viales, además de ocupar la calle de Lerdo, frente a Palacio de Gobierno.
Previamente, en conferencia de prensa, Everardo López Pérez, dirigente de la organización, explicó que la falta de respuesta de las autoridades del ISSEMyM a las solicitudes de los jubilados los llevó a salir a las calles para reclamar mejores condiciones y respeto a sus derechos.
“Lo que estamos reclamando es que deseamos justicia porque hasta la fecha no nos han hecho justicia, por lo que nos orillan a exigir. No somos revoltosos, somos respetuosos. No queremos perjudicar a nadie, sencillamente queremos que se aplique lo que establece la ley”, manifestó.
Integrantes de la agrupación cuestionaron el manejo de los recursos del Instituto y pidieron investigar posibles actos de corrupción relacionados con administraciones anteriores, al señalar que el organismo ha sido utilizado como “la caja chica” para utilizar los recursos en campañas políticas.
También, pusieron en duda las declaraciones sobre el porcentaje de abastecimiento de los servicios médicos, pues aseguraron que la situación que enfrentan los pensionados no corresponde con el 92 por ciento de abasto que recientemente reportó el director del Instituto.
Indicaron que la organización representa a alrededor de 126 mil pensionados y pensionistas, por lo que cuestionaron el destino de las cuotas y aportaciones que recibe el organismo de trabajadores tanto de municipios como del gobierno estatal.
Además, pidieron contar con instalaciones en distintas regiones de la entidad para desarrollar actividades sociales y culturales, así como recuperar inmuebles que anteriormente utilizaban bajo la modalidad de comodato.
En materia económica, solicitaron homologar al 4.6 por ciento el descuento por servicios que se aplica a los trabajadores en activo e incrementar las pensiones, debido a la pérdida de poder adquisitivo.
En cuanto a los servicios médicos, exigieron garantizar el suministro de medicamentos, recuperar e incrementar la plantilla de especialistas y reducir los tiempos de espera para consultas y citas.
También reclamaron eliminar intermediarios en los trámites de préstamos y cumplir con el plazo legal de 30 días para emitir los dictámenes de jubilación, pues algunos manifestantes señalaron que han esperado hasta dos años o más para obtener una resolución y recibir sus primeros pagos.
Los integrantes de la Unión insistieron en la necesidad de que sus planteamientos sean atendidos y se restituyan los beneficios que consideran indispensables para garantizar condiciones dignas a quienes concluyeron su vida laboral.


