Por Mireya Álvarez
El Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, planteó la necesidad de impulsar una reforma integral al Código Penal como eje de una política transversal que permita mejorar la seguridad pública, fortalecer la denuncia ciudadana y recuperar la confianza en las instituciones.
Durante su encuentro con integrantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), encabezados por su presidente Mauricio Massud Martínez, el titular del Poder Judicial señaló que la seguridad no puede abordarse de manera aislada, ya que se trata de un tema que involucra a múltiples actores y niveles de gobierno; en ese sentido, destacó la relevancia de reformas como la Ley de Seguridad Nacional, que permiten una mayor coordinación entre el sistema de procuración de justicia y las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Indicó que, si bien la definición de las políticas de seguridad corresponde al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial también tiene la facultad constitucional de presentar iniciativas de ley ante el Congreso local, lo que le permite incidir directamente en la construcción del marco jurídico.
Ante ello, Macedo García explicó que estos procesos implican análisis técnicos exhaustivos, en los que participan decenas de especialistas del derecho; y que uno de los principales desafíos, afirmó, es garantizar la denuncia ciudadana, la cual depende en gran medida de la confianza en las autoridades, asimismo, reconoció que existe una percepción de corrupción en corporaciones policiales municipales y estatales, lo que inhibe que la población denuncie delitos y por ende propuso fortalecer mecanismos como la denuncia anónima y crear unidades especializadas de atención, particularmente para el sector empresarial.
El magistrado subrayó que una reforma al Código Penal permitiría establecer figuras como la investigación de oficio en determinados delitos, así como ampliar las facultades para combatir prácticas como el acaparamiento económico en distintas regiones, por lo cual consideró necesario delimitar con claridad las responsabilidades de cada nivel de seguridad: la fiscalía en delitos de alto impacto; la policía estatal en ilícitos de mediana escala con capacidades de investigación; y la policía municipal enfocada en tareas de prevención.
En cuanto a la operatividad, advirtió que el principal reto no es la creación de leyes, sino su correcta implementación. “El punto no es tener la ley, sino echarla a andar, operarla y vigilarla”, enfatizó, al destacar el papel de la sociedad, el sector empresarial y los medios de comunicación como mecanismos de supervisión.
El jurista insistió en que cualquier reforma debe ser socializada con universidades, especialistas y ciudadanía, a fin de garantizar su aceptación y eficacia, de lo contrario, advirtió, existe el riesgo de que las leyes enfrenten rechazo y no cumplan su objetivo.
Por otro lado, planteó impulsar la mediación privada y los mecanismos alternativos de solución de conflictos como herramientas clave para agilizar la justicia, y señaló que es necesario promover estos esquemas mediante alianzas entre gobierno, iniciativa privada y academia, así como estrategias de difusión que permitan a la población conocer sus beneficios.
De igual manera propuso fortalecer la confianza en el sistema judicial para atraer inversión, al demostrar que los tribunales mexiquenses pueden resolver conflictos, particularmente en materia mercantil, de manera ágil y eficiente, en plazos de dos a tres meses.
El magistrado concluyó que la construcción de un sistema de justicia eficaz requiere coordinación y colaboración entre todos los sectores. “Hacer política es hacer alianzas”, afirmó, al subrayar que el objetivo último es garantizar seguridad jurídica, laboral y social para la población del Estado de México.
